El Ministerio de Salud y Protección Social, a partir de la fecha, será el encargado de asumir el pago de las sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas y acuerdos conciliatorios, siempre y cuando no sean de índole laboral, derivados de las obligaciones contractuales y extracontractuales de la extinta empresa social del Estado Antonio Nariño.

Así quedó establecido en el Decreto 1491, en el cual se establece que las obligaciones anteriormente indicadas serán pagadas con cargo a los activos líquidos y no líquidos transferidos por el liquidador al momento de suscribir el contrato de fiducia mercantil 013/10, por medio del cual se constituyó el patrimonio autónomo de remanentes de dicha compañía.

Finalmente, la disposición aclara que, adicional a las obligaciones laborales, está excluida cualquier otra obligación de la liquidada empresa que esté determinada o pueda determinarse.