El nuevo Código Electoral y las viejas prácticas clientelistas

Catalina Botero Marino

Especialista en Derecho Constitucional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos

@cboteromarino

El viernes 18 de diciembre, se aprobó en el Congreso de la República un Código Electoral que si bien tiene cosas extraordinarias –como la paridad en las listas–, lo cierto es que no afronta los más graves problemas del sistema electoral, crea una serie de cargos innecesarios y abre un jugoso portafolio de negocios bajo el manto de un marcado velo de opacidad.

En efecto, sin un estudio serio de cargas y necesidades –al menos debatido en las sesiones transmitidas por internet–, este Código aumenta la planta de la Registraduría en un número de funcionarios que nadie sabe para qué se necesitan ni por qué son tan urgentes. Tanto que el propio Gobierno envió el proyecto con mensaje de urgencia y el Congreso se apuró a votarlo con una diligencia digna de otras causas. Solo recuerdo una votación así de ágil cuando ampliaron la planta de personal de la Contraloría hace poco más de un año. Resulta por lo menos preocupante que, en medio de una brutal crisis económica, el Congreso decida destinar recursos públicos no a fomentar la recuperación y aliviar el sufrimiento de quienes han resultado afectados por la pandemia, sino a engrosar una nómina que en realidad para nadie –salvo para los políticos que la votaron– parece necesaria.

De otra parte, el Código evadió probablemente el problema más serio de la Registraduría: el relativo a la carrera administrativa y a la particular figura de la libre remoción que la Corte Constitucional ordenó reglamentar. Según todos los sondeos de opinión, atravesamos la peor crisis de credibilidad del sistema democrático en lo que va corrido del siglo. En estas circunstancias, lo que hay que hacer es reforzar la credibilidad y la confianza institucional. Esta reforma no solo no contribuye a ello, sino que, por el contrario, mantiene una situación irregular que afecta seriamente dicha confianza.

La Constitución crea dos autoridades electorales: el Consejo Nacional Electoral, de naturaleza política (y más bien de poca utilidad), y la Registraduría Nacional del Estado Civil, de naturaleza puramente técnica. En opinión de la Corte Constitucional, de la naturaleza técnica de la entidad se deriva la necesidad de la carrera y la profesionalización de sus funcionarios. Según la Corte, estas características son indispensables para garantizar “la imparcialidad en el manejo de las elecciones, la transparencia, la neutralidad, la seguridad de que los resultados no serán alterados y la confianza en el proceso electoral”. Por estas razones, en la Sentencia C-230A del 2008, ordenó implementar la carrera en los términos del artículo 266 de la Constitución Política.

A pesar de lo anterior, la gran mayoría de los funcionarios de la Registraduría aún está en provisionalidad, desoyendo con eso las necesidades urgentes de blindar a esta entidad de la clientelización. Nada dijo sobre esto el flamante nuevo Código. No sobra recordar que se trata de cientos de funcionarios que se encuentran sometidos a enormes presiones no solo de organizaciones políticas legales, sino de poderosas organizaciones criminales que buscan capturar al Estado, no pocas veces, por la vía electoral.

Pero la ley tiene muchas otras deficiencias. Por ejemplo, para solo mencionar algunas, el Código clasifica las actividades electorales como de seguridad y defensa nacional. La ley adorna esta cláusula señalando que ello no afectará la transparencia. Sin embargo, lo cierto es que conferirle a toda la actividad de la Registraduría esta naturaleza puede comprometer seriamente tanto el derecho de acceso a la información sobre sus actuaciones como la objetividad de los procesos de contratación de las billonarias compras que deberá hacer para adquirir las innovaciones tecnológicas que el Código introduce. Innovaciones que, dicho sea de paso, de nada servirán si no se resuelven los problemas de carrera que tantas veces la Corte Constitucional ha reclamado.