La sola denuncia en sí mismas es insuficiente para dar por probada la configuración de la causal de nulidad de comisión de práctica corruptas.
La CNDJ redujo la suspensión en el cargo de tres meses a solo uno.
La norma no dispone una regla de conteo, por lo que en cada caso debe tenerse en cuenta el carácter de la obligación.
Consejo de Estado precisa las reglas aplicables al proceso de convocatoria pública para la selección de contralores.
La reposición de aportes busca recobrar el valor económico de los aportes efectuados al capital social.
Consejo de Estado se pronunció sobre la responsabilidad disciplinaria de un docente estatal por incumplimiento de las obligaciones contractuales académicas.
Consulta únicamente procede cuando se trate de sentencias o providencias que pongan fin de manera definitiva a la actuación y no se interponga recurso de alzada: CNDJ.
La figura de los convenios es concebida como una forma de gestión cooperada de competencias administrativas: Consejo de Estado.
La reposición de aportes busca recobrar el valor económico de los aportes efectuados al capital social.
No cualquier defecto procesal tiene el poder de afectar la presunción de legalidad que ampara dichos actos administrativos.
Existe falla en la prestación de los servicios públicos cuando hay incumplimiento en la prestación continua y de buena calidad.
La audiencia de juicio oral será la excepción a la regla: Corte Constitucional
El uso de la doctrina del acto aclarado disminuye los tiempos que empleará el juez nacional para poder pronunciarse frente a litigios que involucren la aplicabilidad de la normativa andina.
El incumplimiento de una unidad habitacional no implica el incumplimiento y consecuente suspensión para todas las demás.
La norma solo establece una cotización mínima de cuatro semanas inmediatamente anteriores al inicio de la incapacidad.
La CNDJ estudió el caso de un jurista que asumió las labores encomendadas en sociedad con un tercero, el cual no era abogado.
La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 3º (parcial) del artículo 240 y el parágrafo 1º (parcial) del artículo 115 del Estatuto Tributario.
La DIAN adicionó el concepto unificado sobre obligación de facturar y sistema de factura electrónica.
El Consejo de Estado, en una acción de nulidad electoral, se excedió el alcance del artículo 149 de la Constitución Política.
En todos los casos los socios, copartícipes, asociados, cooperados, comuneros y consorciados responderán solidariamente por los impuestos.
Corresponde a la garantía legal la entrega material del producto y, de ser el caso, el registro correspondiente.
Tiene características fiscales, al ser determinado legalmente para el funcionamiento público.
El contratista podrá ser candidato a la alcaldía de un municipio si la ejecución de su contrato debió llevarse a cabo en otro municipio.
El juez de tutela podría analizar si se logra la reincorporación laboral del usuario o, en su defecto, la declaración de invalidez.
A partir del 29 de junio del 2023, no es posible celebrar convenios y contratos interadministrativos para la ejecución de recursos públicos.
Abogados penalistas señalan que la Corte Constitucional revisa un polémico artículo sobre la realización de audiencias de manera presencial.
La obligación de la compañía de seguros está condicionada a la existencia de la obligación de la contratista, no a la inversa: Consejo de Estado.
El tiempo máximo varía según los requerimientos de cada paciente para realizar el diagnóstico correspondiente.
El hecho de que los conceptos que hacen parte de la operación económica se facturen de manera separada no modifica la obligación que tiene el vendedor frente al IVA.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la suspensión por trasgredir el deber consagrado en el numeral 1° del artículo 153 de la Ley 270.
El costo del medidor deberá ser asumido por el usuario bien en la factura del respectivo servicio o en el contrato de compraventa.
Si el funcionario adquirió su estatus de pensionado antes del 1º de julio del 2009, la UGPP es la encargada de otorgar la pensión.
A diferencia de la caducidad, la prescripción es renunciable, se puede interrumpir y no puede ser declarada de oficio.
En el entendido de que se trata de un recurso extraordinario y la sentencia está debidamente ejecutoriada.
Se podrá solicitar la comparecencia del perito a la audiencia de pruebas, diligencia en la que podrá ser interrogado sobre su idoneidad e imparcialidad y sobre el contenido del dictamen rendido.
Autorización exclusiva a los ingenieros civiles para las tareas de diseño y revisión de diseños de construcciones estructurales sismorresistentes es ausente de discriminación.
La norma acusada no vulnera el principio de autonomía de la voluntad privada y libertad contractual, toda vez que es una medida razonable y proporcionada.
Los prestadores están facultados por el artículo 352 de la Ley 1819 del 2016, lo cual debe estar debidamente discriminado en la factura.
No se prohíbe que pueda indexarse el monto de la indemnización a efectos de traer a valor presente una suma pasada aplicando los índices de precios certificados por el DANE.
Estructuración de la pérdida de la capacidad laboral se debe generar antes del fallecimiento del causante.
Corte Suprema precisó la competencia para audiencias preliminares de integrantes de grupos delictivos organizados (GDO) y grupos delictivos organizados (GAO).
Cuando el contradictorio no se encuentra debidamente integrado se configura la excepción prevista en el numeral 10 del artículo 100 del Código General del Proceso.
El prestador puede establecer plazos inferiores en el contrato de servicios públicos y proceder con la suspensión del servicio.
La expulsión no implica la pérdida de investidura, pero las curules no pertenecen a los elegidos, sino a las colectividades que los avalaron.
Si la inhabilidad no es taxativa para el encargado, no es dable aplicar lo previsto para el desempeño del empleo en titularidad.
Cuando el porcentaje correspondiente a uno de los partícipes de un ACC no es proporcional a la cuota de beneficios que espera obtener en el acuerdo.
Admiten demanda contra expresión del Código General del Proceso porque impide que los demandados en procesos de expropiación judicial presenten excepciones.
Los efectos del incumplimiento solo podrán ser determinados por el legislador y no lo ha hecho hasta la fecha.
La legislación comercial solo previó este tipo de operaciones entre sociedades comerciales.
El inciso segundo del artículo 145 de la Ley 1437 de 2011 permite interponer el medio de control de perjuicios causados a un grupo contra actos administrativos.
No podrán ser elegidos, entre otros, los servidores públicos o miembros de la juntas y consejos directivos de las entidades públicas.
Al decretarse la inexequibilidad de la norma creadora del impuesto solidario se presenta carencia de fundamento jurídico del concepto: Consejo de Estado
Los informes financieros deben colocarse a su disposición antes de la asamblea, para que con base en ello se revisen los libros y registros.
Cámara de comercio puede abstenerse de proceder con la inscripción del acta si la misma no cuenta con la firma del representante legal.
La magistrada no registra una tasa aceptable de salidas efectivas de sentencias en sede de segunda instancia.
Corresponde a los prestadores incluir en su programa de trabajo aspectos sobre la separación en la fuente, horarios y frecuencias.
De acuerdo con la Constitución, el requisito de residencia para ser diputado consiste en haber residido en la respectiva circunscripción electoral durante el año anterior a la fecha de elección.
Se mantiene la restricción del consumo de sustancias sicoactivas en parques y en espacios públicos para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
A través de la red oficial de correos o de cualquier empresa de servicio de mensajería debidamente autorizada, diligencia que se perfecciona siempre que se entregue una copia del acto correspondiente.
El plazo o tiempo que dura el proceso de sucesión o partición de herencia depende de si se realiza ante notario público o ante un juez.
Ante la falta del segundo, el primero debe responder por las cargas laborales.
Siempre que al contribuyente se le brinden oportunidades para su defensa, lo que incluye la posibilidad de contraponer a las pruebas recaudadas aquellas que le servirían para desvirtuar las incorporadas por la autoridad.
La reserva legal otorga la facultad de oposición a un comerciante de exhibir a terceros sus libros de comercio.
La Corte Constitucional admitió la demanda contra el artículo 3° de la Ley 2066 del 2020, en la que se establecen condiciones especiales para la normalización de cartera.
Una jueza fue suspendida por ignorar el carácter preferente de las acciones de tutela al retardar la decisión sobre el amparo sin justificación.
El abogado manifestó que renunciaba al poder por diferencias de criterio con su cliente.
Si la Fiscalía no efectúa una investigación integral y no allega prueba que sustente la acusación no la puede trasladar al sujeto pasivo de la acción penal: Corte Suprema.
Se puede inferir el estado de salud del empleado siempre que sea notorio, evidente y perceptible, precedido de los elementos que constaten la necesidad de protección.
Si la norma prevé una facultad o su ejercicio es discrecional no prosperan las pretensiones de la acción de cumplimiento.
Ante el cumplimiento tardío en la presentación y pago de las declaraciones tributarias, el contribuyente pierde el beneficio de progresividad consagrado en el artículo 4 de la Ley 1429 del 2010.
Para cumplir su función, la distintividad debe indicar el origen empresarial, calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor: Consejo de Estado.
El contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral: Consejo de Estado.
Al fijarse honorarios se deben cumplir con criterios de justicia, equidad y honradez.
El Consejo de Estado se pronunció sobre la responsabilidad del Estado por falla del servicio y si hay ausencia de imputación por las circunstancias de modo que rodearon la muerte de la víctima.
El término de caducidad es un presupuesto procesal que debe cumplirse y no constituye una simple formalidad.
La condena se generó por el beneficio convencional de reajuste de la mesada pensional contenido en la convención suscrita entre Universidad de Antioquia y el sindicato de trabajadores de la universidad entre 1976 y 1977.
Con dicho proceder no se vulnera el derecho al debido proceso, todo lo contrario, la actuación administrativa consulta los principios de economía, celeridad y eficiencia.
En el caso bajo estudio, durante el tiempo en que el abogado actuó como apoderado no le informó al cliente ni siquiera el número de radicado del proceso.
De acuerdo con la demanda, la expresión acusada vulnera los artículos 340 y 324 dela Constitución.
La Corte Constitucional encontró una afectación directa sobre las comunidades indígenas al convertir en municipios las áreas no municipalizadas, sin prever presencia de territorios indígenas.
Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 15 (parcial) de la Ley 2251 del 2022, Ley Julián Esteban.
Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 15 (parcial) de la Ley 2251 del 2022, Ley Julián Esteban.
La Corte Constitucional declaró inexequible la causal de cancelación de la cédula de ciudadanía por adquirir carta de naturaleza en otro país.
Explican el procedimiento de liquidación oficial de revisión de valor
Cuando muere el afiliado su compañero permanente no está obligado a acreditar una convivencia mínima de cinco años para ser beneficiario de la pensión de sobrevivencia.
Si la voluntad del legislador hubiera sido limitar el número máximo de semanas de cotización lo señalaría de manera expresa: Corte Suprema.
El juez debe intervenir cuando la demanda para pedir la división material de la cosa común o su venta no contiene un peritaje por causa ajena al demandante.
Las normas no evitan el cobro de valores tributarios causados con posterioridad a la fecha de iniciación de la negociación, por el contrario, ordenan que se priorice su pago en un futuro.
Al declarar la inexequibilidad de un inciso del artículo 53 de la Ley 1922 del 2018, la Corte Constitucional ratifica la competencia privativa de las secciones de revisión y de apelación.
Para la Corte Constitucional, el trámite de aprobación de la Ley 2099 del 2021 no violó los principios de publicidad y consecutividad y no incurrió en vicios de procedimiento.
Para la Corte Constitucional, la expresión contenida en el artículo 42 de la Ley 361 de 1997 vulnera los derechos a la dignidad humana y a la igualdad de este colectivo.
La Superintendencia de Industria y Comercio podría culminar el proceso de manera anticipada si las aerolíneas acogen lo solicitado.
El hecho de que los signos cotejados tengan terminaciones diferentes hace que su pronunciación y fonética sean distintas.
Confirmó la CNDJ la sentencia que declaró disciplinariamente responsable a juez de paz que vulneró flagrantemente el derecho de al debido proceso de un ciudadano.
Consejo de Estado explicó cómo se identifica el sujeto pasivo de la contribución de valorización.
Ello le compete al juez de lo contencioso administrativo en sede del medio de control que se adecúe a las pretensiones que procure la parte demandante.
Es claro que la extensión o agravación del daño con el paso del tiempo no le otorga el carácter de continuado o de tracto sucesivo: Consejo de Estado.
De acuerdo con la demanda, la contribución acusada es inconstitucional porque su trámite legislativo se vició por falta de debate y transparencia de lo regulado por dicha norma.
Existen actuaciones que por su naturaleza se encuentran desprovistas de la calificación de acoso laboral, como lo señala el artículo 8 de la Ley 1010 del 2006.
El trámite de reconstrucción del proceso previsto en el artículo 126 del Código General del Proceso constituye el mecanismo judicial idóneo frente a la pérdida total o parcial de un expediente.
El desempeño de esos cargos es una razón válida constitucionalmente para establecer un trato diferencial entre quienes ocupan dichas posiciones de privilegio y los demás empleados: Procuraduría.
El magistrado Octavio Augusto Tejeiro salvó el voto y manifestó que la prueba de la calidad de compañero permanente para demandar alimentos no es solemne.
La decisión se basó en la prevalencia del derecho sustancial y para garantizar el derecho fundamental a la seguridad social del cónyuge sobreviviente.
Procede devolución del IVA pagado por universidad por concepto de servicios de salud, suministro de medicamentos, servicios de óptica, entre otros.
Para la Procuradora General, es una medida que impide consultar la capacidad contributiva del sujeto pasivo, ya que se incrementa la base gravable del impuesto sobre la renta.
Corte Suprema precisa quiénes están legitimados para reclamar pensión de sobrevivientes o devolución del saldo por pensión de sobrevivientes.
No puede desconocerse el carácter de servicio público al transporte terrestre especial de personas, porque el precio no está regulado por el Estado o no se sujeta a horarios o rutas.
A empleados que ocupan cargos en plantas temporales no se les debe dar tratamiento de servidores de carrera administrativa ni de libre nombramiento y remoción.
La CNDJ confirmó la sentencia que declaró disciplinariamente responsable al auxiliar de la justicia y lo sancionó con multa e inhabilidad para ejercer empleo público.
De acuerdo con la demanda, la norma vulnera los principios de progresividad tributarias, equidad y eficiencia.
Al exigir el dictamen de pérdida de capacidad laboral se desconoció la línea jurisprudencial que señala que en este tipo de asuntos opera por regla general el principio de libertad probatoria.
La competencia está atribuida a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en virtud de los factores subjetivo y funcional.
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Si la Administración no lo tiene en cuenta vulnera el artículo 29 de la Constitución Política.
La publicación parcial impide la consulta íntegra para que sea oponible, se afecta el principio de publicidad y el debido proceso: Consejo de Estado.
El juez constitucional no puede intervenir si el trámite ordinario previsto por la ley para proteger el derecho al ‘habeas data’ se encuentra en curso.
Las competencias del alcalde en materia presupuestal se encuentran altamente restringidas en virtud del principio de legalidad del gasto.
De la cual solo podrá exonerarse el demandado demostrando la existencia de fuerza mayor, caso fortuito o una causa extraña.
El medio de control idóneo que tienen los estudiantes de una universidad pública para reclamar por los incumplimientos de las condiciones ofrecidas en el pensum académico de su carrera es la acción de controversia contractual.
La CNDJ confirmó la exclusión de la profesión de un abogado por infringir el deber descrito en el numeral 8º del artículo 28 de la Ley 1123 del 2007.
Ni la superintendencia ni el Presidente de la República podían incluir los gastos de inversión dentro del valor exigible a los sujetos destinatarios de la tasa.
La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 100 y 108 (parciales) de la Ley 1098 del 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia).
Deberá presentarse tanto en los casos de los proyectos de ley, ordenanza o acuerdo que pretendan crear directamente una entidad descentralizada.
Vulneración del derecho por desconocimiento del precedente jurisprudencial, relativo a la inaplicabilidad de la terminación del proceso por desistimiento tácito cuando la inactividad proviene de una omisión del juzgado.
No se infringe el debido proceso por rechazar unos costos originados en operaciones económicas inexistentes en el marco de un procedimiento de revisión: Consejo de Estado.
La confesión como medio de prueba se encuentra debidamente regulada por el Código de Procedimiento Penal y, en virtud de la Ley 1123 del 2007, resultan aplicables en materia disciplinaria.
La CNDJ confirmó que el auxiliar de justicia en su calidad de secuestre incurrió en la falta gravísima, por lo que procedía inhabilidad general para ejercer empleo público.
Corte admitió una demanda de inconstitucionalidad en contra el artículo 42 de la Ley 2199 del 2022.
Causa gran incertidumbre jurídica el hecho de permitirle al servidor público interponer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho sin perjuicio del trámite del control automático de legalidad.
De otro modo se dejarían desamparados a quienes sufren lesiones que requieren dichos servicios y cuya incapacidad no alcance el porcentaje de ley para obtener la mencionada prestación.
La doble militancia es una figura que se contempla exclusivamente frente a quienes tienen la condición de candidatos y no alrededor de personas que hagan parte de una consulta llamada a elegir a un aspirante para una contienda electoral.
La ordenación del territorio no es una función exclusiva de los municipios, sino que confluyen en la materia competencias nacionales, regionales, departamentales, municipales y distritales.
Inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas procede únicamente en condenas por delitos que hubieren afectado el patrimonio público.
Sin embargo, los actos contractuales, al igual que ocurre con los contratos regidos por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, se deben demandar en ejercicio del medio de control de controversias contractuales. (C.P: Alberto Montaña
Corte Constitucional admitió demanda en contra del artículo 6° de la Ley 2283 del 2023.
La información que puede entregarse a una autoridad administrativa sin la autorización del titular de los datos personales es aquella que corresponde a datos públicos.
No todas las afirmaciones pueden ser cobijadas por el derecho a la libertad de expresión cuando estas transgreden el buen nombre y la honra del funcionario: CNDJ.
De conformidad con el numeral 3º del artículo 488 del Código General del Proceso, es requisito de la demanda indicar el nombre y la dirección de todos los herederos conocidos.
El elemento temporal de la doble militancia en la modalidad de apoyo como causal de nulidad debe advertirse desde que el demandado inscribió su candidatura hasta el día de las elecciones.
Son tres las alternativas que establece el Estatuto Tributario para reclamar saldos a favor previamente rechazados por la Dian
La alta corporación protegió los derechos de una mujer indígena a tener una vida libre de violencia de género y a la libertad de expresión.
De acuerdo con la demanda, la expresión acusada es flagrante y manifiestamente inconstitucional, pues, en principio, la Constitución impone la aplicación del debido proceso que integra en sí los principios de culpabilidad y de imputación.
El Club de Futbol Millonarios deberá reintegrar al futbolista y pagar el salario integral dejado de percibir, tras declarar ineficaz su despido por ser discriminatorio.
La CNDJ decretó la nulidad de lo actuado a partir del pliego de cargos con el propósito de que se ajuste la pretensión disciplinaria.
Admiten demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 77 de la Ley 2277 del 2022, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social.
La Corte Suprema explicó que la conducta de contrato sin cumplimiento de requisitos legales abarca las fases de tramitación, celebración y liquidación del contrato.
En el concepto se señaló que no existe una razón suficiente para otorgarle un trato diferenciado a los individuos con capacidad de gestación que identifican su género de manera diversa.
Obviar la ritualidad que la ley prevé para la notificación no es un asunto de mero formalismo, pues la notificación de la sentencia está intrínsecamente ligada con el debido proceso y, más concretamente, con el derecho de defensa.
De acuerdo con la demandante, en el Registro del Estado Civil de las personas debe estar lo relacionado con el estado civil que se adquiere cuando se declara la unión marital de hecho.
Son cuatro los requisitos que se deben demostrar para que se configure la acción de pertenencia de un inmueble.
Dividendos a pagar a los accionistas son un bien no corpóreo, por ende, carente de aptitud para ser declarado mostrenco.
Para concluir si el incumplimiento del requisito de socialización lleva a la nulidad, es necesario acudir al mecanismo de ponderación y determinar la transcendencia de la de la omisión.
De acuerdo con la demanda, las normas acusadas dejan de lado y sin protección normativa la expectativa y regulación del régimen pensional de las personas no binarias.
Corte admite demanda de inconstitucionalidad contra el literal g) (parcial) del artículo 13 de la Ley 1915 del 2018.
Incurre en el delito de prevaricato el servidor público que, con conocimiento y voluntad, profiere resolución, concepto o dictamen manifiestamente contrario a la ley: Corte Suprema.
La convención es un acto solemne, para cuya demostración es necesario aportar la prueba de haberse cumplido las formalidades integrantes de la solemnidad. Una de ellas es el escrito en que conste el acto, otro el depósito ante la autoridad del trabajo.
Cuando el abogado asume una representación judicial se obliga a realizar en su oportunidad una serie de actividades procesales en orden a favorecer la causa confiada a su gestión.
La DIAN emite concepto general sobre derogatorias de la última reforma tributaria, teniendo en cuenta diferentes interrogantes planteados.
Se destacan ajustes en los rubros para horas extra y vacaciones, arrendamientos de inmuebles, tiquetes, viáticos, esquemas de seguridad, entre otros.
Se le informó al consumidor que en el evento de no pasar el peritaje el vehículo objeto de compra se le devolvería el dinero.
De acuerdo con la demanda, las disposiciones acusadas atribuyen competencias al Fiscal General de la Nación que implica que no se observe las garantías constitucionales de imparcialidad e independencia.
Los jueces gozan de la facultad de apreciar libremente los medios de convicción para formar su convencimiento acerca de la existencia o no de un contrato laboral.
El derecho de petición solo se satisface cuando la persona que elevó la solicitud conoce la respuesta del mismo.
La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 6º de la Ley 2283 del 2023.
El bono pensional es una suerte de “capital de garantía” que solo se hace exigible cuando el beneficiario cumple las exigencias mínimas para su redención: Consejo de Estado.
Solo pueden ser objeto de investigación disciplinaria las actuaciones judiciales en donde el funcionario vulnera ostensiblemente el ordenamiento jurídico: CNDJ
Ninguna norma tributaria prevé la suspensión del procedimiento de fiscalización o de determinación tributaria por la eventualidad de la pérdida de los libros de contabilidad.
Hay inhabilidad para quien tenga vínculo por matrimonio o unión permanente con funcionarios que hayan ejercido autoridad.
El desconocimiento del derecho fundamental al debido proceso del IDU consistió en adelantar un incidente cuando el proceso ya se había terminado mediante sentencia.
Fue acertada la decisión de la autoridad administrativa, ya que el accionante no demostró que su invención representara un salto cualitativo en relación con la técnica existente: Consejo de Estado.
No es real o verídico y no está atado necesariamente a la determinación de un menor impuesto a cargo o de un mayor saldo a favor.
Esta inhabilidad busca impedir que la contratación con el Estado favorezca la campaña del contratista que aspira a dicho cargo: Consejo de Estado.
Rechazar la consulta no transgrede los derechos del disciplinado, ni constituye violación del debido proceso o exceso de rigorismo jurídico.
La CNDJ estudió la sanción impuesta a una juez al no remitir al superior jerárquico la recusación rechazada por ella.
La Ley 788 del 2002 establece exención de todo impuesto sobre auxilios o donaciones de gobiernos extranjeros destinados a utilidad común.
Sí, siempre que concurran los elementos estructurales o definitorios de esta fuente de la obligación de resarcimiento y que la producción del daño reclamado por quien lo haya padecido pueda imputarse o atribuirse directamente a sus actos.
El alto tribunal precisó las dos posturas adoptadas por las salas de la Corte para resolver estas controversias.
La presunción prevista en el artículo 263 del Estatuto Tributario admite prueba en contrario, por lo que el contribuyente puede aportar pruebas para demostrar que no contaba con la posesión a efectos tributarios de bienes.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial estudió el caso de un secuestre sancionado al haberse extralimitado en sus funciones.
El Decreto Legislativo 560 del 2020 estableció medidas especiales para los deudores afectados por el estado de emergencia por covid-19.
La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 6º de la Ley 2283 del 2023.
En caso contrario, la reclamación será rechazada por extemporánea y el prestador podrá exigir el pago del valor facturado.
Actos que se profirieren en ejercicio de una función administrativa están sujetos al control de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: Consejo de Estado.
El Ministerio Público manifestó que las disposiciones demandadas violan la Constitución, porque su indebida formulación lleva escenarios que están en contravía de los mandatos superiores.
El juez de paz debió permitir el ejercicio de la defensa antes de declarar el incumplimiento de la conciliación por una de las partes.
El empleado encargado tendrá derecho al sueldo de ingreso previsto para el empleo que desempeña temporalmente.
No se advierte que el auto que niega por improcedente una solicitud de comparecencia de peritos a la audiencia de pruebas este consagrado en el artículo 243 del CPACA.
La restricción cobija a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.
Los saldos insolutos que se generen entre el trámite de la liquidación y la aprobación de la partición estarán a cargo de la sociedad: Corte Suprema.
Uno de los criterios para calcular los costos administrativos son los gastos comerciales propios de la prestación del servicio.
Solo aquel error que por sus dimensiones no pudo haber sido cometido sino mediante total o crasa negligencia del sujeto que emite el acto podría ser juzgado.
Sin embargo, no es posible aprobar el proyecto de distribución de utilidades repartibles si no se han aprobado los estados financieros.
El delito se entiende consumado a partir de la exteriorización del primer acto desplegado por el servidor que haya surgido del elemento engañoso: Corte Suprema.
La sola denominación de cerveza no significa que se genere automáticamente el gravamen, porque el hecho generador del tributo lo constituye únicamente el consumo de bebidas alcohólicas.
Si bien el instituto educativo tiene la posibilidad de retener algunos documentos cuando se presenta una falta de pago, ello no lo exonera de analizar las circunstancias del núcleo familiar del niño.
El procesado colaboró dolosamente dentro del plan criminal al ocultar la manipulación que había sufrido el sistema con el fin de asignar ilícitamente a su despacho un expediente: Corte Suprema.
No se encontraron los presupuestos de la causal de inhabilidad para ser congresista por celebración de contratos con entidades estatales.
Por ende, el medio procesal para conocer sobre los conflicto originados en actos jurídicos que gestionan el objeto social de entidades regidas por el derecho privado es la reparación directa.
Se trata de solicitudes que cuentan con un término especial, el cual se podrá ampliar cuando se haya requerido la práctica de pruebas.
La suspensión de la inscripción en el RUT se da por orden judicial o administrativa declarada por autoridad competente.
