Acuerdo comercial con Venezuela: ¿ficción o realidad?

Marcel Tangarife Torres Socio de Tangarife Torres & Asociados

El 22 de abril del 2011, se cumplieron los cinco años de la denuncia del Acuerdo de Cartagena por parte de Venezuela. Según el artículo 135 de dicho tratado, a partir del 22 de abril del 2006 cesaron para ese país los derechos y obligaciones como miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), excepto las ventajas otorgadas y recibidas con el programa de liberación comercial, que permanecieron por cinco años.

El Gobierno colombiano consideró esa situación grave, pero tuvo la esperanza de manejar la relación comercial dentro del tratado G-3 con México y Venezuela. A principios de mayo del 2006, Venezuela también denunció este tratado, el cual le fue obligatorio hasta noviembre de ese año.

A partir de ese entonces, la relación comercial supuestamente se rigió por la Aladi, pero solo hasta donde Venezuela lo quiso, por ejemplo en materia de divisas y el pago a los exportadores colombianos, que aún no se ha resuelto y no se tiene claridad de cómo se va a resolver. ¿Serán los exportadores la moneda de cambio de otros acuerdos con ese país?

La ausencia de un marco jurídico

El marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para Colombia fue insuficiente, y lo sigue siendo, a tal punto que, frente a todas las medidas restrictivas al comercio bilateral y al bloqueo y cierre de importaciones, ningún gobierno de nuestro país ha hecho uso del mecanismo de solución de diferencias de la OMC.

Para los inversionistas y exportadores colombianos es claro que con Venezuela no tenemos marco jurídico para manejar la relación comercial. Y también es claro que cualquier instrumento jurídico resulta inútil, si Venezuela no tiene la voluntad política de cumplir con las reglas de juego pactadas.

Desde el inicio del gobierno del Presidente Santos, aparentemente se han dado pasos importantes para restablecer la relación comercial. Aplaudimos la gestión de los ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio, pero la realidad del comercio bilateral sigue siendo incierta y con pocas esperanzas, ya que la buena voluntad política de Colombia, y el aparente eco de Venezuela, no se han traducido en aumento del comercio ni en el pago oportuno de las obligaciones de ese país a nuestros exportadores.

En busca de un acuerdo

Desde finales del 2010, supuestamente ambos Gobiernos empezaron a negociar un acuerdo de complementación económica, para no dejar sin marco jurídico la relación comercial desde abril de este año. Colombia concibió un borrador de acuerdo comercial intentando entender la visión socialista del Gobierno de Venezuela, quien es la contraparte de la mayoría de los negocios viables con ese país.

Pocos días antes del último encuentro presidencial, Venezuela envió a Colombia un proyecto de acuerdo casi textualmente copiado del acuerdo modelo Alba que tiene suscrito con Bolivia. El acuerdo resultaba inaceptable para nuestro país, pues violaba las normas OMC y otros tratados, a tal punto que el sector privado prefería no tener instrumento jurídico como ese.

El 9 de abril del 2011 tuvo lugar el encuentro Chávez - Santos. Al final del día, se informó la firma de 16 acuerdos, principalmente en infraestructura. También se anunció un acuerdo para prorrogar por 90 días las preferencias arancelarias andinas que vencían el 22 de abril pasado.

El 18 de abril del 2011, el Gobierno de Venezuela promulgó el Decreto 8160, que establece una prórroga de 90 días a las preferencias arancelarias. El 27 de abril del 2011 fue publicada la Decisión 746 adoptada por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la cual establece la prórroga de 90 días a las preferencias arancelarias con Venezuela, siempre y cuando exista reciprocidad comercial por parte de ese país.

El objetivo de la prórroga es permitir que Venezuela pueda negociar con Colombia y los demás países CAN sendos acuerdos comerciales, para reemplazar el marco jurídico del Acuerdo de Cartagena. Difícil tarea.

Lo que el país necesita

Colombia pretende tener un acuerdo de complementación económica que garantice el acceso efectivo al mercado venezolano, que establezca unas reglas de origen, procedimientos aduaneros eficientes, que elimine gravámenes y restricciones al comercio, con un régimen de salvaguardias claro, que impida decisiones unilaterales de las autoridades, con unas normas de protección eficaz de las inversiones y algún mecanismo de solución de controversias.

Es poco probable que Venezuela acceda al estilo de acuerdo que pretende Colombia, toda vez que su propósito es mantener un comercio administrado, más acorde con su modelo socialista que con un modelo de liberalización del comercio. El esquema que seguirá planteando tiene como sujeto principal del comercio bilateral al Estado venezolano, a diferencia del esquema colombiano que tiene como sujeto principal al inversionista y al exportador/importador.

El Ministerio de Comercio debe contar plenamente con el concurso del sector privado de nuestro país, no tangencialmente.

Un acuerdo comercial con Venezuela sigue siendo una ficción, aún cuando se firme pronto. Sería real si ofreciera alguna garantía de cumplirlo.

La tarea del gobierno colombiano es difícil, y el tiempo es corto.