13 de Diciembre de 2024 /
Actualizado hace 3 hours | ISSN: 2805-6396

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Esta es la reingeniería que el Gobierno plantea sobre la Procuraduría

12 de Septiembre de 2022

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Luego que el presidente Gustavo Petro durante su campaña presidencial y como mandatario electo se refiriera en varias ocasiones a la eliminación de la Procuraduría General de la Nación, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció que el plan que tiene el Gobierno para el órgano de control es una ‘reingeniería’.

Según explicó el funcionario, “el Gobierno tiene el propósito de introducir una reingeniería a la Procuraduría, de modo tal que una parte importante de sus funciones y de las personas que la desempeñan se trasladen al poder judicial”.

Por tal motivo, como primera medida que plantea para discusión y socialización con juristas y la ciudadanía es la de ajustar los derechos internos en materia disciplinaria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en lo referente al juzgamiento disciplinario de algunos funcionarios, labor que, aclaró Osuna, “debe ser desarrollada por autoridades que genuinamente son jueces, personas que pertenecen al poder judicial nombrados por concurso de méritos, con las garantías de independencia y autonomías propias de la Rama Judicial”.

Las modificaciones planeadas, de acuerdo con el Gobierno, se hacen teniendo en cuenta que pese a que en el momento de su creación el órgano de control fue de gran importancia para el país, ya que no existía la Fiscalía General de la Nación ni la Defensoría del Pueblo, actualmente “muchas de sus funciones las asumen otras instituciones”.

Así mismo, el funcionario aclaró que esta propuesta “se haría conservando la institución de la Procuraduría en aquello que realmente deba conservarse, con la garantía de que no quedará ninguna persona desempleada, habrá traslados para aquellos funcionarios de carrera que cumplan con los requisitos de ser jueces, pues a lo mejor pasen a la Rama Judicial”.

 

Virtualidad judicial y la postura del ministerio

 

Por otro lado, el ministro se refirió a la virtualidad judicial, teniendo en cuenta el concepto enviado a la Corte Constitucional por parte de la cartera, el cual desató varias críticas, aclarando que está a favor de este mecanismo y que el ministerio no se pronunció en contra.

“No hay ninguna inconstitucionalidad en esa ley, atribuirles a los jueces penales la posibilidad de determinar si una audiencia o diligencia o determinada práctica de prueba deba ser presencial o virtual no es contrario a la Constitución, es atribuirle al juez poderes para dirigir el proceso”, explicó Osuna.

Recalcando que en el concepto no se indicó estar en contra de la virtualidad judicial o que se debería volver a la presencialidad, sino que simplemente el ministerio “no encontró que haya inconstitucionalidad en esa ley” y, por tanto, consideró que “la demanda no está llamada a prosperar”.

 

 

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