La metamorfosis del Estado social

Hernando Torres Corredor

Decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales

Universidad Nacional de Colombia

Luego de la Segunda Guerra Mundial, se inicia la deconstrucción del Estado liberal de derecho, como paradigma de la modernidad; se inicia la postulación del Estado social, soportado en el sistema democrático de carácter sustantivo que requiere, para ser legitimado, unas bases societales que garanticen el ejercicio de los nuevos derechos fundamentales, los cuales han de tener prioridad y reconocimiento por parte de los poderes públicos. Este enfoque de derechos se ha consagrado en las Constituciones contemporáneas, como ejes articuladores del ejercicio del poder y de la convivencia ciudadana. Surge el Estado social, paradigma del mundo contemporáneo, como fundamento de la organización política de la sociedad, con el propósito de proteger a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos individuales y de los riesgos económicos y sociales, producto de los nuevos desafíos que genera “la sociedad del riesgo global” (Beck), la cual es acompañada de incertidumbres, indefiniciones y de crisis permanente, cuyo resultado final es adecuar las instituciones a los cambios que se producen en las ideologías, en las técnicas y en las nuevas agendas sobre el cuidado de la naturaleza.

El profesor Bauman señala que el modelo de Estado postwesfaliano salió fortalecido –luego de la guerra–, armado de soberanía absoluta e indiscutible, sobre su territorio, convencido de sus capacidades para cumplir con las aspiraciones integrales de un “Estado social”, que asegurara a todos los ciudadanos de los infortunios individuales de ese temor de indignidad, en cualquiera de sus múltiples formas: “miedo a la pobreza, a la exclusión, a la discriminación negativa, a la mala salud, al desempleo, a la falta de vivienda y a la ignorancia”. Sin embargo, luego de la década de los setenta, el avance de “los treinta gloriosos” de los países industrializados se detiene, entre otras razones, por el creciente desempleo, la inflación y, en palabras del autor, “la notoria incapacidad de los Estados de cumplir con su promesa de proteger a los ciudadanos con un seguro integral contra la adversidad”.

El discurso del cambio del rumbo en las políticas públicas y en el ejercicio del poder se estructura con la doctrina Thatcher-Reagan: la supremacía de los mercados como paradigma del gobierno de las sociedades. Será el mercado el que aportará las estrategias globalizantes, de la “desregulación”, la “privatización”, la “empresarización de los entes públicos” y la incorporación del “principio de subsidiariedad” (Million-Delson), como explicara Chevallier: “significa que la intervención del Estado solo es legítima en caso de insuficiencia o de incapacidad de los mecanismos de autorregulación social (sustitución)”. Estos paradigmas abren los espacios para configurar, con un enfoque sobre la empleabilidad y la responsabilidad individual, el workfare state, en remplazo del walfare state.

De lejos, se observa que esta metamorfosis del Estado generaría una reducción de los gastos sociales y que no “permitiría reducir las injusticias y desigualdades, sino que generarían, por el contrario, efectos perversos” (Chevallier). Este “modelo” mundializado se generalizará en los escenarios de nuestro país y sus estrategias e instituciones se incorporarán en las estructuras constitucionales y legales.

Sin embargo, el acuerdo constitucional (C. P., art. 1º) caracteriza al Estado colombiano como un “Estado social y democrático”, lo que significa que la política pública ha de corresponder con los núcleos que estructuran los contenidos de lo social; pero, correlativamente, las ejecutorias y resultados económicos y sociales de las estrategias del gobierno del mercado han dejado profundos rezagos y brechas de desigualdades en la sociedad. A título de ilustración, se señalan dos escenarios:

- El informe del Banco Mundial 2021, Hacia una construcción de una sociedad equitativa en Colombia, ubica al país en el primer lugar en el ranking de desigualdad dentro de la comunidad de la Ocde, y el segundo lugar, en la región, luego de Brasil. Además, el coeficiente de Gini, medidor de la desigualdad, señala un 0,53, en el 2019, y, con el covid-19, el coeficiente subió a 0,54, llevando a 3,6 millones de personas más a la pobreza.

- El Dane indica que los ingresos del 10 % de la población rica es 11 veces mayor que la del 10 % más pobre. Y la pobreza multidimensional en Colombia, durante el 2020, se ubicaría en un 18 %. Esta, en centros poblados, (entre el 2019 y el 2020), pasó del 34,5 % al 37,1 %, mientras que, en la cabecera, pasó del 12,3 % al 12,5 %.

En principio, estos y otros escenarios evidencian la ausencia y el vacío estructural para que el Estado social tenga presencia activa en la sociedad, y no solo el mercado. Hay que direccionar las estrategias para reconfigurar el Estado social de derecho, que abriría los espacios para superar la contradicción entre la política estatal y el poder de los mercados.