Así lo reiteró recientemente la Sección Cuarta del Consejo de Estado al recordar la jurisprudencia aplicable al artículo 74 de la Ley 388 de 1997. En efecto, precisó que las decisiones plasmadas en el POT o en los instrumentos que lo desarrollan no constituyen todavía una autorización específica que configure el nacimiento de una obligación tributaria. De esta manera, el alto tribunal aclaró que si bien la autorización específica solamente puede exigirse bajo el supuesto de la existencia de la decisión general constitutiva de una acción urbanística, el tributo solo será exigible en el momento en que la autorización específica se profiera (C. P. Martha Teresa Briceño).