Gracias a su marco regulatorio, el Banco Interamericano de Desarrollo considera que Colombia es uno de los cinco mejores lugares de Latinoamérica para el desarrollo de proyectos de APP.
La DIAN no debe esperar la ejecutoria de la providencia penal para proseguir con el procedimiento de decomiso.
Celebremos la institucionalidad judicial agraria, pero rodeémosla de adecuadas herramientas, procesos policivos céleres y eficaces.
Con un proyecto de decreto se bajaría la distribución y giro del 40 % al 35 %.
Hay que direccionar las estrategias para reconfigurar el Estado social de derecho.
Al parecer, las normas del Código Civil y la Ley 29 de 1982, vigentes desde hace 40 años en el tema de la representación sucesoral, han cambiado.
No obstante, los costos, deducciones e impuestos descontables deberán estar debidamente soportados.
En la forma como está regulada esta institución, solo admiten recurso extraordinario de revisión las decisiones de la PGN.
Este es un compendio y repaso profundo sobre los últimos 40 años de nuestra historia alrededor de la extradición.
Esta obra del profesor Diego Younes Moreno ya completa ocho ediciones en el mercado.
Las expresiones contra la Vicepresidenta de la República nos recuerdan que en Colombia existen leyes que castigan penalmente la discriminación.
A sus hijos les enseñó a rezar, a leer en público, a entonar, a declamar, a discursear, a hacer cálculos, a trotar, a patear un balón, a montar en bicicleta. Fue un padre atento y presente.
Desde la creación del Régimen Tributario Especial los procesos de fiscalización de la DIAN en contra de las entidades sin ánimo de lucro se han incrementado, algunas entidades se estaban utilizando como vehículo para la evasión y elusión fiscal.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, demandaron por inconstitucional la totalidad de la Ley 2220 del 2022.
En los próximos días se conocerán las medidas que emita el comité intersectorial instalado con Fasecolda para disminuir esta evasión.
Se inaplicó la expresión “las entrevistas son públicas”, por existir una contradicción entre la ley y el reglamento del concurso.
Corte Constitucional se pronunció sobre aplicación retrospectiva de la ley y del principio favorabilidad en el caso de las pensiones de sobrevivientes por muertes de soldados.
Al nombrar la violencia por prejuicio como violencia de género, la Corte IDH avanza en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas trans, que se encuentran marginalizadas socialmente y han sido sujetas de esta violencia.
No pueden las instituciones negar la atención médica prenatal requerida por una menor de edad en estado de gestación debido a su permanencia irregular en Colombia.
Opera el retiro inmediato y es responsabilidad de la autoridad correspondiente producir una nueva designación.
Vulneración del derecho al debido proceso con decisión de magistrada ponente de Tribunal de otorgarle carácter vinculante al comunicado de prensa de la Corte Constitucional.
Se le ordena a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá que en un término máximo de 15 días dicte sentencia de fondo.
Corte Suprema expresó que la resocialización es función y fin primordial de la pena en un Estado social de derecho a la hora de abordar el estudio de la libertad condicional.
Corte Constitucional declara la improcedencia de acción de tutela por no configurarse defecto fáctico, ni violación directa de la Constitución.
De acuerdo con el demandante, la norma cuestionada es inconstitucional, por violar normas superiores y por invadir la competencia del legislador estatutario.
La posibilidad de trasladarse y de escoger libremente qué entidad de salud va a prestar los respectivos servicios es una garantía que debe ser protegida como parte del derecho a la salud de las comunidades indígenas.
Dichos factores están exentos solo en el 40 % del total de la remuneración recibida por el trabajador.
Esta conducta afectó la correcta administración de justicia como servicio público esencial.
El hecho de que el accionante esté en desacuerdo sobre las pruebas no implica que haya incurrido en violación de los derechos de contradicción, defensa y debido proceso.
Así lo determinó la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia dentro de una acción de tutela.
Tendrá como objetivo construir escenarios de facilitación y mediación en los procesos de diálogo, negociación y en los conflictos internos en Colombia, con aprobación del Gobierno nacional.
De la mano de la Universidad La Gran Colombia y con el auspicio de Legis, Germán Navas Talero conducirá el icónico programa de los años ochenta.
El objeto debe ser posible y es un elemento esencial del contrato, en tanto constituye la razón de ser del negocio.
De ser así, solo estarán gravados con la contribución parafiscal recaudada por el Ministerio de Cultura para los municipios.
La estrategia articula a las Fuerzas Militares, Policía y Fiscalía para mejorar las condiciones de seguridad de los colombianos.
Ninguno de los cargos formulados de manera particular cumplía con los requisitos de certeza, pertinencia, especificidad y suficiencia.
La norma acusada prevé un requisito para la procedencia de la deducción de una expensa que se suma a los tres enlistados en el primer inciso del artículo 107 del Estatuto Tributario: la licitud.
Actualmente, hay preocupaciones globales que, para muchos autores, trascienden las fronteras nacionales y no pueden ser resueltas solamente por algunos países.
Las herramientas tecnológicas permiten que empresas u organizaciones recolecten datos en cualquier país sin hacer presencia física en su territorio físico.
Un formato de lectura fácil debe estar encaminado a honrar y no desacreditar el tecnicismo y a hacerlo digerible para la ciudadanía.
La Corte Constitucional conoció de una demanda que argumentaba desconocimiento del procedimiento sobre impacto fiscal de los proyectos de ley que ordenen gastos.
De acuerdo con el Contralor, este pago es uno de los más importantes logros de la entidad, ya que supera el total recaudado de las últimas tres vigencias.
Si se establece que se trata de pasivos inexistentes, tendría lugar lo dispuesto en el artículo 239-1 del E. T.
Solo las ciudades capitales pueden establecer un periodo gravable diferente del impuesto de industria y comercio.
El ministro también destacó la necesidad que la jurisdicción tenga una policía judicial.
De lo contrario se le impide al contribuyente ejercer su derecho de defensa y contradicción frente a las consideraciones de la Administración.
Un alcance contrario a la norma no solo significaría trasgredir el ordenamiento jurídico, sino vulnerar el derecho de asociación sindical.
La Corte Constitucional estudió la historia clínica de tres personas y acumuló los expedientes en contra de las entidades promotoras de salud.
La cartera de vivienda asegura que los recursos para la vigencia 2022 ya quedaron comprometidos en su totalidad.
Alguno de los cargos en los que se basa la demanda son los de vulneración del principio de unidad de materia y afectación a la seguridad pública.
Esta iniciativa busca acabar de raíz el clientelismo electoral, con más transparencia y participación política.
Proceden aportes a salud, pensión y riesgos laborales, aunque haya completado requisitos para pensión de jubilación.
La simple activación del aparato judicial no genera ‘per se’ responsabilidad, salvo que se demuestre una afectación mayor e injustificada.
Sí tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, conforme al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.
Una autoridad administrativa desconoció el derecho de audiencia y de defensa por omitir etapas del procedimiento adelantado.
La Corte Constitucional admitió la demanda contra el artículo 21 (parcial) de la Ley 2155 del 2021.
La propiedad, posesión, tenencia o uso de predios en determinada jurisdicción municipal es un referente idóneo para determinar los elementos del impuesto sobre el servicio de alumbrado público.
Respecto al 2020, la deuda pública se incrementó en términos nominales $ 137,23 billones.
Salvo que se justifique de manera estricta la necesidad y proporcionalidad de dicha medida, a la luz de la mejor información técnica disponible.
De acuerdo con el accionante, la norma acusada favorece a los demandantes y perjudica a los demandados en los procesos regidos por el CGP, en comparación con los justiciables en los procesos regidos por el CPACA.
Minjusticia aseguró que esta medida deberá cobijar exclusivamente a los pequeños agricultores y nunca a bandas del narcotráfico.
Villa de Leyva será la sede del XVII Encuentro de la jurisdicción constitucional.
En este lugar el estudiante desarrolla su personalidad y se forma en el respeto a los derechos humanos.
La Corte Suprema de Justicia envío al Senado de la República la terna de candidatos para remplazar a la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado.
Los actos de corrupción por los que se le acusa tienen que ver con recibir dinero para dilatar decisiones judiciales.
De acuerdo con el ministro Iván Velásquez, dicha gradualidad deberá ser examinada por los altos mandos militares.
No es transacción el acto que sólo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa.
Esa es la fórmula más adecuada para proteger su derecho a la estabilidad laboral reforzada, dada su condición, permite que no se afecte la continuidad entre la fecha del último salario y la mesada pensional.
Corte Constitucional estudió una demanda contra el artículo 5 (parcial) de la Ley 2058 del 2021, por considerar que existía una omisión legislativa relativa.
Consejo de Estado precisa la carga de la prueba cuando se pretenda sea declarada la responsabilidad extracontractual del Estado.
En el caso bajo análisis, la sentencia unificadora no moduló sus efectos, por lo que se entiende que opera a futuro o ‘ex nunc’.
La Corte Constitucional admitió una demanda en contra de una expresión del artículo 447 (parcial) de la Ley 599 del 2000.
Corte Suprema resuelve la decisión de un juzgado sobre un conflicto de competencia negativo entre una comisaría de familia y un juzgado promiscuo municipal.
Si la petición, queja o recurso es manifiestamente contraria, no se materializará el acto ficto o presunto positivo.
La buena fe de las EPS no fue defraudada con un cambio intempestivo en cuanto al modelo de recobro.
Imponer cargas de autoprotección es desproporcionado, pues el reproche penal es contra el acusado del delito no contra quien lo sufre.
De acuerdo con los actores, va en contra del principio de legalidad de los delitos y las penas consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política.
La empresa debía priorizar el suministro de energía eléctrica, teniendo en cuenta que los adultos mayores que residen en el inmueble deben conectar el generador de oxígeno y refrigerar medicamentos debido a sus afecciones de salud.
Se vulnera el derecho al debido proceso cuando se niega nulidad solicitada por indebida integración del contradictorio, al considerar innecesario vincular a todas las AFP.
Consejo de Estado explica si es obligatorio dejar constancia de motivos de la decisión en la hoja de vida cuando se declara la insubsistencia.
De acuerdo con la presunción establecida en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, se tendrán por ciertos los hechos si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente.
Podrá aplicarse cuando las imputaciones se refieran a la vida sexual, conyugal, marital o de familia, o al sujeto pasivo de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, tengan interés público y cuenten con el consentimiento de la víctima.
La SIC realizó un llamado a la ciudadanía sobre la importancia de proteger el derecho fundamental de ‘habeas data’.
No es posible contar con más de una IPS asignada, pero el paciente puede recibir atención de urgencias en todo el territorio.
En un concepto enviado a la Corte Constitucional, la jefe del Ministerio Público conceptuó que es constitucional que el servicio militar sea voluntario para las mujeres.
Los mecanismos para administrar justicia que se crearon con ocasión de la pandemia, como la virtualidad, han permitido atacar de manera importante la mora judicial.
Su valor porcentual se discrimina en la tabla de valoración de antecedentes definida en la convocatoria del concurso de méritos, de acuerdo con el Decreto 1075 del 2015.
Su cuantía es de dos días de asignación básica mensual y su pago es obligatorio, siempre y cuando se reúnan los requisitos.
Según el demandante, la norma vulnera el principio de legalidad.
Dicho principio solo se predica frente a sentencias ejecutoriadas que no hayan hecho tránsito a cosa juzgada y no respecto a indagaciones, investigaciones o procesos en curso.
Las competencias para investigar a autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales resultan incompatibles con lo dispuesto en el artículo 257A de la Constitución Política.
Corte Constitucional precisó que el propietario del vehículo tiene el deber de adquirir el SOAT para disminuir la siniestralidad y amparar, de esa forma, a las víctimas de los accidentes de tránsito.
Los salarios de los parlamentarios pasarían de 35 a 23 millones de pesos.
Se demostró que Aerocafé y la Contraloría General de República los reportaron con fundamento en información errónea al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas.
Para destacarse y liderar en los mercados, es indispensable la implementación de estrategias digitales, tanto en la operación diaria legal, como en los planes de crecimiento de las compañías.
Cuando se observa el artículo 64 del Código Penal, se aprecia que este canon legal tiene una estructura dentro de la cual se advierte un acto procesal que debe realizar el juez.
No se configuraron defectos en la sentencia del Consejo Estado que anuló su elección como senador; adicionalmente, opera la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente.
De los ocho casos, cinco tutelas fueron negadas y en las demás se declaró la carencia actual de objeto por daño consumado y hecho superado.
Si varias propuestas planteadas se convierten en realidad, podrían enfrentar posibles demandas de nulidad o de inconstitucionalidad.
Se consideran ingresos de fuente nacional los provenientes de la explotación de bienes materiales e inmateriales dentro del país.
Declaran la exequibilidad de la Ley 2105 del 2021, sobre homologación del tratamiento impositivo previsto en los convenios para evitar la doble imposición.
La funcionaria estará a cargo de la coordinación de proyectos interinstitucionales que contribuyan hacia la construcción de una Colombia con igualdad.
Ayudemos a las mayorías, no ahoguemos a las empresas y empecemos a diferenciar sectores y empresas.
Así lo plantea el órgano de control en un concepto enviado a la Corte Constitucional.
El Presidente de la República ha anunciado los funcionarios que lo acompañarán en distintos sectores de su administración.
Corte Suprema precisa perjuicio irremediable para el amparo de un sujeto de especial protección constitucional.
El Ministro del Interior radicó ante el Congreso el proyecto de reforma política.
La implementación de un sistema de alertas tempranas en caso de nuevos deslizamientos, la reubicación de las viviendas construidas en zonas de alto riesgo y reforestación son algunas de las órdenes.
Según el presidente Gustavo Petro, cotizaciones de los fondos privados entrarían a Colpensiones, originando el sistema de pilares.
No toda irregularidad se le puede imputar al contratista, ante el grado de confianza y diligencia exigibles por la naturaleza del negocio fiduciario.
No existe una ley que haya creado o autorizado tal tributo, razón por la cual una asamblea carecía de potestades normativas para crearlo.
Los accionantes argumentan que los apartes demandados vulneran el derecho a la libertad personal y el requisito de objetividad del principio de estricta legalidad.
Así lo estudia el Congreso de la República con el proyecto de ley radicado por un representante del departamento del Cesar.
En Colombia, son dos grupos de conductas los constitutivos de daño informático.
Se configura falta de respuesta oportuna a las PQRS cuando la misma no es clara, precisa, congruente y consecuente.
Consejo de Estado advierte sobre el impuesto de industria y comercio por explotación de parqueaderos por parte de las personas jurídicas constituidas como propiedad horizontal.
Existe inhabilidad si uno de ellos produce el nombramiento del otro. De lo contrario, no hay prohibición.
La norma aplicable para el cónyuge supérstite o el compañero permanente en materia de sustitución de pensión gracia es la vigente para la fecha del deceso del causante.
La Corte Constitucional explicó que estos conflictos no deben ser resueltos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues debe darse aplicación del principio de especialidad normativa.
El rechazo de la demanda resulta razonable solo cuando no se acredita la conciliación extrajudicial en juicios declarativos y se solicitan medidas cautelares inviables.
Precisan que modificación de las condiciones para el reconocimiento de la personería jurídica de las cajas de compensación familiar desconoce principios constitucionales.
¿Estarían Petro y su canciller Álvaro Leyva dispuestos a jugársela por el regreso de Venezuela al SIDH y a la CAN? La historia nos dará la respuesta.
Si de entrada se niega la posibilidad de que existan principios y valores culturales y políticos generales, ¿alrededor de qué lograremos esa unidad?
Sería bueno que, en Colombia y sus países vecinos, recuerden que sus aliados naturales son las democracias del Viejo Continente y del nuevo mundo.
La muerte de Mijaíl Gorbachov recuerda los Seis años que cambiaron el mundo 1985-1991, libro escrito por Hélène Carrère d’Encausse, y la caída del imperio soviético.
Especialmente cuando se trata de formalizar la afiliación de un menor de edad a una EPS donde le brinden la protección integral en salud que requiera.
No entregar dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional constituye falta disciplinaria.
Esta publicación se convierte en un texto de consulta obligatoria para el ejercicio profesional y académico, o para aquellos interesados en aproximarse a esta compleja disciplina legislativa.
En el 2021, la estadística de duración calculada sobre los procesos con sentencia fue de 8,1 meses.
Desde la próxima sesión, la ciudadanía podrá conocer la votación de los congresistas en tiempo real.
En 1985, llegó al poder Mijaíl Gorbachov, quien lideró un esfuerzo gigantesco por reformar un sistema que desde su concepción tenía problemas estructurales graves y que se había descuidado por décadas.
De acuerdo con el artículo 45 de la Ley 136 de 1994, esta actividad es incompatible con el cargo que ejerce el concejal.
Con una participación de casi el 86 % del padrón electoral, es decir, más de 13 millones de participantes, mal se haría en catalogar como una elección polarizada o un reflejo de la izquierda y la derecha.
Estoy seguro de que ninguno de los que hacen minería bien hecha quiere dañar el medioambiente, sino todo lo contrario.
Consejo de Estado explica que la falta de ejecución efectiva de las obligaciones de las instituciones educativas tiene la capacidad de estructurar una auténtica falla en el servicio.
El Ministro de Justicia también expresó su postura frente a la justicia virtual en materia penal.
En conversación con ÁMBITO JURÍDICO, el ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Osuna, profundizó el contenido de varias de sus propuestas.
Consejo de Estado estudia si se configuró causal de revisión al existir una nulidad en la sentencia de acuerdo con el artículo 250, numeral 5 del CPACA.
ÁMBITO JURÍDICO invitó a expertos tributaristas a analizar los efectos que tendría el proyecto de ley 118/22C-131/22S.
Se demandan los títulos XII y XIII del Decreto Ley 403 deL 2020, por exceso de facultades extraordinarias conferidas por el Acto Legislativo 04 del 2019.
Se discute en incidente de desacato si el Estado ha incumplido con la obligación de salvaguardar y proteger el tejido biodiverso del Parque Nacional Natural Los Nevados.
Municipios y departamentos, en ejercicio de su autonomía, adoptan los impuestos creados y autorizados por la ley.
La Corte Constitucional exhibió los requisitos de procedencia del amparo contra sentencias, en particular de las altas cortes.
Los efectos de la inhabilidad para celebrar contratos estatales no pueden extensivos a otro tipo de vinculación.
Si bien la norma acusada fue derogada, mantiene su vigencia para efectos del régimen de transición para solicitudes de indemnización por vía administrativa anteriores a la expedición del Decreto 4800 del 2011.
Los acontecimientos no solo deben tener una entidad propia de alcance e intensidad traumáticas, además deben constituir una ocurrencia imprevista: Corte Constitucional.
La terminación se da por acto administrativo motivado en la recomendación de la EPS o ARL.
Según indicó el mandatario, esta decisión deberá ser discutida por todos los estamentos del país, como el Congreso, medios de comunicación y la sociedad.
En la convención colectiva suscrita entre el Banco de la República y Anebre no fue pactada expresamente su vigencia más allá del 31 de julio del 2010.
Que las hermanas Pizarro se hayan inscrito por coaliciones del Pacto Histórico, al Senado y Cámara de Representantes, no quiere decir que sus postulaciones sean por la misma agrupación política.
Las normas que rigen el ejercicio profesional establecen la obligación de dejar evidencia de su labor.
Quien pretende el amparo debe exponer sus inconformidades dentro del proceso, hasta que sea proferida la sentencia y acudir a los recursos procedentes.
El proyecto de reforma tributaria ordenaría recopilar información para aplicar enfoque de género en el análisis de propuestas para acabar con “inequidades estructurales”.
Este presupuesto implica que la causa que origina la acción de tutela sea el desconocimiento de un derecho fundamental, ya sea en la interpretación, aplicación, determinación del contenido o su alcance por parte de una autoridad judicial.
El contador público deberá verificar que no se exceda de cinco sociedades, so pena de incurrir en inhabilidad.
Ante la falta de una regulación especial debe aplicarse el Decreto 1042/78, que regula la jornada laboral en el sector público.
En tanto sean solo medio de acceso y no un servicio independientemente, no constituirían actividad gravada.
La Procuradora manifestó su rechazo a la imposición del impuesto sobre las pensiones que impondría la reforma tributaria del Gobierno.
La Corte exhortó al Gobierno nacional a regular el crédito educativo para el acceso a la educación superior.
Consejo de Estado protegió a trabajadora que fue desvinculada por abandono del cargo desconociendo su condición de sujeto especial de protección.
Proceden los descuentos efectuados a la condena derivada del fallo que resuelve el litigio dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
El objetivo de la póliza de seguros es asegurar su responsabilidad y amparar el cumplimiento de sus obligaciones legales.
Corte Suprema se pronunció sobre la admisión excepcional de la denuncia como prueba de referencia, cuando la víctima no ejerce libremente el derecho a no declarar contra su pariente.
Ya son cinco las reformas constitucionales que marcan la agenda legislativa en el Congreso.
Gobierno solicita la exequibilidad de las normas que regulan la virtualidad en la justicia penal.
Presentaba una nueva postura sin ningún medio probatorio que condujera a la modificación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos investigados.
Autoridad de control podrá realizar diagnóstico de los elementos del vehículo sin retirar o desarmar partes.
Todo acto dirigido a dilatar o negar injustificadamente la realización del examen de la pérdida de capacidad laboral es contrario a la Constitución.
El condicionamiento efectuado en la Sentencia C-037 de 1996 se inaplicó para resolver el presente asunto y proferir una sentencia en aplicación del control de convencionalidad.
Factura del impuesto sobre la renta pierde fuerza ejecutoria siempre que el contribuyente presente oportunamente su declaración privada.
Según el artículo 44 de la Constitución, la familia debe garantizar el goce efectivo de los derechos de los menores.
La Corte Constitucional amparó los derechos al debido proceso y de acceso efectivo a la administración de justicia al revocar los fallos.
La cárcel deberá adoptar medidas para garantizarle al accionante la dignidad humana y el libre desarrollo de su personalidad, como expresión de la diversidad étnica y cultural.
Así mismo, solicitó proteger las reclamaciones de quienes aspiran a gozar del derecho a la tierra, buscando consensos a través del diálogo y la concertación.
Las manifestaciones efectuadas por un candidato presidencial sobre asuntos de interés público no reflejan una mala intención o trasgresión de los derechos del accionante.
Corte Constitucional exhorta al Congreso para que legisle sobre la maternidad subrogada.
El Consejo de Estado discutió la desvinculación de una empleada nombrada en provisionalidad que tienen la condición de madre cabeza de familia.
La prima de riesgo no es factor salarial para liquidar prestaciones sociales diferentes a la pensión, en favor de los servidores que se desempeñaron en el DAS, hasta su supresión.
No entregar los dineros a quien corresponda constituye falta a la honradez.
Se vulnera el contenido del artículo 48 de la Constitución porque los miembros de la fuerza pública no se encuentran excluidos de la aplicación del Acto Legislativo 01 del 2005.
El Ministerio de Justicia hizo parte de la audiencia y mostró la postura del Gobierno frente al proyecto de ley
La captación y divulgación no consentida de un video constituyó una violación de los derechos a la intimidad y a la imagen.
Corte Suprema se pronunció sobre cómo realizar un razonamiento diferencial entre los casos de los sentenciados cuyas condenas no han hecho tránsito a cosa juzgada.
Registro personal por parte de guardas de seguridad extralimita sus funciones y vulnera derecho a la intimidad.
Según el constitucionalista José Gregorio Hernández, quitar validez a todas las cédulas expedidas es abiertamente inconstitucional.
No debe haber sido incluido en nómina de pensionados, pues sería más de una asignación del tesoro público.
Explican cómo se presenta defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al improbar un acta de conciliación.
En un plazo no mayor a tres meses, la Comisión de la Verdad deberá entregar un inventario de todos los procesos judiciales y demás reclamaciones.
Revisan varias acciones de tutela que invocan protección del derecho a la participación en todos los asuntos que pueden significar afectación de derechos de comunidad indígena.
El canal es informativo y transmite audiencias desarrolladas en los despachos judiciales y que son públicas.
Ante las circunstancias que rodean al accionante es plausible efectuar un análisis diferenciado del término de caducidad, a fin de garantizarle el acceso a la administración de justicia.
Se podrá decretar el desistimiento y archivo cuando el requerimiento no sea atendido en el término concedido.
No hay razón constitucional y convencional admisible que justifique que, en un Estado constitucional que se dice anclado en la dignidad humana, esos poderes del juez tengan cabida en el ordenamiento jurídico colombiano.
La Corte Constitucional explicó que fijar la etapa de determinación de la vulnerabilidad en la fase de adjudicación del crédito crea una desprotección del estudiante.
La jurisdicción disciplinaria no es competente para conocer de los procesos disciplinarios contra los auxiliares de la justicia cuando no se ha notificado el pliego de cargos antes del 29 de marzo del 2022.
Las normas que limitan el derecho de acceso a la información deben ser interpretadas de manera restrictiva y toda limitación debe estar adecuadamente motivada.
Los efectos de la inconstitucionalidad del artículo demandado se difieren hasta el 20 de junio del 2023.
Empleado comisionado en sede diferente a la habitual tiene derecho al pago de viáticos y gastos de transporte.
La iniciativa contempla tanto el proceso de registro como los derechos, obligaciones y límites de los cabilderos.
Se violó el debido proceso del accionante al ejercer la potestad disciplinaria en su contra, pues el reglamento disciplinario no contiene norma alguna que prevea esta competencia.
