Basta que el pasivo no supere el 70 % de los activos sociales y no se haya iniciado la distribución del remanente.

La compañía fue sancionada con $ 220 millones, luego de que la Superindustria evidenciara fallas en la calidad del servicio posventa a los consumidores.

La Corte Constitucional dio a conocer el fallo sobre el aborto, precisó por qué es procedente un pronunciamiento de fondo a pesar de la Sentencia C-355/06.

Corresponde al juez laboral, no al de tutela, determinar quién es el titular de la sustitución de la pensión.

La primera dama como gestora social no desempeña un cargo público, ni tiene la calidad de servidora.

Cuando por un error atribuible a una entidad se concede un derecho a quien no cumplía los requisitos legales no es posible que se valga de su incuria para recuperar las sumas percibidas de buena fe.

Lo que corresponde es que el Gobierno Nacional nombre el encargado a la Alcaldía de Medellín de la terna que presente el movimiento político respectivo.

La Resolución 244 del 2019 no excluyó expresamente las sillas de ruedas manuales, por lo cual se entiende expresamente incluidas en el PBS.

Han trascurrido 22 años desde que se dispuso la obligación a la Superintendencia de Notariado y Registro y la entidad ha incumplido con el mandato.

El Consejo de Estado estudió un caso en el que se nombró a una funcionaria sin cumplir con los requisitos para el cargo.

Entes territoriales no pueden excusar su responsabilidad alegando que la comunidad que sufre el riesgo es responsable de su causación, pues nada exonera a la autoridades del cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales.

Exequible por garantizar la dignidad y bienestar de las personas condenadas.

La Sentencia C-218/15 declaró inconstitucional la fórmula prevista por la Superintendencia de Puertos y Transporte.

El criterio para determinar la inscripción considera, entre otros factores, la realización de la actividad económica.

El Ejecutivo reglamentó las condiciones para la prestación del servicio de transporte escolar en virtud del número de habitantes del municipio en donde se requiera su contratación.

La segunda jornada electoral para definir el próximo Presidente de Colombia se llevará a cabo el próximo 19 de junio.

A pesar de las múltiples críticas que se han realizado a la legislación que se expide como solución a episodios puntuales de corrupción en la contratación con dineros públicos, el legislador sigue insistiendo en aprobar normas sobre gestión contractual del Estado.

La Corte Constitucional expresó preocupación porque se utilizan mecanismos de flexibilización laboral para evadir obligaciones con las trabajadoras en estado de embarazo.

La pretensión de usucapión del comunero respecto de las cuotas de los condueños para salir avante exige de un esfuerzo demostrativo mayúsculo por la especial condición que las caracteriza.

La Corte Constitucional ordenó el reconocimiento de la nacionalidad colombiana por adopción a un menor venezolano a cargo del ICBF desde hace más de dos años.

Para el demandante, la norma acusada vulnera el debido proceso y cinco artículos de la Constitución Política.

Dar prelación a la exigencia de convivencia plasmada en la ley o en la jurisprudencia constituye un escenario que revictimiza a quienes fueron afectados por hechos de violencia.

Declaran la inexequibilidad por violación de la unidad de materia al vulnerar las competencias de los Concejos Municipales y Distritales.

En todo caso, deberá presentar su renuncia y la misma ser aceptada antes de la inscripción de su candidatura.

Ordenan al INS y al Ministerio de Salud modificar el lineamiento técnico para la selección de donantes de sangre en Colombia.

Dichos instrumentos deben ser interpretados a la luz de principios y fines que son superiores a los que persigue la Ley 996 del 2005 (Ley de Garantías).

La Auditoría General fijó el puntaje crítico o punto de corte en 70 puntos.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado se pronuncia sobre esta posibilidad de fusionar ante inquietud del Ministerio de Hacienda.

Deben considerarse los ingresos exentos del impuesto sobre la renta señalados en el artículo 206 del Estatuto Tributario.

Cuando las condenas impuestas superen la cuantía del proceso de única instancia esto debe tenerse en cuenta al momento de pronunciarse sobre recurso de apelación.

Conforme a la protección de los derechos de las personas de la tercera edad, la aplicación del principio iura novit curia y de la tutela judicial efectiva se reconoce pensión de jubilación a persona sin estatus pensional.

ÁMBITO JURÍDICO conversó con Guilherme Canela De Souza Godoi, jefe de la sección de Libertad de Expresión y Seguridad de Periodistas de la Unesco.

La Organización de Estados Americanos le otorgó este reconocimiento, que le permite continuar con la protección de derechos humanos y garantías judiciales.

No le es dable al interprete realizar distinciones donde la disposición normativa no lo hace expresamente.

Este registro permite conocer el número de personas en situación de discapacidad y sus condiciones de vida.

Existen amenazas como la estigmatización del sector empresarial en el discurso oficial, el exceso en la potestad reglamentaria y el desconocimiento de la seguridad jurídica y la confianza legítima.

Es contrario al respeto a la dignidad humana que un médico ordene el suministro de insumos y no cumpla con las obligaciones que le corresponde realizar para materializarlo.

Me atrevería a aconsejarle al presente y próximo gobierno buscar el apoyo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y por la vía diplomática fomentar una negociación con Nicaragua.

Quien se abstiene podría estar manifestando que la decisión colectiva debe orientarse en el sentido de que no se produzca una decisión.

En Colombia, hay suficientes normas sobre la publicidad de la acción oficial: desde la Ley 57 de 1985, se consagró el derecho a la información.

El magistrado Javier Tobo Rodríguez explica algunos detalles del incidente de reparación de la masacre de Trujillo.

Regresar, como pretenden en Colombia, a una fórmula nacional de blanco y negro (donde la prohibición sea universal) anula, de un solo plumazo, la democracia y los derechos de las mujeres.

Es viable la función jurisdiccional otorgada a la Procuraduría General de la Nación y es legalmente procedente la suspensión provisional de funcionarios de elección popular.

Los abogados están compelidos a adecuar su actuación profesional bajo criterios de prontitud, rapidez y velocidad.

Una vez se publique la lista de elegibles definitiva, el provisional deberá ser retirado o, si es prepensionado, ser reubicado si es posible.

La Corte Constitucional consideró que debe continuar con la articulación progresiva de los procesos para la atención educativa a la diversidad de estudiantes.

Se deberá pedir perdón públicamente al pueblo Wounaan, por el daño causado durante su desplazamiento.

La Corte Constitucional admitió la acción contra el artículo 39 (parcial) de la Ley 2200 del 2022, sobre la organización y funcionamiento de los departamentos.

Desde el sector privado, es necesario seguir reforzando las barreras tecnológicas y los controles internos para evitar ser víctimas de estos ilícitos.

No es conducta apenas imprudente la de quien conoce perfectamente lo que hace y confía en que la dimensión moral de su conducta será negada a conveniencia.

Un nuevo contrato social, que incorpore los fundamentos de la convivencia, dignidad y solidaridad, es, por definición, una construcción colectiva.

Necesitamos descentralizar bajo esquemas responsables que partan de fortalecer a nuestras regiones. La tarea no da espera.

No es el tiempo de hacer más complejos los procesos de empalme, ni de enredar con más normas lo que el sentido común debe regir.

El ordenamiento penal colombiano se encuentra a tono con los estándares mínimos establecidos en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

Es indiscutible la importancia de estos fallos, ya que, de esa manera, se logra la certeza de cómo fallará un juez de instancia una situación particular.

El juez se dirigirá al superior del responsable del agravio y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el procedimiento disciplinario.

La Sentencia T-001 de 1992 fue el primer fallo de tutela.

Es deducible por amortización de inversiones el pago que se asume para adquirir el derecho a suscribir un contrato que se realiza para la actividad productora de renta.

La autonomía indígena no puede afectar el núcleo esencial del principio del interés superior de una menor de edad víctima.

De acuerdo con el demandante, la norma acusada viola el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía individual contenida en el principio de dignidad humana.

Penalizar el aborto y dificultar su acceso no salva ninguna vida, sino que, por el contrario, dilata el procedimiento y pone vidas en riesgo.

Si existen dudas sobre la relación laboral que causó las cotizaciones le corresponde a los jueces laborales decretar pruebas de oficio para aclarar los hechos.

Cuando la captura se produzca o prolongue con violación de las garantías constitucionales o legales el funcionario debe ordenar su libertad.

El comité de conciliación decidirá sobre la procedencia de la conciliación o cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos que no dé lugar a investigaciones disciplinarias ni fiscales.

El Congreso deberá superar el vacío normativo que existe para el caso de estos contratos: Corte Constitucional.

De acuerdo con el demandante, el Congreso se extralimitó en sus funciones al adicionar descuentos al seguro obligatorio de accidentes de tránsito.

El derecho fundamental al ‘habeas data’ procura al máximo su protección, incluso en situaciones de crisis o emergencias sanitarias derivadas de una pandemia.

De acuerdo con el demandante, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no hace parte del Gobierno.

Es legal que el DNP vigile y controle la correcta utilización de los recursos con el fin de constatar se cumplan con los objetivos que les ha trazado la Constitución y la ley.

La Corte Constitucional admitió la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 91 (parcial) de la Ley 388 de 1997.

“Aunque la tutela (…) ha contribuido significativamente a mejorar la vida de las personas, es importante exigirle al Gobierno que enfrente (…) las violaciones a los derechos fundamentales”.

La Corte Constitucional admitió una demanda contra los nueve artículos de la Ley 2181 del 2021.

Para el actor, la norma quebranta el principio de igualdad, el de unidad material y el derecho al debido proceso.

Exigir pruebas que resultan desproporcionadas e irrazonables vulnera derechos fundamentales del menor.

Las sociedades extranjeras titulares de sucursales constituidas en Colombia son responsables por las obligaciones contraídas en el país.

El asegurador debe hacer entrega anticipada del clausulado al tomador, explicándole el contenido de la cobertura, de las exclusiones y de las garantías.

El Ministerio Público conceptuó sobre disposiciones que desconocen el principio de responsabilidad personal, al contemplar sanciones para los propietarios de automóviles.

Se tuvo en cuenta que la multa se encuentra dentro del máximo legal permitido y su recurrencia en la falta.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia explicó cómo se ostenta está posición respecto al deber de cuidado de un bien jurídico protegido.

Es potestad exclusiva del Congreso de la República fijar, entre otros elementos del tributo, las tarifas.

La accionante considera que hay vulneración del derecho a la igualdad de los contribuyentes sometidos al régimen de precios de transferencia del artículo 714 del Estatuto Tributario.

Según el accionante, la norma cuestionada desconoce los principios de legalidad y de tipicidad de los delitos.

Los concejales son servidores de elección popular directa que no tienen la calidad de empleados públicos.

Según el demandante, la garantía de doble conformidad para altos funcionarios vulnera el principio de igualdad.

Los accionantes consideraron que algunos artículos de la Ley 35 de 1989 desconocen el principio de legalidad y el de culpabilidad.

El objetivo es impactar positivamente la calidad de vida de los ciudadanos y la competitividad del país.

De acuerdo con la Ley 1123 del 2007, no es posible desistir de los procesos disciplinarios, así el quejoso y el disciplinado hayan llegado a un acuerdo conciliatorio.

Demandan prohibición para inscribir candidaturas en caso de haber sido avalado previamente por partidos políticos.

Al estudiar una acción de tutela, la Corte Constitucional precisó las subreglas para aplicar enfoque de género en casos de violencia intrafamiliar.

El reconocimiento de honorarios a los concejales está supeditado constitucional y legalmente a la asistencia comprobada a las sesiones.

Los demandantes indican que la multa por rechazo del recurso vulnera los derechos a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

El consumidor de vivienda puede ejercer la acción de responsabilidad solidaria, generada por garantías legales y la protección por producto defectuoso.

Ya son tres las acciones de inconstitucionalidad que admite la Corte Constitucional en contra de la Ley 2197 del 2022.

Los consumidores no pueden estar condenados a soportar de manera indefinida la prestación del servicio técnico.

La suscripción de acuerdos implica el reconocimiento de una deuda por parte del suscriptor y/o usuario y el surgimiento de un nuevo título ejecutivo.

Antes de autorizar la desvinculación del sistema educativo de un menor de edad se deben tramitar ante las autoridades los auxilios para que continúe sus estudios formales.

Según la Corte Constitucional, repetir el mismo grado por segunda vez en la misma institución puede perjudicar el proceso formativo.

El Consejo de Estado analiza el cumplimiento de los presupuestos legales que se exigían para la imposición de medida privativa de la libertad.

Lo contrario sería afectar la integridad de la obra, así como ejercer censura.

El incumplimiento deriva de la insatisfacción del pago en el tiempo debido, la mora exige adicionalmente la concurrencia de culpabilidad del deudor.

La Corte declaró constitucional el financiamiento del presupuesto máximo que transfiere la ADRES.

Tampoco resulta relevante para la discusión sobre la legalidad si se cumplió con la obligación estatutaria de publicar el acto acusado, o que no se dio a conocer el acto de posesión.

El consumidor tendría derecho a que el empresario ponga a su disposición el bien por un precio considerablemente inferior al del mercado.

Recuerdan que efectos de fallos de tutela son interpartes.

Resulta impropio afirmar que por la vía jurisprudencial se puedan establecer nuevas causales de invalidez de las cláusulas compromisorias o modificarse el régimen de nulidades previamente existente.

Para su configuración, el servidor público debe estar consciente de que su actuar es típico y que la ley le impone el deber de actuar; no obstante, decide no hacerlo.

Rendimiento mínimo anual del 3,21 % por préstamos otorgados por las sociedades a sus socios o accionistas, o estos a la sociedad, es una de las modificaciones decretadas.

Capacitación en nociones básicas dependerá de lo que prevea cada establecimiento educativo en su PEI.

La protección incluye no solo el traslado, sino la actividad diligente que minimice la exposición de la persona a la contingencia.

La Corte resolvió si en la norma demandada el legislador desconoció el principio de unidad de materia.

A partir de la entrada en vigencia de la Ley de Borrón y Cuenta Nueva, el reporte se debe efectuar en un plazo máximo de 18 meses.

La figura de verificación del cumplimiento de un fallo de acción popular no comparte características similares a las de los auxiliares de la justicia.

El alto tribunal constitucional explicó cuándo no se incurre en el delito de ayuda al suicidio.

Es obligación constitucional darles un trato preferencial previo a nombrar a quienes superaron el concurso de méritos.

El Consejo Superior de la Judicatura, en cumplimiento a la Sentencia SU-067, dio a conocer el cronograma completo de la convocatoria.

El demandante debe indicar en qué consiste y demostrar el daño, la imputación fáctica y jurídica frente al Estado.

Es preciso hacer una lectura completa de la sentencia para apreciar mejor la facilidad con la que Nicaragua logró convencer a los jueces de la debilidad de los argumentos presentados por Colombia.

Una de las conclusiones de la Misión es concluyente: el mercado laboral “obstaculiza el camino hacia una sociedad más prospera e incluyente”, lo que se refleja en una precarización de los trabajadores.

El Consejo de Estado recuerda que la acción popular se caracteriza por ser autónoma, dado que su objeto es la protección de derechos colectivos.

La nueva demanda de inconstitucionalidad ataca el artículo 132 de la Ley 2159 del 2021.

Es necesario que se mantengan a los empleados las condiciones salariales y prestacionales de su vinculación inicial.

En estos contratos la obra es vista como un todo (como algo indivisible) que debe ser culminada con los recursos que se estimaron desde el inicio.

Con la pandemia, el sector legal reconoció, de primera mano, la importancia de contar con tecnologías para afrontar las necesidades de un mundo que no se detiene.

La falta de autorización de gastos rembolsables para desplazamiento no puede llevar a una persona a prescindir de su esquema de seguridad.

Kevin Hartmann Cortés, experto temas pensionales, habla sobre el sistema de pilares y las alternativas que hoy se debaten en materia pensional.

Debemos realizar un gran “acuerdo social” sobre la necesaria progresividad del sistema.

Desde 1991, cuando surgió la revocatoria del mandato, solo se ha revocado a un alcalde, lo que demuestra que es una figura desgastante y poco efectiva.

La pregunta que queda es ¿qué tan lejos estamos de la pluriparentalidad en el registro civil de nacimiento en Colombia?

En estas prácticas discursivas se combinan mensajes de flexibilidad judicial e intensificación de la amenaza penal en clave de la defensa de ‘valores superiores’.

En la actualidad, muchas autoridades que ejercen vigilancia y control, además de despachos judiciales y tribunales de arbitramento, desarrollan estas metodologías en sus procesos e investigaciones.

Mantener la audiencia de imputación es estar cada día más lejos del Iluminismo del siglo XVIII.

Las instituciones educativas deben propender por la prestación del servicio en igualdad de condiciones para todos los educandos.

Los acuerdos anticompetitivos en los mercados laborales merecen especial atención y severidad, pues normalmente vienen a agravar una situación que ya es delicada.

Recordemos que la Ley 2094/21 modificó el Código General Disciplinario para ajustar el ordenamiento a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la destitución de Gustavo Petro.

Uno de los objetivos de este libro es satisfacer al educando universitario con un texto completo sobre la parte general de bienes y, simultáneamente, reforzar los conocimientos a los profesionales en ejercicio de esta especialidad.

A través de este libro, adaptado para menores entre 8 y 14 años, se busca que esta población conozca sus derechos y sus deberes y acercar la justicia a la infancia y a la juventud.

Esta obra profundiza en la figura de la unión marital de hecho, reglamentada, por primera vez, a través de la Ley 54 de 1990, y sus efectos económicos, derivados de la formación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes.

En el derecho comparado, la enseñanza suele insertarse en la noción de servicio público y, en últimas, todo modelo educativo debe propender hacia el fortalecimiento de la democracia pluralista.

En Colombia, al voto se le llama sufragio, porque hasta los muertos votan.

Podrá destinarse para la construcción, mejoramiento y acondicionamiento de salones o casetas comunales.

Los parientes civiles tienen vocación hereditaria y excluirlos de las consecuencias de la indignidad sucesoral desatiende el parámetro de igualdad familiar.

La Corte protegió el derecho fundamental al debido proceso en un caso de régimen de visitas de un menor que presuntamente fue víctima de abuso sexual.

No puede existir en el orden jurídico una normativa que contemple la pena de prisión perpetua dentro de su articulado, porque se encuentra proscrita.

La Sala Plena instó al Consejo Superior de la Judicatura y a la Universidad Nacional para que fijen con la mayor prontitud el nuevo cronograma de actividades del concurso.

Es un término acuñado en el siglo XIX, presente desde las primeras codificaciones civiles.

La Sala Plena se pronunció sobre los derechos al acceso efectivo a la administración de justicia y a la propiedad.

Será necesario acudir a la convocatoria del concurso de méritos para efectos de aclarar las condiciones y darle cumplimiento.

La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra unos apartes del Estatuto Nacional de Protección de los Animales.

Las causales de agravación contenidas en el artículo 104 del Código Penal aplican jurídicamente al homicidio preterintencional.

La entidad de manera potestativa podrá tomar como base el aumento establecido por el Gobierno Nacional para el salario mínimo.

Cuando un profesional asume una representación judicial le asiste el deber de atender con celosa diligencia los asuntos encomendados.

Uno de los componentes fundamentales del modelo de Estado social y democrático de derecho colombiano está en el derecho de los ciudadanos a ser elegidos en cargos sometidos al voto popular.

La Corte Constitucional explicó la figura de la declaratoria de imposibilidad del reintegro y la consecuente indemnización compensatoria.

La norma no exige requisito alguno en cuanto a la formación académica o profesional del representante.

Desconocimiento de prestaciones a empleados transitorios es contrario a los principios rectores de las relaciones laborales.

La Corte Constitucional resolvió 28 demandas que se presentaron contra el artículo 124 de la Ley 2159 del 2021.

Mantener a los familiares en la incertidumbre sobre el paradero de su familiar constituyó una violación de sus derechos: Corte Constitucional.

Buscan remunerar los costos en que incurren los prestadores cuando conectan por primera vez los inmuebles de los usuarios a sus redes.

Los entes territoriales deben garantizar el suministro adecuado de alimentos a las personas que se encuentran detenidas en centros de detención transitoria.

Las misiones de empleo en Colombia han sido programas que los gobiernos han puesto en marcha con el propósito de diseñar políticas y estrategias que permitan hacerle frente al deterioro del mercado laboral.

Estas reservas, a su vez, pueden apropiarse para el mantenimiento, reparación, construcción o fabricación de bienes comunes, esenciales o no.

La Corte Constitucional precisa si procede en estos casos la acción de tutela o el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Resulta ilógico que una vez finalizada la relación laboral se condene al trabajador a recibir un vestido de labor que no necesita.

Explica la Corte cuándo se tiene derecho al reconocimiento y pago de pensión de sobrevivientes prevista en el Régimen General de Seguridad Social de la Ley 100 de 1993.

Precisan cuáles conceptos deben incluirse en el IBC de aportes al sistema de seguridad social.

Es potestad de quien concede revisar si proceden y, en todo caso, adoptar medidas para no afectar los derechos fundamentales del empleado.

El artículo 216 Decreto Ley 19 del 2012 dejó sin efecto y sustento normativo al Consejo Asesor para la Profesionalización del Artista.

No se requiere de una palabra soez o de un insulto para lesionar la honra, el buen nombre o la intimidad y los sentimientos de una persona.

La Sala Civil precisó en impugnación de paternidad la excepción posesión notoria del estado civil de un hijo extramatrimonial.

Se explicó que la contabilización de cinco años comienza a correr a partir de la formulación del respectivo recurso extraordinario de casación.

Los efectos del pronunciamiento se difirieron a un año.

El coordinador de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia no logró que su solicitud de precluir el proceso fuera aceptada.

La Corte Constitucional reitera que las barreras administrativas no pueden vulnerar derechos fundamentales.

En todo caso, pueden abstenerse de inscribir el acto constitutivo cuando se omita alguno de los requisitos previstos en la Ley 1258 del 2008.

Esta decisión se tomó hasta que se resuelva una demanda de tutela que interpusieron sus presuntas víctimas contra el trámite administrativo.

Fue demandado el artículo 16 de la Ley 1996 del 2019.

La sentencia de primera instancia concluyó que al excongresista le es aplicable el principio de resolución de la duda en su favor para absolverlo de los cargos.

La configuración del defecto procedimental vulnera los derechos al debido proceso, la propiedad privada y de acceso a la administración de justicia.

Sergio Fajardo, candidato presidencial por la coalición Centro Esperanza, habló sobre la digitalización del proceso judicial, la equidad de género en la justicia y de sus propuestas en esta materia.

Estas audiencias, en las que se reconoce verdad y responsabilidad de manera pública, ayudan a cumplir con los objetivos transicionales de verdad, justicia y reparación.

Quiero exaltar la memoria de Gregorio Rodríguez Vásquez, sus logros y su conducta de hombre ejemplar, íntegro y franco.

Dentro de los muchos retos de la violencia intrafamiliar, dos de los más apremiantes tienen que ver con la falta de datos y con las dificultades para caracterizarla.

Sin cumplir los requisitos legales, se reconoció a docentes el pago de una sanción por mora en cesantías, generando un detrimento patrimonial a las finanzas del departamento.

La Corte Constitucional rechazó la solicitud de nulidad de la sentencia en el caso de la excongresista.

La Ley 1116 del 2006 previó dos acciones adicionales a las señaladas en la legislación comercial y no excluyentes, en las que se podrá juzgar la conducta de los socios de la concursada.

El Consejo de Estado declaró legales las competencias atribuidas al Ministerio de Transporte en el 2009 para la habilitación de los CEA.

Para garantizar un negocio sano, el mercado no solo exige, sino que requiere que se revelen los beneficiarios reales.

La Corte declaró improcedentes las acciones de tutela presentadas por Colpensiones contra fallos que reliquidaron pensiones de exfuncionarios de la Rama Judicial.

¿Cómo evitar que la apariencia de imparcialidad sea pretexto para disminuir excesivamente la garantía de libre expresión de jueces?

Un fallo de la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de los artículos 124 a 148 del Decreto-Ley 403 del 2020.

Trata sobre la designación del ingeniero civil como profesional idóneo para desempeñar el rol de ingeniero geotécnico en la construcción sismo resistente.

El desafío para la producción de libros académicos gira alrededor de cómo investigar desde una perspectiva que conecte al Derecho con los dramas sociales sin que sus aspectos dogmáticos clásicos pierdan relevancia.

La Corte Constitucional consideró que el asunto versaba sobre asuntos de carácter económico y pretendía emplear la acción de tutela como tercera instancia.

La moderna infraestructura física cuenta con equipos de cómputo especializado y un grupo humano interdisciplinario con amplia experiencia en investigación forense.

El autor analiza los nuevos sistemas para acceder a las ofertas del Estado y cada modelo selectivo de contratación.

En la reliquidación de la pensión de jubilación deben tenerse en cuenta factores salariales incrementados por la homologación y nivelación salarial.

Una importante reflexión al debate actual en el país acerca de qué tipo de fuerza pública es la que se requiere en este periodo de posacuerdo con las Farc.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó una decisión en favor de un abogado por duda probable.

Identificó que más de 7.000 contribuyentes que desarrollan actividades en el sector turismo tienen pendiente el pago de sus obligaciones tributarias.

Hay plazo para comentarios hasta el 7 de mayo.