El estatismo hunde a Puerto Rico

Daniel Raisbeck 

¿Qué sería de Latinoamérica si la región se hubiera incorporado al mundo anglosajón? La experiencia de las antiguas colonias españolas que forman parte de EE UU presenta distintas alternativas. 

Por un lado, están los casos exitosos de los territorios coloniales que, como la Florida, llegaron a formar parte de la unión como estados. Por el otro, está Puerto Rico, isla que se convirtió en protectorado y, eventualmente, en un “Estado libre asociado” tras la victoria de EE UU en la Guerra hispano- estadounidense de 1898. 

En 1917, los puertorriqueños nacidos después de la incorporación obtuvieron la ciudadanía estadounidense. Hasta hoy, sus descendientes no tienen la facultad de elegir representantes ante el Congreso, ni de votar por un candidato a la Presidencia de EE UU. Solo en 1948 pudieron elegir a un gobernador nativo; antes de ello estuvieron bajo la tutela de una serie de militares y administradores designados desde la Casa Blanca. 

Uno de ellos fue Rexford Tugwell, burócrata que admiraba la planificación central que presenció en la Unión Soviética en 1927. Tugwell arribó a Puerto Rico en 1941, tras su designación como gobernador por parte del presidente Franklin Delano Roosevelt, a quien había asistido dentro del grupo de académicos que diseñó su programa de políticas intervencionistas. 

Como escribe el analista Marc Joffe de la Reason Foundation, Tugwell, quien ya había implementado un programa gubernamental en el continente para pagarles a los agricultores por dejar de producir alimentos, quiso erigir en Puerto Rico un sistema que proveyera “poder eléctrico a toda la población de manera directa, eficiente y sin lucro de por medio”. Por ende, estatizó las dos empresas privadas de servicios de electricidad. En teoría, hacía falta una transición hacia el poder hidroeléctrico, porque, durante la Segunda Guerra Mundial, el uso del petróleo debía reservarse para la Armada. 

Joffe argumenta que el origen de los problemas financieros recientes de Puerto Rico se encuentra en la nacionalización del sector eléctrico de la isla y la inmensa deuda necesaria para ello; bajo Tugwell, la recién creada Autoridad de Fuentes Fluviales vendió 20 millones de dólares en bonos para financiar la compra de las empresas privadas. Aunque la Constitución puertorriqueña de 1917 restringía la deuda que podía asumir el territorio, las empresas públicas que creó Tugwell pudieron sobrepasar el límite con creces; en 1952, su deuda más que triplicaba la del gobierno. 

Fiel a su tradición de alta deuda y mal servicio, la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (la antigua Autoridad de Fuentes Fluviales) anunció en el 2017 que, por los daños que causó el huracán María, sus clientes podrían quedarse sin electricidad durante seis meses. Pero en julio, meses antes de que se formara el huracán, la empresa pública ya se había declarado en quiebra. 

En julio del 2016, el gobierno de Puerto Rico también incumplió los pagos de 779 millones de dólares que debía en intereses a los tenedores de sus bonos. En mayo del año siguiente, el Estado asociado buscó asistencia financiera ante una corte federal estadounidense. Según el New York Times, fue “la primera vez en la historia que un estado o territorio estadounidense acudía a dicha medida extraordinaria”. 

En medio de su crisis de deuda, Puerto Rico mantiene una de las menores tasas de crecimiento económico del mundo. La isla nunca se recuperó por completo de una recesión que inició en el 2006, en buena parte porque el sector público abruma al privado. Según la Junta de Planificación de Puerto Rico, las exportaciones y el sector turístico solo produjeron 9.000 millones de dólares en el 2015, mientras que el gobierno federal estadounidense le giró 178.000 millones a la isla durante el mismo año. 

La primacía del sector estatal ha generado incentivos perversos de todo tipo. Según los académicos Steven J. Davis y Luis Rivera-Batiz, las tasas de empleo en el sector privado en Puerto Rico no llegan ni a la mitad de las de EE UU. Mientras tanto, la actividad privada que sí surge gira alrededor de “obtener favores por parte de los funcionarios”. Sergio Marxuach, analista del Centro para una Nueva Economía, asegura que las numerosas restricciones al libre comercio “reflejan y promueven una cultura de negocios que se concentra en extraer rentas estatales”. 

Dichos problemas, sumados a niveles notorios de corrupción y nepotismo, motivaron el éxodo de 670.000 puertorriqueños hacia los EE UU continentales entre el 2009 y el 2019. Cientos de miles de ellos viven en el centro de la Florida, estado que ya sobrepasa a Nueva York en términos de su población puertorriqueña. 

Florida es el segundo estado con mayor libertad económica del país, según el Instituto Fraser.  

Existe la esperanza de que los boricuas asentados ahí, con su experiencia del éxito de un mercado mucho más libre, regresen algún día a la isla y la rescaten del estatismo que tanto la agobia.