Ámbito del Lector
Buscar Ámbito del Lector

El papel de la justicia en la protección de las mujeres y niñas venezolanas

49511

Compartir por ×

Correo electrónico

Ana-Margarita-Gonzalez.jpg

Ana Margarita González

Abogada Women’s Link Worldwide

Máster en Derecho con énfasis en estudios críticos raciales de la Universidad de California en Los Angeles (UCLA)

 

El Día Internacional del Migrante es un recordatorio de que la comunidad internacional debe proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes. Precisamente, en América Latina y el Caribe, la movilidad de personas venezolanas, la más grande en este siglo en América, demanda una respuesta con un enfoque de derechos humanos.

 

Desde las personas migrantes que se embarcan en una peligrosa y mortal travesía por el mar Caribe hasta las violencias que sufren las mujeres migrantes que transitan por el continente, la situación de migrantes de origen venezolano exige una respuesta integral y regional por parte de los Estados de la región.

 

La emergencia humanitaria compleja que enfrenta Venezuela ha tenido un impacto específico y diferencial en las mujeres. Mujeres embarazadas y sus hijos recién nacidos se ven forzados a migrar para encontrar atención en salud en otros países. Durante el tránsito migratorio se exponen a múltiples riesgos como la trata de personas, la violencia sexual y otras formas de violencia basada en género. A su arribo a los países de acogida, como Colombia, las mujeres experimentan múltiples barreras para el acceso a los servicios de salud y, concretamente, a los servicios de salud sexual y reproductiva, en especial a la salud materna y a la interrupción voluntaria del embarazo.

 

El papel de las Cortes y otras autoridades judiciales en América Latina ha sido y es fundamental para garantizar los derechos de las personas migrantes cuando las autoridades administrativas han fallado en su protección o los han vulnerado. Las Cortes pueden contribuir en el diseño de una respuesta integral al fenómeno migratorio desde la perspectiva de los derechos humanos.

 

Por ejemplo, la Corte Constitucional de Ecuador, en una reciente decisión, reconoció la vulneración del derecho a migrar, al tránsito libre y al debido proceso de 29 personas venezolanas víctimas de expulsiones colectivas ocurridas en 2019 en el puente Rumichaca. Los casos sugerían que no se trataba de hechos aislados sino de un patrón de deportaciones de facto o “expulsiones en caliente”.

 

Para dar respuesta a la situación, más allá del caso concreto, el alto tribunal ecuatoriano ordenó la elaboración de protocolos de control migratorio aplicables a los puestos fronterizos y dispuso la realización de capacitaciones al personal administrativo y policial encargado del control migratorio.

 

Así mismo, en la sentencia se consideraron argumentos expuestos en un amicus curiae presentado por Women’s Link Worldwide acerca de la importancia de valorar las situaciones concretas de vulnerabilidad, riesgos específicos e impactos diferenciados que enfrentan las mujeres y niñas en los procesos migratorios.

 

Otro ejemplo es la Corte Constitucional colombiana, que se ha pronunciado en importantes decisiones sobre el derecho a la salud de personas migrantes, el derecho al debido proceso y la unidad familiar, entre otros. La Corte tiene también una oportunidad para contribuir a la adopción de un enfoque de derechos en la política migratoria colombiana, ya que sus fallos podrían ir más allá de los casos individuales y considerar situaciones estructurales que impiden que las personas migrantes accedan a sus derechos.

 

De hecho, dentro de poco decidirá acciones de tutela sobre derechos de adultos, niños y niñas migrantes a la salud, en particular aquellos que padecen enfermedades crónicas y VIH, y la protección de los derechos a una vida digna y a la justicia de una mujer de origen venezolano víctima de trata de personas con fines de explotación sexual que no fue identificada como víctima de esta vulneración de derechos y no recibió protección por parte de las autoridades.

 

Los casos ante las Cortes y otras autoridades judiciales de toda la región son una oportunidad para que los sistemas de justicia reparen las situaciones de falencias estructurales en la política migratoria y de atención a víctimas de trata y actúen allí donde los gobiernos y resto de autoridades estatales no están respondiendo adecuadamente.

 

Reciba nuestro

boletín de noticias

TOP 10 MÁS POPULAR

Visto 43666 veces
50041

Compartir por ×

Correo electrónico
Visto 21680 veces
50021

Compartir por ×

Correo electrónico
Visto 17234 veces
49931

Compartir por ×

Correo electrónico
Visto 13934 veces
49942

Compartir por ×

Correo electrónico
Visto 12636 veces
49986

Compartir por ×

Correo electrónico
Visto 10201 veces
49944

Compartir por ×

Correo electrónico
Visto 7750 veces
50060

Compartir por ×

Correo electrónico
Visto 7671 veces
49941

Compartir por ×

Correo electrónico
Visto 5318 veces
49943

Compartir por ×

Correo electrónico
Visto 3995 veces
49972

Compartir por ×

Correo electrónico
35758

Compartir por ×

Correo electrónico
Compartido 7784 veces
42823

Compartir por ×

Correo electrónico
44584

Compartir por ×

Correo electrónico
43707

Compartir por ×

Correo electrónico
Compartido 6506 veces
45924

Compartir por ×

Correo electrónico
Compartido 6174 veces
44932

Compartir por ×

Correo electrónico
46873

Compartir por ×

Correo electrónico
43907

Compartir por ×

Correo electrónico
44877

Compartir por ×

Correo electrónico
45801

Compartir por ×

Correo electrónico
13598

Compartir por ×

Correo electrónico
14244

Compartir por ×

Correo electrónico
Comentado 64 veces
13024

Compartir por ×

Correo electrónico
30523

Compartir por ×

Correo electrónico
14990

Compartir por ×

Correo electrónico
32930

Compartir por ×

Correo electrónico
33218

Compartir por ×

Correo electrónico
30977

Compartir por ×

Correo electrónico
12267

Compartir por ×

Correo electrónico
11832

Compartir por ×

Correo electrónico