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Actualizado hace 1 hour | ISSN: 2805-6396

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Noticias / Constitucional


La Procuraduría General le pidió a la Corte Constitucional declarar inexequible la “ley de paz total”

03 de Abril de 2023

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En un concepto, la Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional tumbar la Ley 2272 del 2022, por medio de la cual se define la política de paz de Estado, se crea el servicio social para la paz y se dictan otras disposiciones.

 

La Procuraduría General de la Nación consideró que las disposiciones de la Ley 2272 del 2022 son inconstitucionales por violación del principio de consecutividad, así como que la regulación que permite a los disidentes de procesos de paz negociar nuevamente con el Gobierno Nacional y obtener beneficios sin limitaciones es contraria a los mandatos superiores. El Ministerio Público estimó que los apartes cuestionados del artículo 2º de la Ley 2772 del 2022 son inexequibles, porque su indebida formulación lleva a escenarios que están en contravía de los mandatos superiores que regulan la aplicación de los instrumentos de justicia transicional para alcanzar la paz.

 

En este sentido, se advierte que si bien el Ministerio Público reconoce el deber del Estado de propender por la finalización de la violencia en el país y, por ende, es consciente de la importancia que pueden llegar a tener las negociaciones como mecanismos para lograr dicho objetivo, lo cierto es que las políticas y planes que se propongan con tal propósito deben ser claros y precisos a efectos de que no haya duda de su consonancia con las disposiciones constitucionales. Por los anteriores motivos, La Procuraduría solicitó a la Corte Constitucional que declare la inexequibilidad de la Ley 2772 del 2022.

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional admitió una demanda que busca la inexequibilidad de los incisos finales del artículo 2º y los artículos 12 y 18 de la Ley 2272 del 2022, pues, de acuerdo con el actor, las normas cuestionadas contemplan vicios de procedimiento en su formación y desconocen el estándar constitucional y jurisprudencial de protección de los derechos de las víctimas (Demandante: Jorge Enrique Pava Quiceno). 

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