Es obligación de los alcaldes formular la revisión de los POT, según nuevas necesidades y realidades del territorio.

Precisan la legitimación de las autoridades indígenas para reclamar la competencia de un asunto penal seguido contra miembros de su comunidad.

Violación de la obligación del trabajador de guardar la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros constituye una justa causa de terminación del contrato de trabajo.

El requisito de la convivencia no puede descartarse por la sola separación de cuerpos cuando obedeció al maltrato físico y sicológico a que se vio sometida la persona.

La legitimación en la causa ha sido concebida como la idoneidad jurídica que tiene una persona para formular la demanda o para contradecir las pretensiones de ella.

Los tratamientos aplicables serán aquellos que, de acuerdo con la normativa, apliquen en cada caso particular.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca en una decisión sobre un incidente de desacato también condenó a directivos del ente acusador con multas.

Es importante analizar, con cifras oficiales, los resultados de este instrumento, según el Observatorio Oficial Colombia Compra Eficiente.

Actualmente, están vigentes acuerdos con España, Suiza, Perú, China, Reino Unido, Japón, Francia, México, Venezuela, EE UU, Chile y El Salvador, entre otros países.

El Decreto 491 del 2020 amplió los términos de las peticiones para contrarrestar efectos del covid-19.

Mauricio Cristancho Ariza, experto en materia penal, habla sobre las nuevas políticas fiscales tendientes a penalizar las evasiones fiscales.

Los magistrados que integrarían el alto tribunal deberán cumplir con los mismos requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema y del Consejo de Estado

Durante los últimos seis años, la Corte IDH ha emitido varias sentencias en las que reconoce carácter justiciable directo a disposiciones interamericanas de índole laboral.

Por el solo hecho de negar la petición de terminar el amparo por pobre, el juez no puede imponerle sanción de multa a él y a su apoderado.

Si no logramos esta transformación virtuosa, si no se protege también a estos empleadores, corremos el riesgo de quedarnos embelesados en el cambio.

La originalidad de esta publicación se centra, precisamente, en estar dirigida al tratamiento integral y conjunto de tales medios impugnativos y de los motivos que los configuran.

Se puede constatar por cualquier medio el acceso del destinatario al mensaje de datos.

Dentro de la aplicación de las instituciones jurídicas resarcitorias propias de la justicia transicional, se encuentran instituciones que tocan y alteran el derecho real de propiedad.

La nulidad de las reglas del pacto arbitral en los contratos de adhesión pareciera significar entonces el fin normativo del arbitraje de consumo.

Con el proyecto de reforma tributaria se pretende reducir la evasión y la elusión en aras de financiar el gasto social.

El artículo 64 (constitucional) establece el deber para el Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios.

Dentro del proyecto de ley se especifican las competencias para manejar las impugnaciones.

La Corte Constitucional indicó que existe carencia actual de objeto porque se comprobó que en los casos se generaron los recursos necesarios para garantizar las condiciones de bioseguridad en las instituciones educativas.

Corte Suprema precisa el exceso ritual manifiesto al exigir conciliación.

De acuerdo con la propuesta, la política de paz será prioritaria en asuntos de Estado, tanto en lo referente a la implementación de acuerdos como con relación a procesos de negociación, diálogo y acogimiento a la justicia.

Para determinar si una entidad pública ocasionó un daño patrimonial al Estado se debe analizar cada caso en particular.

La póliza presentada con la solicitud de devolución no garantiza el pago de las sanciones que se impongan como consecuencia de su improcedencia.

La policía requiere autorización para acceder a circuitos de vigilancia privada que capten información reservada: Procuraduría.

Son 12 proyectos de ley radicados hasta el momento, se concentran en la protección animal y plantean prohibir diferentes prácticas, como cabalgatas, pelea de gallos, corridas de toros, entre otras.

En este texto, se exploran aspectos históricos del cannabis, las consecuencias de su prohibición, así como el camino para su regulación en materia legal.

En una región tan diversa y plural, la garantía de la libertad religiosa es básica para la promoción de la paz y la igualdad, por lo que no hay verdadero respeto por el pluralismo sin un efectivo respeto por la libertad religiosa.

Las investigaciones se originaron por varias denuncias sobre información engañosa en los líquidos empleados.

La orden del Consejo de Estado a un consejo seccional de la judicatura y a un juez promiscuo municipal se dio mediante una acción de tutela.

¿La participación política por parte del jefe de Estado afecta la imparcialidad en la contienda electoral?

Consejo de Estado precisa cuáles los presupuestos para la aplicación de la presunción de ingresos por control de ventas o ingresos gravados prevista en el artículo 758 del Estatuto Tributario.

Precisan restricción del derecho al sufragio para personas condenadas en un proceso penal.

Se evidenció que la pieza musical fue borrada de la plataforma de reproducción en que se encontraba y, asimismo, el intérprete ofreció disculpas.

De acuerdo con los demandantes, se viola el principio de seguridad jurídica de los proponentes.

La liquidación laboral busca cubrir necesidades básicas mientras el trabajador se vincula nuevamente en un trabajo.

La ceremonia de instalación del Congreso del pasado 20 de julio, presidida por dos particulares que no eran congresistas, fue ilegal e inválida.

Declaran inexequibilidad de una expresión que facultaba a la Procuraduría para atribuir tareas o labores al Vicepresidente.

La Corte Constitucional indicó que el trámite se deberá realizar con la presentación de la tarjeta de identidad, en lugar de la cédula de ciudadanía.

Corte Constitucional estudió las actividades que le corresponde a los Estados frente a este instrumento y establece cómo se deberá manifestar el consentimiento para obligarse.

Precisan que la acción de tutela fue concebida para repeler la amenaza de derechos fundamentales violentados.

Debido a las características y necesidades de corregir el censo electoral local, no es posible dar espera a los términos y plazos comunes del trámite administrativo ordinario.

Ajustes en el funcionamiento del Congreso, una superintendencia de educación y la votación por parte de militares e integrantes de la policía son proyectos que cursan en la entidad.

Señalan los parámetros para que las EPS autoricen el servicio de transporte al paciente y su acompañante dentro del municipio de residencia.

Corte señaló que el derecho a la vivienda digna requiere de políticas públicas sólidas que permitan la ampliación de su cobertura.

La estabilidad laboral reforzada por motivos de salud no implica permanecer indefinidamente en un cargo al que tiene derecho quien superó un concurso de méritos.

Aunque la información sobre procesos judiciales es pública, no puede negarse el suministro de la misma bajo el argumento de que es de libre consulta por parte de los usuarios.

Así lo indicó el ministro Iván Velásquez en medio de la explicación de la nueva política de Seguridad Humana.

El legislador debe establecer las condiciones en que se permitirá la participación política de los servidores públicos.

Es preciso que se acredite la falta de diligencia del servidor y que con la mora se produzca un perjuicio irremediable que haga necesaria la intervención del juez de tutela: Corte Suprema.

Con esta normativa las actividades turísticas relacionadas con estas especies no podrán involucrar acciones de ceba, alimentación y/o contacto directo por parte de los turistas.

En virtud del principio de la non reformatio in pejus, el Consejo de Estado no podía agravar la situación de la parte actora en su condición de apelante único en el caso.

Se podrá disponer la constitución de pólizas que garanticen el cumplimiento de las obligaciones del administrador.

Fondos de pensiones no pueden pedir requisitos adicionales para una sustitución pensional.

Se conminó a una funcionaria judicial para que en futuras oportunidades se abstenga de incurrir en actuaciones que vulneren los derechos de acceso a la carrera administrativa.

Esta propuesta abre una puerta a las negociaciones con el Estado en Colombia y beneficios jurídicos para los narcotraficantes que no reincidan.

Las personas a quienes se les causó la pensión a partir del 25 de julio del 2005 ya no tendrían derecho al reconocimiento de la mesada catorce, salvo dos excepciones.

Pensionados con mesadas de hasta 10 salarios mínimos reducirían su aporte del 12 % a 4 %.

El Ministerio Público apoyó una demanda contra el requisito para las mujeres para acceder a la pensión de vejez con la misma cantidad de semanas que se exigen para los hombres.

La remuneración de los servidores públicos corresponde a los servicios efectivamente prestados.

La prueba fue catalogada como exitosa, teniendo en cuenta que todas las operaciones fueron ágiles y seguras.

En el cohecho propio solo se requiere que el servidor público acceda a la propuesta ilegal que se le formula aceptando contravenir sus funciones oficiales.

Entre los ajustes que plantea la entidad se encuentra la metodología de cálculo de los montos mínimos y máximos de la reserva.

Si las restricciones al derecho de locomoción son proporcionales y razonables el acto administrativo goza de legalidad.

La apuesta del Gobierno para reducir el hacinamiento carcelario indicaría la descriminalización de algunas conductas.

El demandante pide que el pago del subsidio económico por incapacidad recaiga sobre todas las administradoras de fondos de pensiones, indistintamente si el concepto de recuperación es favorable o no al trabajador.

Siendo la legitimación en la causa un elemento material de la pretensión cuya presencia es indispensable para proferir sentencia favorable, es deber del fallador constatar su acreditación en el proceso.

Los horarios de atención de las defensorías y comisarías de familia son permanentes y continuos.

Son considerados como servidores públicos, por hacer parte de las juntas administradoras locales.

Expedición de factura de venta es una obligación fiscal, independientemente de la naturaleza jurídica de una entidad.

Falencias en la ejecución del censo dieron lugar a una disminución en la identificación de la población negra en el país y constituyen un incumplimiento al rol que le corresponde al Estado.

Según explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores, esta decisión se toma ya que en Colombia existe un marco jurídico que permite la práctica del aborto de manera legal y segura.

Precisan sobre el fuero de maternidad en casos de supresión del cargo o provisión del mismo en carrera.

Se publicó la que puede ser la decisión más ambiciosa de los últimos años, que se debate entre el reconocimiento y la inoponibilidad de las sentencias emitidas por los jueces civiles en procesos de pertenencia que han reconocido el derecho de propiedad a particulares respecto de predios baldíos.

Si el empleado se vincula cuando se realiza el incremento, el pago se realiza con este y no hay lugar a retroactivo.

Llega a la Corte una demanda contra la interpretación de requisitos que limiten el objeto, contenido y finalidad de la acción pública de nulidad por inconstitucionalidad.

La posibilidad de ordenarle al Presidente de la República que contemple declarar el estado de conmoción interior es un asunto que escapa a la acción de tutela.

Corte protegió derechos fundamentales de ciudadano de 74 años que fue suspendido del programa Colombia Mayor.

El Consejo de Estado precisa los requisitos que exige la ley para que las entidades territoriales puedan hacer uso de dichas vigencias.

Corte Constitucional se pronuncia sobre el proceso administrativo y reglas jurisprudenciales para la revocatoria unilateral de pensiones reconocidas irregularmente.

Se deberá realizar consulta previa en los casos en que la creación del municipio afecte directamente a comunidades indígenas asentadas en el territorio del nuevo municipio.

Se ordenó al juez examinar nuevamente el expediente y valorar si la orden dictada es posible de cumplir o no.

Tan solo en la última semana fueron radicados 24 iniciativas.

La sustitución pensional no es un derecho nuevo, sino derivado de aquel que ya se encontraba causado, es un elemento arraigado al derecho principal.

Así lo anunció la Ministra de Agricultura en medio de la 56° Convención Bancaria.

Por lo tanto, la demostración de la vulneración del interés colectivo a la moralidad administrativa implica desvirtuar tales presunciones.

La Corte Constitucional constata grave incumplimiento del régimen especial de baldíos y del deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los campesinos.

Libardo Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Internacional de Derecho Administrativo, compartió con ÁMBITO JURÍDICO sus apreciaciones frente a las II Jornadas internacionales de derecho administrativo.

La EPS deberá asumir la obligación de pago de las incapacidades superiores a 540 días debidamente otorgadas por el médico tratante.

En caso de aprobarse el proyecto, el nuevo organismo se encargará de inspeccionar, regular, fiscalizar, vigilar y controlar los procesos educativos.

Certificación sobre la destinación de los bienes excluidos de IVA en el artículo 424-5 del Estatuto Tributario puede expedirse después de la venta.

El empleador terminó el contrato de trabajo conociendo el estado de salud de la ciudadana.

No existe impedimento legal de carácter taxativo que prohíba que estas parejas adopten a menores de nuestro país.

Adoptar una disposición del régimen de inhabilidades e incompatibilidades tiene reserva exclusiva para la ley y la Constitución Política.

La iniciativa busca garantizar el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos de la población campesina.

Un fallo reciente de la Corte Constitucional impartió importantes lineamientos sobre la materia.

El catastro multipropósito, por sí mismo, no crea, modifica ni extingue situaciones jurídicas relacionadas con la tenencia de la tierra.

La justicia del Estado es buena para reprochar y castigar, pero no para restablecer la convivencia.

El sistema de justicia debe superar los problemas que han llevado a la alta impunidad, pues, como sostiene la Comisión, ‘la mejor alternativa contra la guerra es la justicia.

Existe una serie de temas ya diagnosticados y que deben ser abordados paralelamente a aquellos que responden a una posición de Gobierno, como, por ejemplo, el ‘fracking’.

Acueducto y alcaldía deben garantizar condiciones mínimas de habitabilidad y observar sus deberes en materia de prestación correcta y eficiente del servicio público de alcantarillado.

No es procedente que un empleado público se beneficie de la nómina pensional recibiendo dos asignaciones.

Gobierno Nacional no excedió su competencia reglamentaria al establecer requisitos para la inscripción de candidatos por la Circunscripción Especial de las Comunidades Negras a la Comisión Consultiva de Alto Nivel.

Explican la importancia de la motivación de las sentencias para la protección de los derechos en procesos de restitución de tierras.

Es necesario promover en la ciudadanía y en nuestros abogados competencias de negociación para la autocomposición, de cara a la aplicación de la reciente normativa.

La tasación de la sanción por no informar partía de la base de los ingresos netos solo cuando la información no tenía cuantía, o no era posible establecerla.

La sentencia es un gran paso para alcanzar una aplicación del derecho penal más justa e igualitaria.

Reducir la superación del conflicto armado a simples salidas judiciales de sus actores solo sirve para reproducir las lógicas selectivas y discriminatorias del cuestionado derecho penal.

La situación está prevista como una de las excepciones para poder percibir dos asignaciones del erario.

La segunda edición de esta obra presenta el régimen jurídico de las obligaciones, su origen histórico, sus fuentes contractuales y legales, su clasificación, sus formas de transferencia, su cumplimento y sus diversas formas de extinción, entre otros temas.

Es curioso cómo lo virtual hace normales conductas que, en la realidad física, serían claramente inaceptables.

El derecho internacional, en general, y el DIH, en particular, son, como toda construcción jurídica, una apuesta, una utopía que va ganando espacio y terreno para su aplicación.

Consejo de Estado analiza el caso de un accionante que consideró que vulneraron sus derechos fundamentales al no iniciar un concurso de méritos.

El exónimo es la traducción de nombre de lugar a otro idioma, como Maguncia, Milán, Nueva York, para Mainz, Milano, New York.

Con esta herramienta las entidades públicas y sus oficinas asesoras podrán identificar los riesgos jurídicos de los proyectos de acto reglamentario que les corresponda expedir.

No es procedente que un empleado público se beneficie de la nómina pensional recibiendo dos asignaciones.

Los lineamientos planteados en el documento están encaminados a proteger por igual los recursos naturales y a las comunidades, sobre la base de la participación.

Las propuestas no representan un cambio significativo en la estructura de este tributo, pues su intención meramente recaudatoria es evidente.

Así como lo intuye Schlink, quizás para entender el papel del Derecho en la producción y la solución de estas tramas aberrantes necesitaremos algo más que su comprensión desde sus fuentes formales. Necesitaremos comprenderlo desde la ficción.

Acusan norma sobre pérdida del auxilio cuando termina el contrato del trabajo por delito cometidos contra el empleador o parientes dentro de ciertos grados de parentesco.

Ajustes en las políticas de datos y representación a empresas y terceros, entre las modificaciones realizadas

La Corte Constitucional estableció lineamientos operativos para la protección de datos personales en las providencias publicadas en su página web.

Si se pretende por medio de la tutela la protección de un derecho fundamental, esta debe ser invocada por quienes allí participaron como partes.

No resulta aplicable el artículo 126 de la Constitución Política, por cuanto en este tipo de elecciones no intervienen servidores públicos en la condición de nominadores ni como designados.

Inició su vida pública muy joven como líder estudiantil y ocupó varias posiciones públicas y políticas.

La nueva funcionaria fue mano derecha del presidente Petro durante su paso por la alcaldía de Bogotá y ayudó en el proceso de empalme.

En el marco del Día Internacional de la Juventud, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió un informe en el que pone de manifiesto amplias diferencias a escala regional.

Precisan los fines y elementos del derecho fundamental a la seguridad social, reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en favor de los niños, las niñas y los adolescentes.

La ley no ha establecido el pacto arbitral en los contratos de adhesión y el Gobierno nacional no podía adoptar esta regulación.

Las compañías han accedido al régimen cumpliendo sus compromisos de inversión, de generación de empleo y, en general, con todas las finalidades de la Ley 1004 del 2005.

El debido proceso sancionatorio es vulnerado cuando el fallador no expresa con claridad y precisión los factores que tuvo en cuenta para fijar la pena.

Las IES podrán establecer incentivos monetarios o financieros, dirigidos a docentes, investigadores y estudiantes para estimular su participación en actividades que conduzcan a la creación de empresas de base tecnológica tipo Spin Off.

La expropiación por vía administrativa está sujeta a posterior acción contencioso-administrativa, incluso para controvertir el precio indemnizatorio.

Sin duda alguna, uno de los proyectos más importantes que ya se encuentran en curso, es el radicado por el Ministerio de Hacienda con la reforma tributaria, con el cual se espera un recaudo de $ 25,9 billones.

Corte advierte que las solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas del magisterio deberán ser tramitadas por la entidad territorial de educación a que corresponda.

Registro de partidos, movimientos y agrupaciones políticas son de naturaleza declarativa y no constitutiva, por lo que deben ser incluidos en el registro único.

En los eventos de destrucción de inventarios, la base gravable del impuesto debe ser ajustada con la correspondiente aminoración, por cuanto dicha destrucción impidió que se realizara el hecho generador.

Como es usual, el proyecto en su último artículo plantea las vigencias y derogatorias que aplicarán apenas entre en vigencia la nueva ley.

Se espera que el proyecto sea aprobado rápidamente, para que pueda aplicarse a los comicios regionales del 2023.

Un buen proceso de acogimiento, masivo, temporal, con condiciones claras y verificables, ojalá sincronizado con una nueva política regulatoria, podría reconducir la forma en que se ha enfrentado el problema.

En un concepto enviado a la Corte Constitucional, la Procuradora se pronunció sobre la demanda contra artículos de las leyes 1564/12 y 906/04.

El principio no tiene aplicación cuando la sanción de multa se adecúa o actualiza con la demolición prevista en la Ley 810 del 2003.

Si al cabo de dos días la notificación personal no ha podido ser realizada se notificará por edicto, que durará fijado por tres días.

El punto de partida para estudiar la presentación oportuna de la demanda lo constituye el momento de conocimiento del valor negativo de las acciones que tenían los accionistas en la EPS intervenida.

Si bien la trata de personas y la explotación sexual son dos fenómenos diferentes, no se pueden estudiar y combatir por separado, como tampoco puede desligarse la prostitución.

Corte Constitucional explica el alcance del Acto Legislativo 01 de 2005 en relación con regímenes exceptuados y especiales del Sistema de Seguridad Social.

Dentro de las iniciativas se destacan temas para beneficio del sector rural, protección a la mujer y garantías a los animales. Descárguelos.

Corte Constitucional admite demanda contra los artículos de la Ley 2200 de 2022, normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos.

El cumplimiento de la pena impuesta a un indígena por la justicia ordinaria se da bajo ciertas condiciones.

El beneficio aplicará para los propietarios que registraron un buen comportamiento vial por no reportar siniestros y renovaron la póliza de manera oportuna durante el 2020 y 2021.

La ministra Gloria Inés Ramírez considera que es una corrección necesaria, un principio de justicia laboral.

Se desconocieron los derechos a la participación democrática y al debido proceso de los jóvenes accionantes al proporcionarles un solo puesto de votación.

Así lo determinó la Corte Constitucional al revocar una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en donde desconocía su precedente, sin justificar las razones por las cuales se apartaba.

Proteger en serio a los animales requiere estructura, inversión e innovación.

A la Relatoría de la Corte Constitucional no le corresponde responder derechos de petición de consulta.

Temas como el narcotráfico, la desigualdad y las reformas entre los aspectos más importantes del discurso de posesión.

El recién nombrado ministro de Justicia, Néstor Osuna, plantea desde ya las reformas y cambios estructurales en la cartera.

Seguiremos a rajatabla las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad y no podemos seguir en el país de la muerte, tenemos que construir el país de la vida, afirmó el presidente en su discurso.

Alcance de los requisitos para la acreditación de la judicatura frente a los derechos a la educación y a la libre escogencia de profesión u oficio.

La CNDJ analizó si el régimen de abogados compagina en similitud fáctica y procesal con el precedente que dejó la sentencia del caso Petro Urrego Vs. Colombia.

El abogado externadista tiene Doctorado de Derecho de la Universidad de Salamanca.

Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la entidad sugerirá más datos, teniendo en cuenta los reportados por terceros.

Debe verificar la correcta administración en aquellos conjuntos o edificios de naturaleza comercial o mixta.

La falta a la debida diligencia profesional no solo se configura frente a los intereses de quien se representa.

Desde el inicio del contrato de ‘leasing’ el bien hace parte del patrimonio del arrendatario para fines contables y tributarios.

Una vez comprobado que el agente padece un trastorno mental, corresponde al fallador discernir si tal condición anuló la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta.

Por tener implicaciones tributarias, la Dian está facultada para realizar labores de fiscalización e investigación.

Para los demandantes, la norma acusada desconoce el principio de unidad de materia.

Le corresponderá a la consejera Rocío Araujo volver a presentar la ponencia del caso.

Por medio de un concepto, el Ministerio Público precisó que los particulares que contribuyan a ocasionar un daño al patrimonio público pueden ser declarados fiscalmente responsables.

Minsalud será el encargado de asumir el pago en materia de sentencias judiciales y acuerdos conciliatorios que no sean de índole laboral.

Según las normas comerciales, las sucursales de sociedades nacionales son una prolongación de la misma sociedad.

El empleo de gerente de ESE constituye un cargo de confianza, lo que significa que se puede catalogar como de libre nombramiento y remoción.

Se generó una vulneración del derecho a la libertad al permanecer el accionante en detención preventiva intramural a pesar de tener boleta de encarcelamiento para la domiciliaria.

El objetivo es la actualización/ampliación de las plantas de empleo y garantizar el trabajo digno y decente.

Expiden normas para garantizar beneficios sociales focalizados en pescadores artesanales comerciales y de subsistencia.

De acuerdo con el actor, la norma acusada desconoce el principio de reserva de ley y el de tipicidad.

El derecho superior, por contar con existencia natural, supera la teoría y pide que se manifieste en la praxis cotidiana.

Del billón de pesos relacionados en las actas de entrega por parte de la FARC-EP, únicamente se constituyó un patrimonio autónomo en la vigencia 2021 por $ 43.000 millones.

De acuerdo con la actora, las normas acusadas vulneran los principios de consecutividad e identidad flexible.

No necesariamente para que exista el mandato debe constar por escrito.

Los demandantes consideran que la norma permite una dilación hasta de 10 meses para la materialización de un derecho necesario para satisfacer las necesidades vitales.

En concepto del Ministerio del Trabajo, es necesario que se reincorpore al ordenamiento jurídico el artículo 18 de la Ley 1122 del 2007.

Anoche se conoció que el presidente electo le ofreció al exmagistrado la cartera, pero fue rechazada por razones personales.

En conversación con ÁMBITO JURÍDICO, la magistrada Diana Remolina comparte los avances, proyectos, desafíos y metas que se encuentran trazados para lograr que a través de la tecnología se alcance verdaderos cambios positivos.

La falta de una definición común para clasificar las monedas virtuales hace que la regulación para este mercado sea un tema urgente a incorporar en las agendas de los gobiernos de la región y, por supuesto, en Colombia.

Se vulnera el enfoque de género al imponer a la mujer patrones de comportamiento sexual adecuados o patriarcalmente aceptados para dar credibilidad a una acusación.

En todo caso, no practicar una de las pruebas decretadas no equivale a la exclusión de responsabilidad del presunto infractor.

Aclaran posibilidad de aplicar ultractivamente las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990, para conceder la pensión de sobrevivientes.

El área del proyecto hidroeléctrico en el río Sinú abarcaba zonas del Sistema de Parques Naturales Nacionales, protegidas constitucionalmente.

Daniel Vásquez Vega, experto en Responsabilidad Civil, destaca varios aspectos de esta emblemática sentencia.

Aún falta por explorar con más profundidad la pertinencia de mantener este marcador de identidad en un documento destinado a ser utilizado en lo trascendental y lo nimio de la vida.

Es necesario hacer un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que unifique la interpretación y la aplicación de las normas relativas a esta materia.

Es importante darle un nuevo impulso y enfoque a la función de competencia desleal, que constituye pieza esencial en la defensa de los derechos de los empresarios.

La caracterización económica real de nuestra población es un problema grave por solucionar.

Socios, abogados asociados, abogados junior, asistentes legales, practicantes legales y el personal administrativo participaron en la celebración de los 10 años de fundación de Víctor Mosquera Marín Abogados.