Con fundamento en los principios generales del derecho, los de la función administrativa, a la finalidad del pliego y sobre todo a la protección del interés general.
En el RAIS, la edad es relevante para tener acceso a la garantía de pensión mínima y la redención de bonos pensionales, pero no para acceder a la pensión.
Estos dos aspectos deben figurar a partir de la primera página de la póliza, en forma continua e ininterrumpida.
Se configura la culpa exclusiva de la víctima como causa extraña que impide que el daño sea imputado a la demandada porque su actuar fue la causa eficiente en la producción del daño.
Contratistas deberán entregar el RUT vigente y actualizado, con una fecha de expedición no superior a cinco días de la radicación de la cuenta.
Al juez no le está permitido despojarse de su rol como director del despacho, y menos actuar bajo prácticas de confianza.
La calidad es aquella condición en que un producto cumple con las características atribuidas a él por la información.
Si bien existen diferencias técnicas en los ritos entre las distintas jurisdicciones, lo cierto es que en su estructura algunos trámites guardan similitudes en fases fundamentales.
Corte Suprema expresó que la resocialización es función y fin primordial de la pena en un Estado social de derecho a la hora de abordar el estudio de la libertad condicional.
Corte Constitucional declara la improcedencia de acción de tutela por no configurarse defecto fáctico, ni violación directa de la Constitución.
El Consejo de Estado no accedió a las pretensiones de la demanda que buscaba la nulidad de la reglamentación sobre aportes al sistema de seguridad social.
Debe entenderse que se incluye a todas las personas vinculadas entre sí por su carácter de matrices o subordinadas.
El contrato debe regirse por las normas vigentes al momento de su celebración
De acuerdo con el demandante, la norma cuestionada es inconstitucional, por violar normas superiores y por invadir la competencia del legislador estatutario.
La posibilidad de trasladarse y de escoger libremente qué entidad de salud va a prestar los respectivos servicios es una garantía que debe ser protegida como parte del derecho a la salud de las comunidades indígenas.
El cobro de los servicios públicos por concepto de su prestación dependerá de la clasificación que se otorgue.
Dichos factores están exentos solo en el 40 % del total de la remuneración recibida por el trabajador.
Esta conducta afectó la correcta administración de justicia como servicio público esencial.
En el caso bajo estudio, la DIAN deberá devolver la suma pagada junto con los intereses previstos en el artículo 192 del CPACA, en el trámite de la solicitud de terminación por mutuo acuerdo.
El hecho de que el accionante esté en desacuerdo sobre las pruebas no implica que haya incurrido en violación de los derechos de contradicción, defensa y debido proceso.
Consejo de Estado precisa si el gobierno nacional excedió la facultad reglamentaria en tanto reformó el ingreso base de cotización al sistema de seguridad social en salud.
El objeto debe ser posible y es un elemento esencial del contrato, en tanto constituye la razón de ser del negocio.
El emplazamiento para corregir tiene la virtualidad de dejar sin efectos el beneficio de auditoría y así extender el término de firmeza del denuncio rentístico y por contera el plazo para proferir el requerimiento especial.
La disciplinable argumentaba que no podía conocer de acciones de tutela por conflicto de competencia.
No devolver el IVA genera pago de intereses a cargo de la DIAN.
Corte Suprema recuerda el nexo causal, la obtención del provecho ilícito y la inducción o mantenimiento en error.
Son excluidos el riego de terrenos dedicados a la explotación agropecuaria y la asistencia técnica en el sector.
Ninguno de los cargos formulados de manera particular cumplía con los requisitos de certeza, pertinencia, especificidad y suficiencia.
La norma acusada prevé un requisito para la procedencia de la deducción de una expensa que se suma a los tres enlistados en el primer inciso del artículo 107 del Estatuto Tributario: la licitud.
El pasado martes 20 de septiembre, fue aprobado el proyecto en segundo debate en la Cámara de Representantes, ahora se estudiará en el Senado.
De ser así, solo estarán gravados con la contribución parafiscal recaudada por el Ministerio de Cultura para los municipios.
La Ley 2069 no derogó las causales de disolución estatutarias que expresamente se pacten en el contrato social.
La Corte Constitucional conoció de una demanda que argumentaba desconocimiento del procedimiento sobre impacto fiscal de los proyectos de ley que ordenen gastos.
La entidad amplía sus funciones en cuanto a la gestión de convenios gratuitos con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales.
Si se establece que se trata de pasivos inexistentes, tendría lugar lo dispuesto en el artículo 239-1 del E. T.
Entidades públicas que recauden rentas tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas obligaciones a su favor.
De lo contrario se le impide al contribuyente ejercer su derecho de defensa y contradicción frente a las consideraciones de la Administración.
Un alcance contrario a la norma no solo significaría trasgredir el ordenamiento jurídico, sino vulnerar el derecho de asociación sindical.
Alguno de los cargos en los que se basa la demanda son los de vulneración del principio de unidad de materia y afectación a la seguridad pública.
Sociedad receptora de la inversión deberá contar con su correspondiente identificación tributaria.
Esta iniciativa busca acabar de raíz el clientelismo electoral, con más transparencia y participación política.
El consejo académico no es la única autoridad con atribuciones académicas dentro del ámbito universitario.
La simple activación del aparato judicial no genera ‘per se’ responsabilidad, salvo que se demuestre una afectación mayor e injustificada.
Sí tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, conforme al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.
Una autoridad administrativa desconoció el derecho de audiencia y de defensa por omitir etapas del procedimiento adelantado.
Quien no paga una multa está sujeto a que se le embargue el inmueble y de esa forma lo puede perder.
La Corte Constitucional admitió la demanda contra el artículo 21 (parcial) de la Ley 2155 del 2021.
La propiedad, posesión, tenencia o uso de predios en determinada jurisdicción municipal es un referente idóneo para determinar los elementos del impuesto sobre el servicio de alumbrado público.
Respecto al 2020, la deuda pública se incrementó en términos nominales $ 137,23 billones.
El reporte requiere autorización del titular, no puede imponerse como condición previa de acceso.
Antes de la Ley 1066 del 2006 sí era prescriptible el cobro de cuotas partes pensionales, en aplicación de lo previsto en el Código Civil sobre prescripción extintiva de la acción ejecutiva.
De acuerdo con el accionante, la norma acusada favorece a los demandantes y perjudica a los demandados en los procesos regidos por el CGP, en comparación con los justiciables en los procesos regidos por el CPACA.
La entidad informante no se encuentra legitimada para apelar en el régimen disciplinario de los funcionarios: CNDJ.
Minjusticia aseguró que esta medida deberá cobijar exclusivamente a los pequeños agricultores y nunca a bandas del narcotráfico.
La norma dispone que es necesario que se apruebe en dos debates, celebrados en distintos días.
En este lugar el estudiante desarrolla su personalidad y se forma en el respeto a los derechos humanos.
Los actos de corrupción por los que se le acusa tienen que ver con recibir dinero para dilatar decisiones judiciales.
Consejo de Estado explicó que la acción disciplinaria se interrumpe con la expedición y notificación del acto inicial que resuelve la actuación administrativa disciplinaria.
En esta clase de trámite administrativo no se verifica que el valor FOB declarado al momento de la importación en los documentos de transporte se compagine con los precios de referencia del sistema de administración de riesgos de la DIAN.
No es transacción el acto que sólo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa.
Está prohibido a los servidores públicos percibir remuneración oficial por servicios que no fueron prestados.
Corte Constitucional estudió una demanda contra el artículo 5 (parcial) de la Ley 2058 del 2021, por considerar que existía una omisión legislativa relativa.
No podrán realizar asesorías sobre asuntos relacionados con su cargo hasta por dos años, desde la finalización.
La Corte Constitucional admitió una demanda en contra de una expresión del artículo 447 (parcial) de la Ley 599 del 2000.
El próximo lunes 26 de septiembre, se vence el plazo para acogerse al ajuste de los factores de indexación.
Corte Suprema resuelve la decisión de un juzgado sobre un conflicto de competencia negativo entre una comisaría de familia y un juzgado promiscuo municipal.
Si la petición, queja o recurso es manifiestamente contraria, no se materializará el acto ficto o presunto positivo.
La buena fe de las EPS no fue defraudada con un cambio intempestivo en cuanto al modelo de recobro.
Los jueces tienen poderes correccionales, entre ellos imponer multas a los empleados públicos y particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que estos les impartan.
De acuerdo con los actores, va en contra del principio de legalidad de los delitos y las penas consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política.
La reestructuración debe significar mayor responsabilidad o desmejora de derechos patrimoniales.
Consejo de Estado explica si es obligatorio dejar constancia de motivos de la decisión en la hoja de vida cuando se declara la insubsistencia.
La ley especial aplicable (Ley 1437 del 2011) lo permite en caso de encontrarla probada.
Explican que no entregar los dineros obtenidos en desarrollo de una gestión se considera una actuación del abogado permanente y cesará cuando el profesional los devuelva.
De acuerdo con la presunción establecida en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, se tendrán por ciertos los hechos si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente.
En todo caso, a menos que la absorbente también esté en reorganización, no estará exenta.
Podrá aplicarse cuando las imputaciones se refieran a la vida sexual, conyugal, marital o de familia, o al sujeto pasivo de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, tengan interés público y cuenten con el consentimiento de la víctima.
Deducción por inversión en activos fijos reales productivos bajo contrato de estabilidad jurídica puede liquidarse sobre una inversión mayor a la pactada.
La entrega del informe de ejecución es uno de los requisitos para que los contratistas de prestación de servicios presenten las cuentas de cobro.
En un concepto enviado a la Corte Constitucional, la jefe del Ministerio Público conceptuó que es constitucional que el servicio militar sea voluntario para las mujeres.
Errores u omisiones en la liquidación y recaudo del IVA pueden conducir a sanciones administrativas o penales.
Su valor porcentual se discrimina en la tabla de valoración de antecedentes definida en la convocatoria del concurso de méritos, de acuerdo con el Decreto 1075 del 2015.
Su cuantía es de dos días de asignación básica mensual y su pago es obligatorio, siempre y cuando se reúnan los requisitos.
La iniciativa busca independizar la entidad de la Fiscalía General de la Nación.
Según el demandante, la norma vulnera el principio de legalidad.
El profesional del Derecho se aprovechó de la precaria situación financiera de su representado.
Dicho principio solo se predica frente a sentencias ejecutoriadas que no hayan hecho tránsito a cosa juzgada y no respecto a indagaciones, investigaciones o procesos en curso.
Para efectuar el cálculo de la exoneración de aportes parafiscales deben tenerse en cuenta únicamente los pagos que tengan naturaleza salarial.
Las competencias para investigar a autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales resultan incompatibles con lo dispuesto en el artículo 257A de la Constitución Política.
Corte Constitucional precisó que el propietario del vehículo tiene el deber de adquirir el SOAT para disminuir la siniestralidad y amparar, de esa forma, a las víctimas de los accidentes de tránsito.
La resolución de compensación marca el momento para establecer la tasa de interés moratorio aplicable.
Es necesaria la reestructuración del empleo, para que tenga la naturaleza jurídica de nivel directivo de periodo.
Los salarios de los parlamentarios pasarían de 35 a 23 millones de pesos.
No hay razón legal para afirmar que ante una falta temporal esté prohibido el ejercicio del derecho de preferencia, distinto cuando la notaría se encuentre ocupada en interinidad.
De los ocho casos, cinco tutelas fueron negadas y en las demás se declaró la carencia actual de objeto por daño consumado y hecho superado.
Se consideran ingresos de fuente nacional los provenientes de la explotación de bienes materiales e inmateriales dentro del país.
Declaran la exequibilidad de la Ley 2105 del 2021, sobre homologación del tratamiento impositivo previsto en los convenios para evitar la doble imposición.
Su participación es excepcional, pues podrán ejercer como tal siempre que el personal de carrera no sea suficiente.
La enajenación corresponde a la venta o cesión del contrato, mientras la liquidación equivale a su finalización.
El empresario no puede valerse de su esquema de organización para negarse a devolver la totalidad del dinero.
El deudor debe cumplir con las obligaciones adquiridas y, correlativamente, el acreedor tiene derecho a perseguir sus bienes hasta lograr la satisfacción total de su crédito.
El Ministro del Interior radicó ante el Congreso el proyecto de reforma política.
La previa valoración de la conducta no debe ser entendida como la reedición de esta, pues eso supondría juzgar de nuevo algo ya definido.
No existe una ley que haya creado o autorizado tal tributo, razón por la cual una asamblea carecía de potestades normativas para crearlo.
Los accionantes argumentan que los apartes demandados vulneran el derecho a la libertad personal y el requisito de objetividad del principio de estricta legalidad.
Así lo estudia el Congreso de la República con el proyecto de ley radicado por un representante del departamento del Cesar.
En Colombia, son dos grupos de conductas los constitutivos de daño informático.
Es el concesionario quien debe asumir aquellos riesgos que corresponden a la prestación del servicio.
Se configura falta de respuesta oportuna a las PQRS cuando la misma no es clara, precisa, congruente y consecuente.
Existe inhabilidad si uno de ellos produce el nombramiento del otro. De lo contrario, no hay prohibición.
La norma aplicable para el cónyuge supérstite o el compañero permanente en materia de sustitución de pensión gracia es la vigente para la fecha del deceso del causante.
Se probó la comisión de la falta disciplinaria endilgada con la presencia del demandante en el lugar.
La Corte Constitucional explicó que estos conflictos no deben ser resueltos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues debe darse aplicación del principio de especialidad normativa.
El presunto incumplimiento de los requisitos puede ser objeto de inspección, vigilancia y control de la Supersalud.
Precisan que modificación de las condiciones para el reconocimiento de la personería jurídica de las cajas de compensación familiar desconoce principios constitucionales.
Presidente y secretario asignados darán fe del contenido de las actas y de lo acontecido en las reuniones.
Así es la obligación del juez que se declara incompetente para conocer del proceso de remitirlo a la autoridad que tiene la competencia para hacerlo.
Deberá renunciar a su cargo y su renuncia ser aceptada antes de los 12 meses previos a la elección.
Se negaron las pretensiones del antiguo propietario de un predio objeto de enajenación voluntaria que solicitaba el derecho preferencial porque el predio no fue vendido sino permutado por la entidad demandada.
De acuerdo con el artículo 45 de la Ley 136 de 1994, esta actividad es incompatible con el cargo que ejerce el concejal.
Debe darse cumplimiento previo a los procedimientos de concertación y consulta ciudadana ante cualquier modificación del POT, incluso en los casos que se tramiten de manera excepcional.
Mientras se emite un juicio de fondo sobre la legalidad de ese acto administrativo, el incremento de la tasa por año volverá a ser del 25 %, no de acuerdo con la variación del IPC.
La decisión de la Procuraduría se da, ya que, aún no se ha instalado las dependencias que ejerzan la etapa de juzgamiento, debido a limitaciones presupuestales.
Para desarrollar actividades misionales permanentes no se puede estar vinculado a través de cooperativas de servicio de trabajo asociado que hagan intermediación laboral.
Fueron desestimados los argumentos de la apelación al demostrar que el cuestionado intervino en actos fraudulentos
Se reconocen como gastos operacionales de ventas, siempre que se reúnan los requisitos de necesidad, proporcionalidad y relación de causalidad con la actividad productora de renta.
Al menos el 30 % de los cargos ofertados deberán ser cerrados a personas con discapacidad intelectual o con especiales dificultades de acceso al mercado laboral.
Consejo de Estado estudia si se configuró causal de revisión al existir una nulidad en la sentencia de acuerdo con el artículo 250, numeral 5 del CPACA.
Se demandan los títulos XII y XIII del Decreto Ley 403 deL 2020, por exceso de facultades extraordinarias conferidas por el Acto Legislativo 04 del 2019.
El contador público, al prestar sus servicios de apoyo en una empresa, entra a formar parte la administración.
Se discute en incidente de desacato si el Estado ha incumplido con la obligación de salvaguardar y proteger el tejido biodiverso del Parque Nacional Natural Los Nevados.
La Corte Constitucional exhibió los requisitos de procedencia del amparo contra sentencias, en particular de las altas cortes.
Los efectos de la inhabilidad para celebrar contratos estatales no pueden extensivos a otro tipo de vinculación.
Si bien la norma acusada fue derogada, mantiene su vigencia para efectos del régimen de transición para solicitudes de indemnización por vía administrativa anteriores a la expedición del Decreto 4800 del 2011.
Los acontecimientos no solo deben tener una entidad propia de alcance e intensidad traumáticas, además deben constituir una ocurrencia imprevista: Corte Constitucional.
La terminación se da por acto administrativo motivado en la recomendación de la EPS o ARL.
En el caso bajo estudio se analizan los escenarios respecto al cónyuge o compañero permanente, de acuerdo con la Ley 100 de 1993.
Según indicó el mandatario, esta decisión deberá ser discutida por todos los estamentos del país, como el Congreso, medios de comunicación y la sociedad.
En la convención colectiva suscrita entre el Banco de la República y Anebre no fue pactada expresamente su vigencia más allá del 31 de julio del 2010.
Confirman suspensión de una abogada por la faltar al numeral 1° del artículo 35 de la Ley 1123 del 2007.
Que las hermanas Pizarro se hayan inscrito por coaliciones del Pacto Histórico, al Senado y Cámara de Representantes, no quiere decir que sus postulaciones sean por la misma agrupación política.
La creación de las causales de inhabilidad e incompatibilidad está reservada al legislador.
La Sección Cuarta estudió una demanda en la que se solicitaba la suspensión provisional de algunos apartes de la norma.
Las normas que rigen el ejercicio profesional establecen la obligación de dejar evidencia de su labor.
La conducta afectó el buen servicio de la administración de justicia, pues en un escenario judicial las partes deben guardar estricto cumplimiento de las reglas y garantías del debido proceso.
Para efectos de exención de impuestos o tasas, no es procedente conferir poder o mandato a un tercero.
El pago oportuno de la obligación es hasta el 25 de septiembre, a partir de esta fecha se cobran intereses.
El proyecto de reforma tributaria ordenaría recopilar información para aplicar enfoque de género en el análisis de propuestas para acabar con “inequidades estructurales”.
El contador público deberá verificar que no se exceda de cinco sociedades, so pena de incurrir en inhabilidad.
A la fecha no han sido reglamentados los parámetros técnicos para las declaraciones de importación o exportación.
El IDU trató de notificar por correo una resolución en la dirección del inmueble sobre el cual recaía la contribución de valorización, pero no se intentó identificar la dirección de notificación del contribuyente.
La entidad incluyó a la normativa un artículo por medio del cual establece la naturaleza y el objeto de dicho comité.
La matrícula mercantil sigue siendo la misma y las obligaciones continúan a cargo, pues no opera sustitución alguna.
Ante la falta de una regulación especial debe aplicarse el Decreto 1042/78, que regula la jornada laboral en el sector público.
Una vez efectuada la anotación en estados electrónicos los secretarios de los despachos deben enviar un mensaje de datos a las partes.
La relación laboral no sufre interrupciones y, por lo tanto, el tiempo de servicios es acumulado para todos los efectos.
Sala Penal explica en un caso contra un empleado judicial que accedió abusivamente a un sistema informático para manipular el reparto de procesos el principio de congruencia.
En tanto sean solo medio de acceso y no un servicio independientemente, no constituirían actividad gravada.
La Procuradora manifestó su rechazo a la imposición del impuesto sobre las pensiones que impondría la reforma tributaria del Gobierno.
Cuando un participante de un proceso de licitación pública se presenta encontrándose incurso en una causal de inhabilidad o incompatibilidad genera una nueva inhabilidad.
La Corte exhortó al Gobierno nacional a regular el crédito educativo para el acceso a la educación superior.
Consejo de Estado protegió a trabajadora que fue desvinculada por abandono del cargo desconociendo su condición de sujeto especial de protección.
La reversión debe entenderse pactada en la forma como fue estipulada en el contrato.
La potestad de policía administrativa otorga a la Superservicios la facultad de ordenar los correctivos necesarios, de manera que los vigilados subsanen las situaciones que trasgredan la normativa vigente.
El pago se realiza teniendo en cuenta el ingreso adicional sobre el cual el pensionado realice sus aportes al SGSSS.
Gobierno solicita la exequibilidad de las normas que regulan la virtualidad en la justicia penal.
Se aceptó que las palabras dirigidas a ofender al particular tuvieron lugar en el ejercicio de la profesión, dado el proceso de restitución de inmueble que se seguía contra el ofendido.
Presentaba una nueva postura sin ningún medio probatorio que condujera a la modificación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos investigados.
Los requisitos previstos no señalan de manera expresa que se lleven a cabo en una territorialidad específica.
El condicionamiento efectuado en la Sentencia C-037 de 1996 se inaplicó para resolver el presente asunto y proferir una sentencia en aplicación del control de convencionalidad.
Factura del impuesto sobre la renta pierde fuerza ejecutoria siempre que el contribuyente presente oportunamente su declaración privada.
Según el artículo 44 de la Constitución, la familia debe garantizar el goce efectivo de los derechos de los menores.
De aprobarse el proyecto, quienes ejerzan su derecho al voto tendrán un descuento del 20 % sobre el costo de los derechos de grado de pregrado o posgrado en instituciones públicas.
El reporte no discrimina los porcentajes de propiedad en relación con los predios ubicados en la ciudad.
La cárcel deberá adoptar medidas para garantizarle al accionante la dignidad humana y el libre desarrollo de su personalidad, como expresión de la diversidad étnica y cultural.
Comisarios de familia que acrediten derechos de carrera los conservarán mientras permanezca en el cargo.
Corte Constitucional exhorta al Congreso para que legisle sobre la maternidad subrogada.
La suspensión obedece a la falta de certeza sobre la viabilidad biológica puesto que con los permisos otorgados se podría conducir a un daño irreparable
Las sociedades tendrán hasta el 21 de septiembre para realizar el pago oportuno de su obligación sin intereses.
No respecto de la corrección o aclaración de la certificación de origen que acompaña dicha decisión.
La prima de riesgo no es factor salarial para liquidar prestaciones sociales diferentes a la pensión, en favor de los servidores que se desempeñaron en el DAS, hasta su supresión.
Se debe evaluar y determinar la forma para el reconocimiento fiscal del suceso en el año gravable 2022.
Si se clasifican como tal, resultaría procedente la exclusión y/o exención del IVA, siempre y cuando se cumplan los requisitos.
No entregar los dineros a quien corresponda constituye falta a la honradez.
Se vulnera el contenido del artículo 48 de la Constitución porque los miembros de la fuerza pública no se encuentran excluidos de la aplicación del Acto Legislativo 01 del 2005.
Así se encuentre acreditada la agresión verbal y física del acusado no se configura por falta de una posición de discriminación, dominación o subyugación, producto de un patrón de sometimiento hacia la víctima.
Según informó el DANE, la variación mensual del IPC para agosto fue de 1,02 %.
Corte Suprema se pronunció sobre cómo realizar un razonamiento diferencial entre los casos de los sentenciados cuyas condenas no han hecho tránsito a cosa juzgada.
Identifique los aspectos principales antes, durante y después de una audiencia judicial virtual.
Una acción popular amparó los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano, al aprovechamiento racional de los recursos naturales y la defensa del patrimonio público.
Registro personal por parte de guardas de seguridad extralimita sus funciones y vulnera derecho a la intimidad.
El alcance que se le debe dar a la prohibición del artículo 10 del Decreto 128 de 1976 es que se configura por la celebración de contratos de prestación de servicios.
No debe haber sido incluido en nómina de pensionados, pues sería más de una asignación del tesoro público.
Se ordenó a la DIAN a devolver los saldos a favor junto con sus intereses corrientes y moratorios.
Establecimiento público dotado de personería jurídica debe ser notificado de la demanda para garantizar efectivamente sus derechos fundamentales del debido proceso y de defensa.
La normativa permite que la autoridad nominadora modifique, aclare o corrija nombramientos.
Le corresponde al juez verificar los motivos que se invocan para invalidar una providencia.
Se podrá decretar el desistimiento y archivo cuando el requerimiento no sea atendido en el término concedido.
No resulta viable considerar que las pérdidas fiscales que se generaron antes de la entrada en vigencia del CREE tengan que someterse a una limitación o a un régimen de transición.
La jurisdicción disciplinaria no es competente para conocer de los procesos disciplinarios contra los auxiliares de la justicia cuando no se ha notificado el pliego de cargos antes del 29 de marzo del 2022.
