Capuchas y espías en los bolsillos

Sebastián Lalinde

Abogado y magíster en Sociología y Derecho Público

Miembro de ICON-S Capítulo Colombia

La protesta es una manera más de participación en el juego político. De allí que desalentar el ejercicio de este derecho supone debilitar la democracia. Como para muchos es crucial, y con razón, mantener oculta su identidad en las protestas, es relevante preguntarse qué pone en riesgo el anonimato de los manifestantes.

En algunas protestas, participantes utilizan capuchas para esconder sus caras. Como consecuencia, el Estado justifica la represión de las manifestaciones con el argumento de que ellas están infiltradas por vándalos y organizaciones criminales que esconden su identidad. También por ello mucha gente no cree en la legitimidad de la protesta.

El uso de capuchas es, entonces, contraproducente e indeseable. Sin embargo, es importante aclarar por qué algunos manifestantes las portan. En Colombia, hay evidencia suficiente sobre persecución y asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, y se han documentado intimidaciones en contra de personas y organizaciones de las que se cree que promueven movilizaciones. Así que existen todos los incentivos para que los manifestantes quieran proteger su intimidad, con el fin de evitar represalias ilegales.

Entender esto y no estigmatizar las capuchas es clave en la protección del derecho a la protesta. En Hong Kong, por ejemplo, existía una norma que las prohibía. Pero, en el 2019, la Alta Corte (High Court) la declaró inconstitucional, al considerar que restringía innecesariamente derechos fundamentales. En el mundo actual, sin embargo, usar una máscara es insuficiente para garantizar el anonimato.

The New York Times informó que tuvo acceso a una base de datos sobre las personas que, para impedir que se certificara la victoria de Joe Biden en la presidencia de EE UU, se tomaron el Capitolio de este país el pasado 6 de enero. Esta base de datos se construyó con la información sobre localización que recogen los celulares.

En el 2014, The Guardian anunció que las personas presentes cerca del lugar en el que se desarrollaban las protestas pro-occidentales en contra del presidente Viktor Yanukovych en Kiev (Ucrania) recibieron un mensaje de texto en sus celulares en el que se les advertía que habían sido registradas como participantes en disturbios masivos. Esto es posible gracias al monitoreo del espectro electromagnético y al acceso a la información que los operadores de servicios de telecomunicaciones guardan sobre sus usuarios. 

Lo que estas dos noticias revelan es que, a causa de los celulares, el anonimato de quienes participan en reuniones públicas y en protestas sociales es frágil. Con el agravante de que esta preocupación no es exclusiva de EE UU y Ucrania.

El artículo 17 de la Ley 1621 del 2013 permite que los organismos de inteligencia y contrainteligencia monitoreen el espectro electromagnético sin orden judicial. Esto es una interceptación vía rastreo aleatorio, indiscriminado e indeterminado, en oposición a un seguimiento individual y selectivo. Pero equivale a interceptar comunicaciones, en la medida en que permite acceder y recolectar información privada que viaja por el espectro.

Sumado a esto, el artículo 44 de la misma ley obliga a los operadores de servicios de telecomunicaciones a entregar a los organismos de inteligencia y contrainteligencia el historial de comunicaciones, los datos técnicos de identificación de sus suscriptores, así como la localización de las celdas en que se encuentran las terminales y cualquier otra información que contribuya a su ubicación. Todo esto sin orden judicial.

De manera que el perfilamiento e identificación de participantes en protestas y reuniones públicas, que suena tan lejano en Washington y Kiev, es legalmente posible en Colombia. Pero, ¿por qué esto nos debe alarmar?

La historia reciente del país muestra que este modo de participación democrática no es propio de un sector ideológico. Ha habido tanto protestas a favor del fortalecimiento de la educación pública y en contra del abuso policial, como protestas a favor del expresidente Álvaro Uribe y en contra de la decisión de revisar los manuales de convivencia de los colegios para garantizar que en ellos no haya discriminación sexual. Así que cualquier persona, sin importar sus posiciones políticas, podría ser identificada y ser víctima de represalias por manifestarse. Además, no sabemos mañana quiénes estarán detrás de las organizaciones de inteligencia y contrainteligencia ni para qué recogerán y utilizarán la información que pueden legalmente recolectar.

No solo esto. Muchos derechos que damos por sentado y de los que se benefician, incluso quienes critican la protesta, se han conquistado en las calles, no en escritorios ni oficinas gubernamentales. De modo que la protección de la identidad de quienes protestan es un asunto que nos debe interesar a todos.