Cambio e informalidad

Julio César Carrillo Guarín

Asesor en Derecho Laboral, Seguridad Social y Civilidad Empresarial

carrilloasesorias@carrillocia.com.co

Según Steven Venette, citado en el texto Transformando crisis en Krisis (versión adaptada al español de la palabra griega), “crisis es un proceso de transformación en el que no se puede mantener el sistema antiguo”. De ahí que se diga que “crisis es cambio” y, por lo mismo, que hacer el cambio implica formular “críticas”, acudir al criterio y tomar decisiones para transformar.

En materia jurídica y social, lo deseable es que la transformación esté encaminada a realizar bienes supremos como los que describe el Preámbulo de nuestra Constitución, es decir, asegurar “la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo”. En suma, el respeto por el otro.

El peligro radica en que, dada la permanente dinámica dialéctica de la vida, no se construya sobre lo construido y la transformación se diluya en una agobiante dilación de la situación de crisis.

En este contexto, no podemos negar el valioso aporte de la legislación laboral vigente para materializar el trabajo digno y justo, aparejado con disposiciones como las existentes en materia de seguridad y social y seguridad y salud en el trabajo, entre otras. Todas ellas guiadas por el loable propósito de generar bienestar en clave de humanidad.

Cómo negar el valor de regulaciones, incluidas las que, de manera fragmentaria y poco sistemática, se van incorporando con el fin de promover el derecho a la desconexión u organizar jornadas con la familia, establecer condiciones de seguridad en el trabajo, disminuir la jornada o definir desde qué hora se reconoce un recargo nocturno o la remuneración del trabajo dominical, entre muchas otras.

¿Pero, cómo aplicar esas bondades regulatorias en concordancia con el desarrollo rural integral, en selvas y montañas cuando, a modo de ejemplo, el derecho a la desconexión lo practican desde siempre, por la lamentable ausencia de conectividad, o cuando no hay tiempo para pensar en organizar jornadas con la familia, porque todos están concentrados en  subsistir o, en fin, cuando resulta física y económicamente imposible materializar los justos logros regulatorios que se dictan desde una perspectiva aplicable a un reducido número de empleadores con capacidad para ello?

Y ni qué decir de los pequeños empleadores, en campos y ciudades, que quieren generar empleo formal y se sienten agobiados por el imperio normativo o político que no los considera dentro de la dura realidad de sus limitaciones y alcances.

Es entonces cuando el “criterio” y el juicio “crítico” que implica la krisis (la transformación) requiere incluir entre los “nadies laborales”, junto con los desempleados y los informales, a esos empleadores que, invisibilizados y excluidos, no pueden acceder a las exigencias de una legislación que no los considera, en la medida en que supera sus posibilidades de generar empleo digno.

No es para salir corriendo. Pero sí para ayudar, transformando una legislación que no modula categorías de empleadores ni contextos rurales e impide a estos “nadies laborales” acceder a fases de formalización acordes con el crecimiento y las posibilidades de sus emprendimientos, sin los cuales no hay posibilidad de erradicar el desempleo con trabajo digno.

No estoy en campaña. Solo recordé el reporte de la Misión de Empleo de Colombia (2020-2021) –que poco o nada se menciona en el camino de transformar la informalidad en formalidad (krisis) –, según el cual  “hay propuestas para mejorar la protección social o los ingresos de los trabajadores, muy necesarias sin duda, pero que no ponderan lo suficiente sus impactos sobre la dimensión económica”, pues de lo que se trata –continúa el reporte– es de ayudar a avanzar simultáneamente en ambas dimensiones, es decir, “crecer con inclusión social” trabajando dos objetivos: ampliar la protección social y “reducir los obstáculos emanados de la regulación laboral y de la protección social que inciden negativamente en el desempeño de las empresas y, por tanto, en la generación de empleos estables, productivos y mejor remunerados”.

Si no logramos esta transformación virtuosa, si no se protege también a estos empleadores, corremos el riesgo de quedarnos embelesados en el cambio, en una especie de adolescencia normativa que, sin considerar la capacidad y el contexto de las diferentes fuentes empleo, incrementará la informalidad y el desempleo y, con ello, la población de la Colombia laboral profunda donde habitan los “más nadies”.