Existe una posibilidad alternativa: imputar responsabilidad jurídica al Estado en calidad de garante de la reparación de los daños antijurídicos en la sociedad.
A partir de la Sentencia C-076 del 2012, la vigencia y oponibilidad de las normas nacionales ya no se rige por la ciega guadaña del tiempo de su inserción efectiva en el Diario Oficial.
La cátedra sobre contratos queda totalmente atravesada por el Estatuto del Consumidor, ya que este contiene normas que modifican lo establecido para los contratos en los códigos Civil y de Comercio.
El contenido de la publicidad anunciada por el productor o expendedor tiene que ser claro, suficiente y acorde con la realidad, so pena de hacerse responsable, frente al consumidor, por los perjuicios que cause.
El fuero de los magistrados solo aplica para las responsabilidades personales; en cuanto a responsabilidades patrimoniales deben responder ante otros jueces y ante la Contraloría.
Nuestra Fiscalía no ha dimensionado el inmenso poder de realizar preacuerdos, ni el determinante efecto simbólico que tiene frente a los usuarios de la administración de justicia.
El texto aprobado no es la “Ley Lleras”. En esta oportunidad, no se entró a regular los eventos o eximentes de responsabilidad de los ISP por las infracciones de sus suscriptores.
El texto aprobado no es la “Ley Lleras”. En esta oportunidad, no se entró a regular los eventos o eximentes de responsabilidad de los ISP por las infracciones de sus suscriptores.
Estoy de acuerdo con las posiciones que propugnan por un libre acceso a internet, pero insistiendo en que este es un facilitador de los derechos, mas no un derecho en sí mismo.
Estoy de acuerdo con las posiciones que propugnan por un libre acceso a internet, pero insistiendo en que este es un facilitador de los derechos, mas no un derecho en sí mismo.
Estoy de acuerdo con las posiciones que propugnan por un libre acceso a internet, pero insistiendo en que este es un facilitador de los derechos, mas no un derecho en sí mismo.
Estoy de acuerdo con las posiciones que propugnan por un libre acceso a internet, pero insistiendo en que este es un facilitador de los derechos, mas no un derecho en sí mismo.
Estoy de acuerdo con las posiciones que propugnan por un libre acceso a internet, pero insistiendo en que este es un facilitador de los derechos, mas no un derecho en sí mismo.
El gran reto del Gobierno es la adecuada articulación de la legislación interna con los convenios internacionales, facilitar el comercio de servicios y la defensa de la competitividad fiscal.
No se tipifica conducta alguna que signifique detrimento patrimonial ni perjuicio fiscal por el nombramiento de personal en régimen de transición o de antigüedad.
Las ‘profecías auto-realizadas’, concepto introducido por el sociólogo Robert Merton, muestran situaciones falsas o sin fundamento que inducen comportamientos sociales que las tornan en verdaderas.
Con la “popularización” del arbitraje, nuevos retos han aparecido. Llama la atención aquél que afecta la conducción del procedimiento arbitral y que lo está haciendo cada vez más costoso y lento.
La cátedra sobre contratos queda totalmente atravesada por el Estatuto del Consumidor, ya que este contiene normas que modifican lo establecido para los contratos en los códigos Civil y de Comercio.
Los sellos de garantía son una herramienta clave para el desarrollo de la industria en tres frentes: beneficios para los productores, para los consumidores y para la economía nacional.
No es proporcional cancelar el registro de una sociedad que, cumpliendo sus obligaciones, cometió por una sola vez un error formal de tipo tributario o cambiario.
La Corte Constitucional dejó sin piso las aspiraciones de quienes pretendían que los incentivos se perpetuaran por la puerta de atrás, invocando tres argumentos sólidos y convincentes.
Corea es uno de los principales actores económicos del noreste asiático. Tiene un mercado de 50 millones de consumidores, con un ingreso per cápita de 24.000 millones de dólares.
Ante la decisión inhibitoria de la Corte, se difiere a cada contribuyente, y en definitiva al Consejo de Estado, la aplicación de las normas del impuesto de renta para el periodo 2011.
Estoy de acuerdo con las posiciones que propugnan por un libre acceso a internet, pero insistiendo en que este es un facilitador de los derechos, mas no un derecho en sí mismo.
“... es evidente que la tecnología está cambiando las actitudes y las habilidades de los estudiantes; el problema pedagógico surge de la contraposición entre los nativos y los migrantes en internet”.
Las decisiones del Consejo de Estado han ocasionado un enorme gasto pensional, que puede poner en peligro la sostenibilidad del sistema y viola el principio constitucional de estabilidad fiscal.
Se puede proponer una clasificación diferente del neoconstitucionalismo. De un lado, el democrático y del otro, el decisionista, desconfiado de la división de poderes.
Si el Ministerio Público y la Fiscalía son, en el derecho comparado, la misma entidad, la intervención simultánea de las dos instituciones en el proceso penal es insostenible.
Del deber del funcionario judicial de proteger inmediatamente los derechos fundamentales, no se puede deducir que la tardanza en la solicitud inhibe la protección.
A partir de la Ley 1430, el representante del consorcio o la unión temporal es el responsable de presentar las declaraciones tributarias correspondientes.
La crisis mundial ocasionó una drástica caída de la producción industrial del país, mientras que en otros sectores se registró una desaceleración moderada.
El propio TLC constituye el consentimiento que cada Estado presta, de manera anticipada, para que, en caso de controversia, el inversionista protegido pueda acudir al arbitraje.
Mediante resolución de septiembre 13 de 1997, la Corte IDH dispuso que en el sistema interamericano existe el recurso extraordinario de revisión para el estudio de sus sentencias.
“En lo corrido de este año la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha evacuado el mismo volumen de sentencias que las proferidas en los cinco años anteriores”.
Las leyes que, en el afán de descongestionar, aumentan el riesgo de corrupción resultan tan censurables como las híbridas categorías de juez-litigante o juez-notario, en vía de experimentación.
Recientemente la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la noción y los efectos del orden público internacional.
Al Congreso le corresponderá determinar el adecuado balance entre la sostenibilidad fiscal de las entidades territoriales y su posibilidad de ejecutar importantes proyectos de infraestructura.
Con el movimiento de indignados de Wall Street, ha quedado en evidencia la necesidad de un orden económico mundial que evite la quiebra de los Estados y las recesiones económicas por especulaciones financieras.
Lo que erosiona la capacidad de un Estado social de derecho no es el criterio de sostenibilidad fiscal en la Constitución o la ley de regla fiscal, sino un nivel elevado y creciente de deuda pública.
Para desvirtuar la presunción de privacidad que puede amparar al correo institucional, es necesario que el empleado tenga el conocimiento previo e informado de tal hecho.
Algunos consideran que la aplicación de las IFRS en materia fiscal podría afectar el principio de legalidad en materia tributaria. Este punto, seguramente, también hará parte del debate que se avecina.
El tratamiento de datos personales implica su recolección, almacenamiento, uso, circulación y eliminación. Quien realice estas actividades se ve obligado a cumplir ciertas obligaciones.
Surge la necesidad de explicar por qué están creciendo las importaciones industriales. Se proponen, a manera de hipótesis, algunas líneas de análisis para abordar el tema.
Una vez más, nuestro país demostró que tiene insignes especialistas en la materia y que cree en el arbitraje como instrumento idóneo para el fomento del comercio.
En su leída columna Reflexiones, el doctor Jorge Orlando Melo trae algunos comentarios que, por el influjo que tendrán seguramente en el notariado, creemos deben ser analizados y debatidos.
No es correcto darle la espalda con vergüenza a la universidad. No nos queda más camino que iniciar un debate interno que conduzca a la recuperación de su pleno prestigio.
Las concentraciones económicas en el sector aeronáutico que cumplan con los requisitos para activar el control previo deben ser analizadas y autorizadas por la SIC.
El proyecto de reforma a la justicia es pobre e incurre en errores conceptuales y técnicos. La reacción de la Corte Suprema y el Consejo de Estado es desproporcionada
Pretender que los jueces fallen en un año los asuntos de primera instancia sin que se les garanticen los recursos para que la oralidad funcione es casi que empujar la justicia al despeñadero.
A diferencia de lo que sucede en Europa, Latinoamérica carece de un tratado internacional que regule el derecho a la protección de datos personales y que precise su núcleo esencial.
Aunque se trata de un mismo anteproyecto, su lectura nos hace descubrir dos facetas distintas en sus secciones dedicadas al arbitraje nacional y al internacional.
Una de las principales conquistas de la modernidad es la separación entre el poder público y otro tipo de poderes que, como el de la Iglesia, responden a intereses particulares.
La suplantación y la alteración son fáciles de implementar en correos electrónicos. Por ello, su valor probatorio debe involucrar el análisis de los mecanismos técnicos empleados.
“Con esos fallos, Diego, la lucha de poderes y de clases que usted propone ya está en marcha, pero con sangre (…) Eso se evita respetando los textos constitucionales…”
Para efectos fiscales, la regulación de los FICE sigue aplicando plenamente a las cuentas de inversión de capital del exterior administradas en Colombia.
Olvida José Miguel De La Calle que los funcionarios también deben observar la Constitución. Estamos celebrando 20 años de la Carta Política, pero aún no se ha estrenado en esta materia.
Nos siguen debiendo un indicador sólido de la desindustrialización de Colombia y una demostración clara de su relación con la carencia de políticas industriales.
El señor Ministro anunció un proyecto que calificó de formidable. De corresponder a la descripción que escuché, constituirá una revolución en la cultura arbitral.
Criticar y desdeñar de las decisiones judiciales que se saben ajustadas a Derecho, pero que no parecen apropiadas se ha vuelto una repelente costumbre.
La determinación de si hay o no conflicto armado no depende de criterios subjetivos o del reconocimiento del Presidente de turno, sino de elementos objetivos.
¿Puede la Corte Constitucional desconocer un texto constitucional claro que, por el principio ‘a contrario’, prohíbe el matrimonio entre parejas del mismo sexo?
Aplicar el rigor probatorio para probar la desviación de clientela impone una tarifa probatoria que no satisface los fines de la Ley de Competencia Desleal.
¿Qué sentido tiene una enmienda constitucional que busca enraizar un sistema oral, si las partes desempeñan sus roles de modo impróvido y a través de fatigantes lecturas?
No existe prohibición constitucional o legal, tampoco inhabilidad o daño fiscal, en la designación de servidores de la rama jurisdiccional en empleos o cargos de mayor jerarquía.
Es poco probable que Venezuela acceda al estilo de acuerdo que pretende Colombia, pues su propósito es mantener un comercio administrado, más acorde con su modelo socialista.
Será esta una ocasión única para profundizar en los aspectos académicos y prácticos de los más importantes temas de tributación internacional en los negocios transfronterizos.
El principio de legalidad penal significa que respecto de los tipos penales no cabe la interpretación analógica ni la interpretación extensiva in malam partem.
Son varias las medidas que adoptó China para dar ese enorme salto en poco más de tres décadas. Sin duda la más importante fue su decisión de romper el modelo autárquico impuesto por Mao.
No se trata de una modificación legislativa que pretenda revolucionar el régimen arbitral, sino, más bien, de un esfuerzo por hacerlo más fácilmente abordable para los legos y extranjeros.
El legislador del 2010 olvidó en su carrera suprimir el artículo 34, que es el origen de la institución y precisamente el más analizado y estudiado por la Corte Constitucional.
¿Qué credibilidad puede adquirir una corporación que vuelve obligatorios sus fallos bajo el argumento de la igualdad y que se vale de un decreto que les concede privilegios a sus miembros?
La interpretación errónea que hace el columnista envía al público un mensaje completamente alejado de la realidad sobre el papel que la SIC ejerce frente a la protección del consumidor.
Desconocer la aplicación de los artículos 39 y 40 de la Ley 472 para los procesos de acción popular que estaban en curso cuando fue promulgada la Ley 1425 atenta contra el principio de legalidad.
Se dice que uno de los propósitos del proyecto es adecuarlo a Kyoto, pero Kyoto es un acuerdo para la simplificación y armonización de procedimientos. En materia de simplificación, el proyecto no avanza.
De una modesta disciplina, hemos transitado hacia un soberbio constitucionalismo con síntomas de fanatismo, que impone recomponer el equilibrio de poderes.
El nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (L. 1437/11), que regirá el 2 de julio del 2012, poco avanzó frente al derecho de petición.
Cuando una profesión deja de pensar en sí misma y decide trabajar en bien del interés público, la comunidad le retribuye con aprecio social y justas compensaciones económicas.
Quiero efectuar un aporte constructivo frente a la entrevista realizada a la doctora Nancy Logreira Gómez, con todo el respeto que me merece, publicada en ÁMBITO JURÍDICO edición 315.
La determinación de enfermedades, tratamientos y medicamentos cubiertos o no por el POS y por los servicios de medicina prepagada responde a criterios económicos, no médicos, opina Hernando Bermúdez.