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Jueces y fiscales: la gran familia judicial

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Whanda Fernández León

Docente Universidad Nacional

 

"La peor forma de injusticia es la justicia simulada”.

                                                                                 Platón

 

Cuando llegue el día en que el país decida asumir en serio la reforma de la justicia penal será ineludible comenzar por abrir una discusión a fondo sobre la ambigüedad funcional y la veleidosa posición jurídica de una entidad milenaria, históricamente conocida con tres epítetos diferentes: Procuraduría o Prokuratura, en los países socialistas; Attorney General, en las culturas anglosajonas, y Ministerio Público Fiscal, en casi la totalidad de legislaciones contemporáneas.

 

De antaño, los sistemas de justicia insertaron este complejo organismo en el marco de los poderes del Estado. Inicialmente, como dependencia directa del Ejecutivo, conforme con las teorías monárquicas y gubernativas imperantes, caso de la fiscalía de EE UU. Después, varios estatutos optaron por encuadrarla muy cerca del aparato productor de las leyes, como sucede en Inglaterra. Y a pesar de ser la postura más inconveniente, algunos países la anexaron a la rama jurisdiccional, pese a las advertencias del magistrado español Marchena Gómez, quien destacó “su carácter de parte acusadora, que la separa diametralmente de la judicatura juzgadora, ante la que solo ejerce funciones requirentes”.

 

Con la reforma constitucional de 1994, el presidente argentino de ese entonces, Carlos Menen, instituyó un modelo innovador y progresista que hoy prevalece en América Latina. Se trata de un Ministerio Público autónomo, descentralizado, adoptado por Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Uruguay, Brasil, Perú y Venezuela.

 

¿Para qué en Colombia otra fiscalía que, además, sea parte integrante de la Rama Judicial? ¿No bastaba con la centenaria Procuraduría y su Ministerio Público, existentes desde 1830? ¿Por qué la ponencia sobre una “Fiscalía a la colombiana”, base de la enmienda de 1991, alude con desdén a un sistema acusatorio, “si así quiere denominársele”? ¿Y por qué afirma que en 1979 se dio un vuelco al Ministerio Público y que este se convirtió en un órgano bicéfalo: un procurador general y un fiscal general?

 

¡Qué caos! ¿Para qué dos entidades o ministerios públicos paralelos? ¿No es un hecho notorio que, desde hace 19 años, las garantías constitucionales, las actitudes éticas, los valores individuales y colectivos, la dignidad humana y la probidad son una entelequia? Una fiscalía judicial fomenta inequidades y desequilibrios, genera relaciones asimétricas y el triángulo equilátero de Foucault desaparece. Prácticamente no existe un acusador que acuse, un defensor que defienda y un juez imparcial que decida, sino una temible rama del Poder Público que acusa y, a la vez, decide.

 

Jueces y fiscales comparten edificios, fraternizan, se sienten solidarios, se colaboran, experimentan afectos y desafectos, empatías y animosidades, crean lazos de amistad y generan afinidades intelectivas. Son apenas seres humanos. Por esta razón, los titulares del poder de acusar no deben seguir anexados a la Rama Judicial.

 

Ha llegado la hora de redefinir el modelo de Ministerio Público Fiscal. ¿Qué presentación tiene ante la sociedad una justicia donde los jueces y los fiscales trabajan en equipo; son socios de cooperativas multiactivas; integran grupos empresariales; manejan políticas de economía solidaria; tienen colegios de jueces y fiscales en casi todos los departamentos; organizan seminarios, capacitaciones, eventos sociales y giras turísticas; tienen una “Escuela Judicial de Formación” y una organización sindical, que agrupa a magistrados, jueces, fiscales y empleados de la Rama Judicial?

 

¿Serán perspicacias o fake news de los medios de comunicación y las redes sociales las noticias sobre conductas inapropiadas de algunos jueces y fiscales?

 

“No se puede negar”, dice el jurista costarricense J. Enrique Castillo Barrantes, “que hoy (…) han surgido apretados círculos de amistad entre jueces y fiscales cuando viajan regularmente juntos en el mismo vehículo (...), departen en sus ratos de esparcimiento, comen juntos y por carencia de profesionalismo y de una bien asentada madurez, algunos incurren en falta de discreción y de prudencia al mezclar la amistad con el trabajo, de lo que no puede resultar más que una administración de justicia pervertida”.

 

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