Las consecuencias del voto en blanco cuando sea mayoría respecto de los votos válidos solo aplican para las elecciones populares y no a las votaciones realizadas para elegir a los integrantes de las mesas directivas de las plenarias del Congreso.
El alto tribunal resolvió sobre el derecho a la estabilidad laboral reforzada de las mujeres cabezas de familia que se encuentran en provisionalidad.
Límite de 420 UVT mensuales vulnera el principio de equidad tributaria consagrado en el artículo 363 de la Constitución Política.
El análisis de la responsabilidad patrimonial tiene como referente las disposiciones comerciales, en el contexto de la responsabilidad extracontractual o por culpa in contrahendo.
La contraloría escolar propuesta por un concejo municipal implica la creación de un nuevo órgano en los establecimientos educativos estatales, lo que modificaría la Ley General de Educación.
Se deben prever tarifas que den un tratamiento especial a las pequeñas empresas para que paguen un menor porcentaje en relación con los comerciantes de alto patrimonio.
Como medida de reparación no pecuniaria se ordenó a una institución educativa ofrecer excusas a docente discriminada por ser activista sindical.
8 mujeres y 53 hombres conforman el listado de aspirantes a la terna de la que se elegirá el nuevo magistrado de la Corte Constitucional.
La omisión de elaborar y aprobar el plan especial de manejo y protección para el sector antiguo de Cartagena (bien de interés cultural de la Nación) amenaza el derecho colectivo al patrimonio cultural de la Nación.
En caso de existir simultaneidad deberá establecerse una repartición proporcional al tiempo compartido: Corte Constitucional.
Basta que el pasivo no supere el 70 % de los activos sociales y no se haya iniciado la distribución del remanente.
La compañía fue sancionada con $ 220 millones, luego de que la Superindustria evidenciara fallas en la calidad del servicio posventa a los consumidores.
La Corte Constitucional dio a conocer el fallo sobre el aborto, precisó por qué es procedente un pronunciamiento de fondo a pesar de la Sentencia C-355/06.
Corresponde al juez laboral, no al de tutela, determinar quién es el titular de la sustitución de la pensión.
La primera dama como gestora social no desempeña un cargo público, ni tiene la calidad de servidora.
La Resolución 244 del 2019 no excluyó expresamente las sillas de ruedas manuales, por lo cual se entiende expresamente incluidas en el PBS.
Han trascurrido 22 años desde que se dispuso la obligación a la Superintendencia de Notariado y Registro y la entidad ha incumplido con el mandato.
El Consejo de Estado estudió un caso en el que se nombró a una funcionaria sin cumplir con los requisitos para el cargo.
Entes territoriales no pueden excusar su responsabilidad alegando que la comunidad que sufre el riesgo es responsable de su causación, pues nada exonera a la autoridades del cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales.
Exequible por garantizar la dignidad y bienestar de las personas condenadas.
La Sentencia C-218/15 declaró inconstitucional la fórmula prevista por la Superintendencia de Puertos y Transporte.
El criterio para determinar la inscripción considera, entre otros factores, la realización de la actividad económica.
La segunda jornada electoral para definir el próximo Presidente de Colombia se llevará a cabo el próximo 19 de junio.
La Corte Constitucional expresó preocupación porque se utilizan mecanismos de flexibilización laboral para evadir obligaciones con las trabajadoras en estado de embarazo.
La pretensión de usucapión del comunero respecto de las cuotas de los condueños para salir avante exige de un esfuerzo demostrativo mayúsculo por la especial condición que las caracteriza.
La Corte Constitucional ordenó el reconocimiento de la nacionalidad colombiana por adopción a un menor venezolano a cargo del ICBF desde hace más de dos años.
Para el demandante, la norma acusada vulnera el debido proceso y cinco artículos de la Constitución Política.
Dar prelación a la exigencia de convivencia plasmada en la ley o en la jurisprudencia constituye un escenario que revictimiza a quienes fueron afectados por hechos de violencia.
Declaran la inexequibilidad por violación de la unidad de materia al vulnerar las competencias de los Concejos Municipales y Distritales.
En todo caso, deberá presentar su renuncia y la misma ser aceptada antes de la inscripción de su candidatura.
Ordenan al INS y al Ministerio de Salud modificar el lineamiento técnico para la selección de donantes de sangre en Colombia.
La Auditoría General fijó el puntaje crítico o punto de corte en 70 puntos.
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado se pronuncia sobre esta posibilidad de fusionar ante inquietud del Ministerio de Hacienda.
Cuando las condenas impuestas superen la cuantía del proceso de única instancia esto debe tenerse en cuenta al momento de pronunciarse sobre recurso de apelación.
Conforme a la protección de los derechos de las personas de la tercera edad, la aplicación del principio iura novit curia y de la tutela judicial efectiva se reconoce pensión de jubilación a persona sin estatus pensional.
La Organización de Estados Americanos le otorgó este reconocimiento, que le permite continuar con la protección de derechos humanos y garantías judiciales.
Este registro permite conocer el número de personas en situación de discapacidad y sus condiciones de vida.
Existen amenazas como la estigmatización del sector empresarial en el discurso oficial, el exceso en la potestad reglamentaria y el desconocimiento de la seguridad jurídica y la confianza legítima.
Es contrario al respeto a la dignidad humana que un médico ordene el suministro de insumos y no cumpla con las obligaciones que le corresponde realizar para materializarlo.
Una vez se publique la lista de elegibles definitiva, el provisional deberá ser retirado o, si es prepensionado, ser reubicado si es posible.
La Corte Constitucional consideró que debe continuar con la articulación progresiva de los procesos para la atención educativa a la diversidad de estudiantes.
Se deberá pedir perdón públicamente al pueblo Wounaan, por el daño causado durante su desplazamiento.
La Corte Constitucional admitió la acción contra el artículo 39 (parcial) de la Ley 2200 del 2022, sobre la organización y funcionamiento de los departamentos.
El juez se dirigirá al superior del responsable del agravio y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el procedimiento disciplinario.
La autonomía indígena no puede afectar el núcleo esencial del principio del interés superior de una menor de edad víctima.
De acuerdo con el demandante, la norma acusada viola el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía individual contenida en el principio de dignidad humana.
Si existen dudas sobre la relación laboral que causó las cotizaciones le corresponde a los jueces laborales decretar pruebas de oficio para aclarar los hechos.
Cuando la captura se produzca o prolongue con violación de las garantías constitucionales o legales el funcionario debe ordenar su libertad.
El Congreso deberá superar el vacío normativo que existe para el caso de estos contratos: Corte Constitucional.
De acuerdo con el demandante, el Congreso se extralimitó en sus funciones al adicionar descuentos al seguro obligatorio de accidentes de tránsito.
El derecho fundamental al ‘habeas data’ procura al máximo su protección, incluso en situaciones de crisis o emergencias sanitarias derivadas de una pandemia.
De acuerdo con el demandante, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no hace parte del Gobierno.
Es legal que el DNP vigile y controle la correcta utilización de los recursos con el fin de constatar se cumplan con los objetivos que les ha trazado la Constitución y la ley.
La Corte Constitucional admitió la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 91 (parcial) de la Ley 388 de 1997.
La Corte Constitucional admitió una demanda contra los nueve artículos de la Ley 2181 del 2021.
Para el actor, la norma quebranta el principio de igualdad, el de unidad material y el derecho al debido proceso.
Exigir pruebas que resultan desproporcionadas e irrazonables vulnera derechos fundamentales del menor.
El Ministerio Público conceptuó sobre disposiciones que desconocen el principio de responsabilidad personal, al contemplar sanciones para los propietarios de automóviles.
Se tuvo en cuenta que la multa se encuentra dentro del máximo legal permitido y su recurrencia en la falta.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia explicó cómo se ostenta está posición respecto al deber de cuidado de un bien jurídico protegido.
Es potestad exclusiva del Congreso de la República fijar, entre otros elementos del tributo, las tarifas.
La accionante considera que hay vulneración del derecho a la igualdad de los contribuyentes sometidos al régimen de precios de transferencia del artículo 714 del Estatuto Tributario.
Según el accionante, la norma cuestionada desconoce los principios de legalidad y de tipicidad de los delitos.
Los concejales son servidores de elección popular directa que no tienen la calidad de empleados públicos.
Según el demandante, la garantía de doble conformidad para altos funcionarios vulnera el principio de igualdad.
Los accionantes consideraron que algunos artículos de la Ley 35 de 1989 desconocen el principio de legalidad y el de culpabilidad.
El objetivo es impactar positivamente la calidad de vida de los ciudadanos y la competitividad del país.
De acuerdo con la Ley 1123 del 2007, no es posible desistir de los procesos disciplinarios, así el quejoso y el disciplinado hayan llegado a un acuerdo conciliatorio.
Demandan prohibición para inscribir candidaturas en caso de haber sido avalado previamente por partidos políticos.
Al estudiar una acción de tutela, la Corte Constitucional precisó las subreglas para aplicar enfoque de género en casos de violencia intrafamiliar.
El reconocimiento de honorarios a los concejales está supeditado constitucional y legalmente a la asistencia comprobada a las sesiones.
Los demandantes indican que la multa por rechazo del recurso vulnera los derechos a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
El consumidor de vivienda puede ejercer la acción de responsabilidad solidaria, generada por garantías legales y la protección por producto defectuoso.
Ya son tres las acciones de inconstitucionalidad que admite la Corte Constitucional en contra de la Ley 2197 del 2022.
Antes de autorizar la desvinculación del sistema educativo de un menor de edad se deben tramitar ante las autoridades los auxilios para que continúe sus estudios formales.
Según la Corte Constitucional, repetir el mismo grado por segunda vez en la misma institución puede perjudicar el proceso formativo.
El Consejo de Estado analiza el cumplimiento de los presupuestos legales que se exigían para la imposición de medida privativa de la libertad.
Lo contrario sería afectar la integridad de la obra, así como ejercer censura.
El incumplimiento deriva de la insatisfacción del pago en el tiempo debido, la mora exige adicionalmente la concurrencia de culpabilidad del deudor.
La Corte declaró constitucional el financiamiento del presupuesto máximo que transfiere la ADRES.
El consumidor tendría derecho a que el empresario ponga a su disposición el bien por un precio considerablemente inferior al del mercado.
Recuerdan que efectos de fallos de tutela son interpartes.
Resulta impropio afirmar que por la vía jurisprudencial se puedan establecer nuevas causales de invalidez de las cláusulas compromisorias o modificarse el régimen de nulidades previamente existente.
Para su configuración, el servidor público debe estar consciente de que su actuar es típico y que la ley le impone el deber de actuar; no obstante, decide no hacerlo.
Capacitación en nociones básicas dependerá de lo que prevea cada establecimiento educativo en su PEI.
La protección incluye no solo el traslado, sino la actividad diligente que minimice la exposición de la persona a la contingencia.
La Corte resolvió si en la norma demandada el legislador desconoció el principio de unidad de materia.
A partir de la entrada en vigencia de la Ley de Borrón y Cuenta Nueva, el reporte se debe efectuar en un plazo máximo de 18 meses.
La figura de verificación del cumplimiento de un fallo de acción popular no comparte características similares a las de los auxiliares de la justicia.
El alto tribunal constitucional explicó cuándo no se incurre en el delito de ayuda al suicidio.
Es obligación constitucional darles un trato preferencial previo a nombrar a quienes superaron el concurso de méritos.
El Consejo Superior de la Judicatura, en cumplimiento a la Sentencia SU-067, dio a conocer el cronograma completo de la convocatoria.
El Consejo de Estado recuerda que la acción popular se caracteriza por ser autónoma, dado que su objeto es la protección de derechos colectivos.
La nueva demanda de inconstitucionalidad ataca el artículo 132 de la Ley 2159 del 2021.
Es necesario que se mantengan a los empleados las condiciones salariales y prestacionales de su vinculación inicial.
La falta de autorización de gastos rembolsables para desplazamiento no puede llevar a una persona a prescindir de su esquema de seguridad.
Las instituciones educativas deben propender por la prestación del servicio en igualdad de condiciones para todos los educandos.
Recordemos que la Ley 2094/21 modificó el Código General Disciplinario para ajustar el ordenamiento a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la destitución de Gustavo Petro.
Los parientes civiles tienen vocación hereditaria y excluirlos de las consecuencias de la indignidad sucesoral desatiende el parámetro de igualdad familiar.
La Corte protegió el derecho fundamental al debido proceso en un caso de régimen de visitas de un menor que presuntamente fue víctima de abuso sexual.
No puede existir en el orden jurídico una normativa que contemple la pena de prisión perpetua dentro de su articulado, porque se encuentra proscrita.
La Sala Plena instó al Consejo Superior de la Judicatura y a la Universidad Nacional para que fijen con la mayor prontitud el nuevo cronograma de actividades del concurso.
Es un término acuñado en el siglo XIX, presente desde las primeras codificaciones civiles.
La Sala Plena se pronunció sobre los derechos al acceso efectivo a la administración de justicia y a la propiedad.
Será necesario acudir a la convocatoria del concurso de méritos para efectos de aclarar las condiciones y darle cumplimiento.
La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra unos apartes del Estatuto Nacional de Protección de los Animales.
Las causales de agravación contenidas en el artículo 104 del Código Penal aplican jurídicamente al homicidio preterintencional.
La entidad de manera potestativa podrá tomar como base el aumento establecido por el Gobierno Nacional para el salario mínimo.
Cuando un profesional asume una representación judicial le asiste el deber de atender con celosa diligencia los asuntos encomendados.
Uno de los componentes fundamentales del modelo de Estado social y democrático de derecho colombiano está en el derecho de los ciudadanos a ser elegidos en cargos sometidos al voto popular.
La Corte Constitucional explicó la figura de la declaratoria de imposibilidad del reintegro y la consecuente indemnización compensatoria.
La norma no exige requisito alguno en cuanto a la formación académica o profesional del representante.
Desconocimiento de prestaciones a empleados transitorios es contrario a los principios rectores de las relaciones laborales.
La Corte Constitucional resolvió 28 demandas que se presentaron contra el artículo 124 de la Ley 2159 del 2021.
Mantener a los familiares en la incertidumbre sobre el paradero de su familiar constituyó una violación de sus derechos: Corte Constitucional.
Los entes territoriales deben garantizar el suministro adecuado de alimentos a las personas que se encuentran detenidas en centros de detención transitoria.
Estas reservas, a su vez, pueden apropiarse para el mantenimiento, reparación, construcción o fabricación de bienes comunes, esenciales o no.
La Corte Constitucional precisa si procede en estos casos la acción de tutela o el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Resulta ilógico que una vez finalizada la relación laboral se condene al trabajador a recibir un vestido de labor que no necesita.
Explica la Corte cuándo se tiene derecho al reconocimiento y pago de pensión de sobrevivientes prevista en el Régimen General de Seguridad Social de la Ley 100 de 1993.
Es potestad de quien concede revisar si proceden y, en todo caso, adoptar medidas para no afectar los derechos fundamentales del empleado.
El artículo 216 Decreto Ley 19 del 2012 dejó sin efecto y sustento normativo al Consejo Asesor para la Profesionalización del Artista.
No se requiere de una palabra soez o de un insulto para lesionar la honra, el buen nombre o la intimidad y los sentimientos de una persona.
La Sala Civil precisó en impugnación de paternidad la excepción posesión notoria del estado civil de un hijo extramatrimonial.
Se explicó que la contabilización de cinco años comienza a correr a partir de la formulación del respectivo recurso extraordinario de casación.
Los efectos del pronunciamiento se difirieron a un año.
El coordinador de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia no logró que su solicitud de precluir el proceso fuera aceptada.
La Corte Constitucional reitera que las barreras administrativas no pueden vulnerar derechos fundamentales.
En todo caso, pueden abstenerse de inscribir el acto constitutivo cuando se omita alguno de los requisitos previstos en la Ley 1258 del 2008.
Esta decisión se tomó hasta que se resuelva una demanda de tutela que interpusieron sus presuntas víctimas contra el trámite administrativo.
Fue demandado el artículo 16 de la Ley 1996 del 2019.
La sentencia de primera instancia concluyó que al excongresista le es aplicable el principio de resolución de la duda en su favor para absolverlo de los cargos.
La configuración del defecto procedimental vulnera los derechos al debido proceso, la propiedad privada y de acceso a la administración de justicia.
La Corte Constitucional rechazó la solicitud de nulidad de la sentencia en el caso de la excongresista.
El Consejo de Estado declaró legales las competencias atribuidas al Ministerio de Transporte en el 2009 para la habilitación de los CEA.
La Corte declaró improcedentes las acciones de tutela presentadas por Colpensiones contra fallos que reliquidaron pensiones de exfuncionarios de la Rama Judicial.
Trata sobre la designación del ingeniero civil como profesional idóneo para desempeñar el rol de ingeniero geotécnico en la construcción sismo resistente.
El desafío para la producción de libros académicos gira alrededor de cómo investigar desde una perspectiva que conecte al Derecho con los dramas sociales sin que sus aspectos dogmáticos clásicos pierdan relevancia.
La Corte Constitucional consideró que el asunto versaba sobre asuntos de carácter económico y pretendía emplear la acción de tutela como tercera instancia.
En la reliquidación de la pensión de jubilación deben tenerse en cuenta factores salariales incrementados por la homologación y nivelación salarial.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó una decisión en favor de un abogado por duda probable.
Hay plazo para comentarios hasta el 7 de mayo.
La participación de los miembros de esta junta directiva será ad honórem.
Por la situación personal de la accionante, se vulneraron sus garantías fundamentales al no reprogramar la fecha del examen.
La Corte Constitucional, en enero, había dado a conocer el comunicado esta importante decisión frente a la seguridad de las personas desmovilizadas.
No es posible incorporar una disposición estatutaria en una ley de presupuesto, pues se afecta el principio de frenos y contrapesos.
La Corte Constitucional ordenó publicar una sentencia relacionada con la inembargabilidad de los recursos del SGSSS.
La Corte Constitucional instó a actuar con debida diligencia en el trámite de los procedimientos que le corresponde adelantar para el acceso a la pensión de invalidez.
Sobre la interceptación de comunicaciones se precisa cómo procede la identificación de los intervinientes.
La decisión se adopta como resultado del control previo, automático e integral que la Constitución Política establece en los artículos 153 y 241.8.
Declaran improcedencia de una acción de tutela, pues no hubo vulneración del principio de la doble conformidad.
Las utilidades netas generadas por el Grupo Bicentenario ascienden a $ 2.040.329,29 millones.
Recuerdan obligatoriedad del reconocimiento previo por la autoridad judicial competente como requisito ejecución del laudo.
Consideran los accionantes que se vulnera el principio de reserva de ley estatutaria.
Explican cómo se configura este tipo disciplinario abierto en la prestación de servicios profesionales.
Como sustento de la nulidad se precisa diferencia entre derecho adquirido y una situación jurídica aparentemente consolidada.
Explican si el concurso público de méritos no es aplicable como mecanismo de selección para etnoeducadores afrocolombianos y raizales.
La Corte Constitucional admitió un demanda contra el artículo 132 de la Ley 2159 del 2021.
Consejo de Estado recuerda las características de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos.
La Sala Laboral amparó a empleados que fueron despedidos cuando tenían fuero, aun cuando estaban contratados por intermediarios.
La Corte Constitucional recuerda que se debe aplicar la jurisprudencia sobre tener en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración del estado de invalidez.
Corte declara inconstitucionalidad del incremento del 20 % anual de la prima de localización para empleados del SENA, por desconocer el principio de movilidad salarial.
La Sección Cuarta del Consejo resuelve solicitud de nulidad sobre la existencia de límite temporal de posesión de los activos que son objeto de saneamiento.
La Corte Constitucional admitió demanda de inconstitucionalidad en contra del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Corte Constitucional admite demanda de inconstitucionalidad contra el literal c) (parcial) del numeral 2 del artículo 10 del Estatuto Tributario.
La Corte Constitucional revisa el debido proceso en lanzamiento por ocupación de hecho de una asociación asentada en playones comunales.
En caso de que al momento del disfrute el servidor cuente con un nuevo salario, las vacaciones deberán ser reliquidadas.
Frente al proceso de responsabilidad civil que se les adelantó en su contra, el alto tribunal protegió sus derechos fundamentales.
La Corte Constitucional admite demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 68 (parcial) de la Ley 2010 de 2019.
La Corte Constitucional estudió el caso de un presunto defecto procedimental por vulneración del derecho a la defensa técnica.
La declaratoria de nulidad del acto administrativo no conlleva automáticamente que el juez ordene el restablecimiento del derecho o la reparación del daño.
Los servidores públicos están inhabilitados para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con entidades estatales.
La Corte Constitucional recuerda cómo se configura la responsabilidad del Estado por daños sufridos por miembros de la fuerza pública con ocasión a la prestación de sus servicios.
La Corte Constitucional examinó el Acuerdo entre la República de Colombia y el Banco Europeo de Inversiones sobre el establecimiento de una Representación Regional.
La Corte Constitucional admitió una demanda contra el inciso primero y los numerales 2 y 6 del artículo 43 de la Ley 2197 del 2022.
La Corte Constitucional protege los derechos a la igualdad y no discriminación y a vivir una vida libre de violencias de una embarazada.
Se vulneró el derecho a la salud por mantener al condenado privado de su libertad en una estación de policía.
El Consejo de Estado precisó los eventos en los que el juez podrá decretar medidas cautelares en los procesos declarativos.
Esta partida no constituye factor salarial y comprende desayuno, almuerzo, cena y un refrigerio denominado estancia.
El jefe de la entidad u organismo puede suscribir el acto de convocatoria, como manifestación del principio de colaboración armónica.
Estudió una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 3 (parcial) y 7 de la Ley 2024 del 2020, sobre pago en plazos justos en el ámbito mercantil.
El déficit normativo no puede vulnerar los derechos fundamentales que dependan directamente del pago de la prestación económica.
Son presentadas varias demandas de inconstitucionalidad contra artículos de la Ley 2197 del 2022.
Salvo cuando se trate de aquellos usuarios del nivel uno del Sisbén, donde algunas condiciones se presumen, aseguró la entidad.
La Sala Civil confirma la sentencia que negó la tutela de un hombre que pedía anular la decisión que declaró a su hija en adopción.
Las personas privadas de la libertad que padecen enfermedades mentales deben ser valoradas para determinar si su condición de salud les permite permanecer en un centro de reclusión o deben ser remitidas a centros especializados.
El Decreto 1083 del 2015, sobre terminación del contrato de trabajo, señala que el mismo termina por expiración del plazo pactado o presuntivo.
La Sala Laboral explica que el hecho que contra el trabajador se haya adelantado una investigación penal no puede servir de parámetro para determinar conveniencia del reintegro cuando el proceso penal culmina con una sentencia absolutoria.
Según expertos, extender los plazos de respuesta limitó gravemente el derecho de formular peticiones.
Se presenta demanda contra aparente trato discriminatorio directo en contra del género masculino, al otorgar posibilidad a las mujeres de escoger si prestan el servicio militar obligatorio.
Es necesario que la entidad realice un proceso de reestructuración de la planta de personal que le permita suprimir y crear nuevos empleos.
Acción pública de inconstitucionalidad en contra del numeral 5 del artículo 147 de la Ley 65 de 1993, al considerar que desconoce la garantía de igualdad constitucional.
Quienes ocupan empleos de manera provisional deben renunciar al empleo que desempeñan para poder posesionarse en periodo de prueba en otra entidad.
La Corte Constitucional extendió la declaración del estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario de la Sentencia T-388/13 para cubrir también a las personas privadas de la libertad en los centros de detención transitoria.
Valor probatorio a grabaciones realizadas por el quejoso sin contar con el consentimiento del disciplinado, bajo el argumento proveniente del derecho penal de que fueron hechas por quien resulta perjudicado con la conducta.
Regulación tras regulación, el Estado no se ha puesto al día en el pago de las condenas judiciales originadas en procesos de reparación directa.
La Corte Constitucional se pronunció sobre la afectación directa por la instalación de antenas de telecomunicaciones y el deber de adelantar el trámite consultivo a la comunidad negra.
La solicitud del servicio puede ser realizada por la persona con discapacidad, por un tercero perteneciente o no a la red de apoyo o por una autoridad judicial.
¿Estás pensando en cursar un posgrado en Derecho, pero no tienes la seguridad de hacerlo en el país? ¿Te preguntas cuál es el lugar más idóneo o si vale la pena la inversión en comparación con otros programas en el exterior?
Corte Constitucional amparó derechos de una ciudadana a quien un infarto cerebral le ocasionó una pérdida de capacidad laboral del 67,1 %.
