Esta es la política de “paz total” que plantea el Gobierno al Congreso

Hoy martes, los ministros del Interior, de Defensa y de Justicia radicaron ante el Congreso de la República la reforma a la Ley 418 (Ley de Orden Público), para darle facultades al presidente Gustavo Petro de realizar negociaciones con grupos criminales y lograr la “paz total” que ha planteado desde su campaña.

Según indicó el ministro del Interior, Alfonso Prada, “lo que hace el día de hoy el proyecto es convertir en política de Estado la política de paz, eso implica que le da carácter vinculante a los acuerdos para que ellos no sean interrumpidos en la fase de implementación y cumplimiento y que incluso los procesos de paz que estén en curso vinculen a los gobiernos siguientes en la continuidad de lo que es un derecho y un deber constitucional, como lo es la búsqueda de la paz, que no es potestad exclusiva de un Gobierno, sino una política constitucional y de Estado”.

#AEstaHora el Ministro @Alfonsoprada radica en @CamaraColombia el Proyecto de Ley que busca adicionar y prorrogar la ley 418 de 1997, un instrumento que define la Política de #PazTotal que anhela tanto nuestro país. pic.twitter.com/ENdsXoETov

— MinInterior Colombia (@MinInterior) August 30, 2022

• La política de paz será una política de Estado

El primer punto que aborda la iniciativa, denominada “seguridad humana y paz total”, es que la política de paz será prioritaria en los asuntos de Estado, tanto en lo referente a la implementación de acuerdos como con relación a procesos de negociación, diálogo y acogimiento a la justicia, sino también califica a la política de paz como una política de Estado.

Según se lee en la propuesta, “se vinculará a las autoridades de todas las ramas y niveles del poder público, quienes deberán orientar sus actuaciones a darle cumplimiento. Asimismo, los diferentes gobiernos deberán garantizar la continuidad de las políticas públicas de paz y, en consecuencia, tendrán el deber de concluir aquellas que sean fijadas por administraciones precedentes”.

Así mismo, ordena que cada uno de los ministerios que conforman el Gobierno Nacional deberá definir los componentes de la política pública de paz que hagan parte de su competencia.

• Zonas de concentración

Una vez iniciado un proceso de diálogo o negociación, atendiendo lo que plantea la iniciativa, el Gobierno o los representantes autorizados acordarán con los voceros o miembros representantes de las organizaciones armadas una ubicación temporal, la cual será el punto concentración de los combatientes de las distintas zonas geográficas del país. No podrán ubicarse en áreas urbanas.

Además, “en las zonas aludidas quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición, contra estos y los demás miembros del grupo organizado al margen de la ley al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia las mismas hasta que el Gobierno así lo determine o declare que ha culminado dicho proceso”.

• Alternativa para el servicio militar

Uno de los apartes que más ha llamado la atención de la ciudadanía, en especial de los jóvenes del país, es la propuesta de la creación el servicio social para la paz, como una alternativa al servicio militar.

Dicha alternativa maneja los mismos lineamientos en cuanto a la duración del servicio, como la remuneración que está definida para el servicio militar, y se podrá ejecutar en las siguientes modalidades:

1. Servicio social para promover la alfabetización digital en zonas rurales o urbanas.
2. Servicio social para el trabajo con víctimas del conflicto armado y la promoción de sus derechos.
3. Servicio social para la refrendación y el cumplimiento de acuerdos de paz.
4. Servicio social para promover la política pública de paz, la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización.
5. Servicio social para la protección de la naturaleza y la biodiversidad. 

• Fondo para la paz

El último capítulo del proyecto está enfocado en el fondo para la paz, el cual tendrá por objeto la financiación de las acciones que definan el Presidente de la República y el Gabinete de Paz, así como de los programas encaminados al logro y la consolidación de la paz en Colombia, de acuerdo con la política vigente sobre la materia.