Utilización populista del derecho penal

Whanda Fernández León

Docente Universidad Nacional de Colombia

Sin que importe la ideología de quienes detentan el poder, pervive expectante a nivel mundial un fuerte movimiento político de vastas pretensiones que se obstina en transformar la sociedad y solucionar todos los males que la agobian con solo convertir el derecho penal en una estrategia de guerra. Todo ello en el contexto de una política neoautoritaria de corte antidemocrático en la que se imponen la lógica amigo-enemigo y la respuesta punitiva inmediata e implacable, aun a riesgo de atropellar el estándar de garantías constitucionales y procesales.

Con recurrentes discursos de emergencia y acudiendo a consignas como “mano dura”, “tolerancia cero”, “guerra al delito”, “castración química para pedófilos”, “cadena perpetua para violadores, secuestradores y corruptos” y “pena de muerte para homicidas”, entre otros, se comprometen las emociones colectivas y se inculca en la comunidad un exacerbado temor al delito.

Mientras desde una orilla, y solo con apoyo en prácticas discursivas de tipo teórico, se dictan leyes de talante excluyente, surgen las doctrinas de “la ley y el orden”, se aumentan los tipos penales, se eliminan las salidas anticipadas, se prohíben beneficios y subrogados, se intensifican con exagerada severidad las sanciones, se abusa de la prisión intramural y se hacinan cárceles y penitenciarías, desde la otra, ante tamaña hipertrofia del sistema penal, emerge evidente la crisis de las teorías rehabilitadoras y del modelo resocializador y se devalúan los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Esta visión del fenómeno criminal se originó en EE UU, a mediados de 1960, se extendió a Inglaterra y, finalmente, ingresó con inusitado ímpetu, hace aproximadamente 15 años, a los países de América Latina. Consiste en un paradigma que acoge líneas claramente bélicas y antigarantistas en las que se exalta el tema de la seguridad ciudadana, se reclaman normativas penales inmediatas y el endurecimiento del castigo. La víctima del delito, secularmente abandonada, adquiere inusitado protagonismo en aras de la necesidad que tienen los políticos y los medios de comunicación de exhibirla públicamente, con el único fin de obtener ventajas electoreras y comerciales; como dijera Miranda Estrampes: “se legisla a golpe de caso mediático”. Esta tendencia se denomina populismo punitivo.

Para el criminólogo inglés Anthony Bottoms, esta doctrina política que se proclama defensora de los intereses del pueblo no es sino “una tendencia marginal y oportunista, que aparece y desaparece de acuerdo con la coyuntura”. Según Jonathan Simon, “contribuye a que se gobierne a través del delito, al convertir la inseguridad en un arma de campaña electoral que promete soluciones expeditas y enérgicas respuestas contra los delincuentes”. Para el magistrado francés Denis Salas, “es una verdadera patología de la democracia”.

No obstante, sus partidarios insisten en que las violencias indiscriminadas, los delitos callejeros, los asaltos a residencias, el sicariato y los graves atentados planeados por temibles estructuras de poder amedrentan a la gente y causan desorden social, erosionan la credibilidad en la justicia, intensifican el desasosiego, hacen de la zozobra un sentimiento insuperable y acrecientan el miedo a la victimización. Argumentos baladíes a los que críticos y contradictores responden subrayando que estas posturas inflexibles no parten realmente de la demanda pública, que la percepción de seguridad puede ser artificialmente construida, que el exceso en los controles siempre será insuficiente y que si las tesis punitivas radicales fueran las adecuadas para avanzar en la reducción de la criminalidad, no habría razón para que con la retórica populista coexistieran permanentes requerimientos a los ciudadanos para que, bajo su responsabilidad, implementen políticas de autoprotección, como no caminar por calles solitarias, no salir en horas de la noche, instalar alarmas antirrobo y cámaras de seguridad en sus viviendas, contratar vigilantes, etc.

Para resolver los complejos problemas sociales que hoy enfrenta la “sociedad del riesgo”, no es necesario atropellar las ciencias penales, liberales y humanistas, ni desnaturalizar el carácter fragmentario y el universal principio de última ratio, propios del derecho penal.