Si bien los municipios tienen el deber de proteger el espacio público de acuerdo con los mandatos constitucionales y legales, es claro que, en cumplimiento de dicha obligación, no pueden arrogarse el ejercicio de funciones que no les han sido asignadas expresamente por el legislador. En ese entendido, los municipios no están facultados para establecer un tributo por el uso y rotura de las vías públicas, en la medida en que este tipo de cobros solo pueden existir cuando la ley expresamente lo ha autorizado, recordó el Consejo de Estado. La alta corporación se remitió a la jurisprudencia a la Constitución y a las normas sobre el tema, entre las que se destaca la Ley 388 de 1997 (M.P. Jorge  Octavio Ramírez).