El ministro de Vivienda, Camilo Sánchez, le hizo un llamado urgente al Congreso de la República para hacer serias modificaciones a la Ley de desarrollo Territorial y permitir una intervención efectiva del Gobierno a la hora de controlar, vigilar y acompañar la implementación de los planes de ordenamiento territorial (POT) en todo el país. “Pensamos que es muy importante que se hagan algunas modificaciones a la Ley 388 del 1997 y al Decreto 3571 del 2011 porque nosotros no tenemos los recursos ni la infraestructura necesaria para hacer el control a estos procesos de POT”, dijo el ministro. El jefe de la cartera de vivienda reveló que actualmente cuenta solo con 30 funcionarios y con un presupuesto de $ 3.210 millones para hacer el seguimiento de los planes, y que la ley establece, además, que si los municipios no piden el acompañamiento del Ejecutivo este no puede hacer nada. “Hay algunos funcionarios que están vendiendo los POT de las grandes ciudades a los pequeños, lo cual es como comprar un vestido grande y entregárselo a una persona enana”, puntualizó el alto funcionario.