Los peligros de la actual legislatura

Óscar Alarcón Núñez

La reforma constitucional de 1979 (reforma Turbay Ayala) se cayó, porque la Comisión Primera de la Cámara, en donde se debatió, se integró irregularmente por cuanto no se les dio representación a las minorías. Ante una demanda en ese sentido, el organismo de lo contencioso administrativo aceptó las pretensiones y declaró nula la elección de sus miembros. El fallo dio margen para que unos ciudadanos preocupados –entre quienes estaba el autor de esta columna– acudieran ante la Corte Suprema de Justicia, entonces guardiana de la integridad de la Constitución, para demandar el trámite de la reforma constitucional del gobierno Turbay Ayala.

Entre los varios alegatos expuestos, estuvo la violación del artículo 75 de la entonces Constitución, que decía: “Toda reunión de miembros del Congreso que, con la mira de ejercer funciones propias de la rama legislativa del poder público, se efectúe fuera de las condiciones constitucionales, carecerá de validez; a los actos que realice no podrá dárseles efecto alguno, y las personas que en las deliberaciones tomen parte serán sancionadas conforme a las leyes”.

La norma nació en la propia Constitución de 1886, en donde se dijo que los actos expedidos así eran “ilegales” y, por consiguiente, “nulos”. En la reforma constitucional de 1968 (reforma Lleras Restrepo) se modificó la norma y quedó en los términos transcritos y que mantuvo la Constitución de 1991 (artículo 149). De manera más estricta se dice que esos actos no son “nulos”, sino “inválidos”. Es decir, que no nacen a la vida jurídica.

La disposición aún existe, lo que significa que la ceremonia de instalación del Congreso del pasado 20 de julio, presidida por dos particulares que no eran congresistas, fue ilegal e inválida. También lo fueron la elección de nuevos dignatarios y los actos subsiguientes. Luego, todo lo que ha tramitado el Congreso en esta legislatura incurre en el mismo vicio, como la integración de las comisiones constitucionales permanentes. Por menos se cayó la reforma de 1979. Solo falta que unos ciudadanos preocupados demanden ante la Corte Constitucional los actos de la actual legislatura que han sido tramitados “fuera de las condiciones constitucionales”, los cuales carecen “de validez”.

Están jugando con candela los miembros del Congreso, entre otras cosas su presidente, Roy Barreras, quien no es abogado, sino médico y, por eso, confunde las vías digestivas con las vías jurídicas.

¿Qué tal que la tan anunciada reforma tributaria se apruebe y luego caiga en la Corte Constitucional? Hasta las bebidas azucaradas quedarían sin ingenio.