El cumplimiento de las disposiciones en la declaratoria de las APPA será de carácter obligatorio.

Ya el Gobierno Nacional ha dirigido sus intenciones a hacer obligatorias las áreas de protección para la producción de alimentos de iure.

Se presenta luego de fracasar la negociación entre administración y propietario, pero requiere una emergencia imprevista.

Estas áreas tendrán una jerarquía legal superior y garantizarán la protección del suelo productivo.

Está en nuestras manos ayudar a simplificar las transacciones derivadas de las atomizadas normas urbanísticas y promover el desarrollo del derecho transaccional inmobiliario y urbanístico.

La modificación prevista en el artículo 32 de la Ley 2294 del 2023, sumado a la jerarquización en el sistema de niveles, nos obliga a reflexionar sobre sus implicaciones e impactos.

El efecto plusvalía corresponde al mayor valor obtenido por cada predio como consecuencia de la acción urbanística de la entidad territorial.

Deben ser compatibles con la condición de espacio público y garantizar el uso, goce, disfrute visual y libre tránsito de la comunidad.

Actuar contrariando la ley no puede ser visto como una opción para reclamar la reparación de unos perjuicios.

Si bien las fases procesales de la expropiación agraria pueden percibirse como “burocracia”, son la garantía de los derechos de defensa del propietario.

Preocupa sustancialmente que la cosmovisión étnica comprometa el uso del suelo de todas las áreas del país.

Condicionan la exequibilidad del parágrafo 1º del artículo 19 de la Ley 2044 del 2020, que establece normas para el saneamiento de predios ocupados.

El fundamento del acto administrativo es la ejecución de proyectos de producción, ampliación, abastecimiento y distribución.

Es una previsión genérica del legislador ordinario dirigida al Gobierno, con el fin de diseñar los programas para acceder a créditos de viviendas de interés social.

Si revisamos los planes de ordenamiento territorial, encontramos que todos los municipios tienen previsto este instrumento como parte del desarrollo de sus proyectos.

Existen tres momentos que demarcan el nacimiento y el pago de la obligación económica: la causación, la liquidación y la exigibilidad.

La Corte Constitucional conoció de una demanda que argumentaba desconocimiento del procedimiento sobre impacto fiscal de los proyectos de ley que ordenen gastos.

De lo contrario se le impide al contribuyente ejercer su derecho de defensa y contradicción frente a las consideraciones de la Administración.

Quien no paga una multa está sujeto a que se le embargue el inmueble y de esa forma lo puede perder.

Debe darse cumplimiento previo a los procedimientos de concertación y consulta ciudadana ante cualquier modificación del POT, incluso en los casos que se tramiten de manera excepcional.

Es obligación de los alcaldes formular la revisión de los POT, según nuevas necesidades y realidades del territorio.

La expropiación por vía administrativa está sujeta a posterior acción contencioso-administrativa, incluso para controvertir el precio indemnizatorio.

Se refiere a la incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o la consideración de parte del suelo rural como suburbano.

La Corte Constitucional admitió la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 91 (parcial) de la Ley 388 de 1997.

Tanto los municipios como las mismas industrias han apostado al desarrollo de estas actividades en la periferia de las ciudades.

La entidad explica que la ausencia del requisito de la cédula catastral no representa un impedimento técnico de acceso a los servicios por temas operativos.

El estado de emergencia que vive el país por cuenta de la pandemia mundial de coronavirus se siente en todas las actividades, y el ámbito jurídico no es una excepción. Acudiendo al artículo 215 de la Constitución Política, el presidente Iván Duque ha dictado disposiciones para conjurar la crisis e...

Mientras estén incluidos dentro de la estructuración del proyecto y sean necesarios para su correcto desarrollo.

Minvivienda derogó las circulares 3000-E2-35743 y 3000- E2-53891 del 2004, expedidas por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Es urgente expedir un decreto legislativo para la construcción o ampliación de clínicas y hospitales.