Responsabilidad por los estados financieros es conjunta del contador público y el representante legal

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública resolvió una consulta relacionada con un contador que prestó sus servicios a una compañía entre julio del 2019 y agosto del 2020. La empresa necesita información de los balances generales de dicho periodo por requerimientos de la DIAN, pero el mencionado profesional no contesta llamadas ni mensajes escritos.

La entidad recordó que la relación entre el contador público y la entidad a la cual presta sus servicios profesionales deberá establecerse a través de un contrato o documento escrito en el cual se establezcan los derechos, funciones, obligaciones e informes, entre otros asuntos relacionados con el convenio suscrito entre las partes, el cual tendrá en cuenta las normas legales que regulan la finalización de un contrato de trabajo.

Ahora bien, indicó, la responsabilidad de los estados financieros es de la administración de la entidad, cuyo cumplimiento se realiza con el apoyo de un contador público, quien al prestar sus servicios en una empresa también forma parte la administración y, en ese sentido, la responsabilidad por la preparación y presentación de los mismos es en conjunto con el representante legal.

Lo anterior teniendo en cuenta que la información y documentación soporte de la contabilidad es de propiedad de la empresa, quien debe conservarla en los términos del artículo 60 del Código de Comercio y artículo 28 de la Ley 962 del 2005, así como lo establece el artículo 632 del Estatuto Tributario para fines fiscales.

En todo caso, si una persona o empresa considera que el contador público lo ha expuesto a riesgos injustificados, en los términos del artículo 45 de la Ley 43 de 1990, podrá presentar la queja formal, debidamente documentada, ante la Junta Central de Contadores, organismo encargado de ejercer inspección y vigilancia para garantizar que la contaduría pública se ejerza de conformidad con las normas legales, sancionando en los términos de la ley a quienes violen tales disposiciones.