Una providencia reciente de la Corte Constitucional concluye que la Ley 388 de 1997 busca materializar el modelo de descentralización constitucional a través del plan de ordenamiento territorial (POT), mediante los cuales las entidades territoriales pueden determinar la manera en que se administra y desarrolla su territorio, razón por la cual  el ordenamiento jurídico les otorga a los entes territoriales facultades regulativas y sancionatorias para controlar, supervisar y sancionar el cumplimiento de las normas urbanísticas (M. P. Gloria Stella Ortiz).