Lo advertido y lo inadvertido en la Misión de Empleo en época electoral

Diego Felipe Valdivieso Rueda

Socio y líder de la Unidad Laboral y de Seguridad Social de Scola Abogados

Docente universitario

Es posible que, al leer este escrito, algunos no tengan presente o estén olvidando que hace tan solo unos cuantos meses se anunciaban en Colombia las conclusiones de la Misión de Empleo ordenada por el Gobierno Nacional. Antes de que desaparezca de nuestro radar el estudio, quiero aprovechar sus revelaciones para advertir algunos aspectos, más aún en contextos de campañas políticas donde se habla mucho de pobreza, pero poco de empleo; entre otras, porque la clase política colombiana requiere de la pobreza como estrategia fundamental para impulsar los liderazgos que históricamente nos han gobernado. Imaginémonos por un instante qué sería de la discursividad política colombiana si no existiera pobreza.

Las misiones de empleo en Colombia han sido programas que los gobiernos han puesto en marcha con el propósito de diseñar políticas y estrategias que permitan hacerle frente al deterioro del mercado laboral. En Colombia, se han realizado tres misiones de empleo: la primera en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, en 1970; la segunda en el periodo de Belisario Betancur, en 1984, y, la última, en el gobierno de Iván Duque, cuyos resultados se anunciaron el pasado 12 de enero. Llama la atención que todas las misiones han tenido como una de sus causas principales los alarmantes indicadores de desempleo e informalidad, los cuales podríamos decir han permanecido muy similares en estos 50 años de misiones de empleo.

Para la primera misión de empleo se observaba un nivel de desempleo alto en el contexto nacional e internacional, con una tasa del 12,31 % a finales de los años sesenta. A raíz de esto, el gobierno de Lleras Restrepo propuso que Colombia fuera el primer país que tuviera una misión piloto por parte de la OIT. La recomendación de esta misión de empleo se constituía a partir de políticas de transformación estructural en el sector agrario, el industrial y en el control demográfico y, a su vez, también se propuso una legislación laboral que incluyera la estabilidad en el empleo, las prestaciones y los horarios de trabajo.

Para la segunda misión de empleo, adelantada durante el gobierno de Belisario Betancur, se evidenció un desempleo intenso y se identificó que se dio por factores demográficos, institucionales y macroeconómicos. Por lo tanto, la recomendación de esta misión consistió en una elevación de tasa de inversión y ahorro, redistribución del gasto público y una reforma del régimen de cesantías.

En la última misión de empleo se advirtieron distintos objetivos por seguir, entre ellos: empleo en el sector rural, participación laboral femenina, estabilidad laboral, tecnología y mercado laboral (plataformas digitales y virtualidad) y el empleo juvenil, entre otros. De manera particular, debo señalar que la última de las misiones de empleo tuvo un especial foco en tratar de “diagnosticar”, lo cual es propio del perfil 100 % académico con el que se abordó, pero fracasó en proponer el diseño de políticas o planes de acción claros con el que se interviniera la problemática advertida.

Es este contexto el que produce frustración al ver cómo en medio de la carrera presidencial poco se habla de propuestas claras que conduzcan a superar aquello que ya conocíamos y que, recientemente la misión de empleo caracterizó con más detalle: el problema de desempleo, informalidad, discriminación y precarización del mercado laboral colombiano.

El mercado laboral colombiano ha padecido de dos grandes problemas que hasta tanto no se intervengan seguiremos diagnosticando la crisis de empleo, pero no solucionando. Esta falta de acción podría parecer no accidental en un país donde el hablar de pobreza estructural es parte del discurso institucional y social que caldea nuestros ánimos, pero que ralentiza nuestro actuar, pues al final los ánimos caldeados son los que hemos acostumbrado a que marquen el ritmo de nuestra democracia y, con ello, decidan los candidatos vencedores.  Ahora bien, no deja uno de preguntarse si será que a nuestra clase política le conviene que haya extrema pobreza.

Los dos grandes problemas a los que hago referencia son: la norma y la política social. La norma laboral colombiana es absolutamente responsable de los problemas del mercado laboral, pues tiene una configuración en la que el trabajo tiene un trato diferente, no por razón de su resultado o relevancia, sino simplemente por el tipo de relación jurídica o las partes que intervienen en ella.

La problemática central radica en la siguiente pregunta: Si el trabajo es socialmente de igual valor, ¿por qué se trata y protege de maneras diferentes? Algunos ejemplos de la ausencia de neutralidad en la norma en su tratamiento jurídico son las diferentes regulaciones aplicables a (i) los empleados del sector público, (ii) los contratos de trabajo del sector privado, (iii) el trabajo mediante prestación de servicios, (iv) las cooperativas de trabajo a asociado y (v) los contratos sindicales, entre otros.

No sobra advertir desde ya lo problemático de insistir en crear una nueva categoría, como la pretendida de los trabajadores digitales, pues lo que hace es sumar dispersión en el tratamiento del trabajo, cuando socialmente todo deberá ser valorado de la misma forma. Colombia debería tener un único régimen jurídico del trabajo.

La segunda problemática estructural del mercado laboral colombiano es la política social. Sobre esto resalto dos aspectos en particular. El primero, la peligrosa inclinación de trasladar la política social a los particulares. En nuestro país, el apalancamiento principal de los sistemas de aseguramiento de los riesgos sociales depende de la cotización o contribución que hacen unos pocos, los formales del mercado laboral. El segundo, la tolerancia que se tiene con la economía informal e ilegal, pues, al final, dinamizan y generan recursos en medio de tanta pobreza. En Colombia, el Estado debe asumir su papel y hacerse cargo del aseguramiento de los riesgos sociales (enfermedad, invalidez, muerte, vejez y desempleo) y no los particulares.

Obviamente, abordar lo indicado con la profundidad requerida no es propio de una columna de opinión. Por ello, me limito a indicar, a modo de conclusión, la ecuación que Colombia debería tomar:  unificar la legislación del trabajo, que se disminuya la carga social de los contratantes y, como consecuencia de lo anterior, que se aumenten los salarios, lo que les permitirá a todos los individuos aumentar su capacidad de contribución al Estado y, si este recibe más, podrá asumir de manera integral el rol social que le corresponde.