Fondos de pensiones debe tener una especial diligencia en su actuar, en particular sobre la historia laboral de sus afiliados, de forma que no se defraude la expectativa legítima que crea este documento.
Cumplimiento de los requisitos para obtener el reconocimiento pensional no supone una desafiliación automática del sistema: Corte Suprema.
Es posible que la administración y la autoridad judicial contrasten el dictamen con las demás pruebas recaudadas.
Cuando se trata de una pluralidad de actores que demandan los perjuicios causados a diferentes trabajadores la causa es única e inescindible en su origen para cada uno de estos o su grupo familiar.
En los casos en los que se cotice por un periodo inferior procederá el reconocimiento proporcional.
La Asociación Colombiana de Facultades de Derecho es un interlocutor válido en el Ministerio de Educación, en el Icfes y en el Ministerio de Justicia.
El Colegio de Abogados Rosaristas y la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario realizaron el evento Diálogos sobre la reforma laboral: acierto o desacierto.
La supresión de cargos es una causal de retiro del servicio prevista para los empleados públicos.
Consejo de Estado se pronunció sobre la responsabilidad disciplinaria de un docente estatal por incumplimiento de las obligaciones contractuales académicas.
El evento se llevará a cabo en el auditorio Mutis de la Universidad del Rosario.
La información consignada en la historia laboral de los afiliados es responsabilidad de las administradoras de pensiones: Corte Constitucional.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal se pronunció acerca de las iniciativas legislativas relacionadas con los sistemas de pensiones y de salud.
La norma solo establece una cotización mínima de cuatro semanas inmediatamente anteriores al inicio de la incapacidad.
Se encontró que la juez investigada no ha maltratado, perseguido, discriminado o acosado laboralmente a la oficial mayor de su despacho.
Este ajuste supera el 7,26 % establecido en el 2022.
La ministra Gloria Inés Ramírez estuvo presente en la audiencia sobre la reforma pensional que se llevó a cabo en el Congreso.
El juez de tutela podría analizar si se logra la reincorporación laboral del usuario o, en su defecto, la declaración de invalidez.
Es diciente el interés de los dos países por reactivar sus relaciones comerciales e incrementar el flujo de inversiones recíprocas.
El autor invita a reflexionar sobre la realidad de las relaciones laborales, frente a lo prescrito en las diferentes normas que las regulan.
Es necesario entender con claridad el alcance de los aspectos negativos que se pretenden introducir, en aras de cuestionarlos y rechazarlos contundentemente.
El tiempo máximo varía según los requerimientos de cada paciente para realizar el diagnóstico correspondiente.
Procede la acción de tutela por desconocimiento del precedente constitucional con relación al principio de favorabilidad en la acumulación de tiempo de servicios: Corte Constitucional.
Si el funcionario adquirió su estatus de pensionado antes del 1º de julio del 2009, la UGPP es la encargada de otorgar la pensión.
Se determinó que la mora no obedeció a situaciones externas que se hubieran salido de control por parte del funcionario, ni por imposibilidad física para resolver.
Antes de dar inicio a la comisión de servicios, se debe expedir el acto administrativo que ordena su reconocimiento y pago de viáticos.
Estructuración de la pérdida de la capacidad laboral se debe generar antes del fallecimiento del causante.
Los efectos del incumplimiento solo podrán ser determinados por el legislador y no lo ha hecho hasta la fecha.
El inciso segundo del artículo 145 de la Ley 1437 de 2011 permite interponer el medio de control de perjuicios causados a un grupo contra actos administrativos.
Consejo de Estado analizó si es viable reconocer a un docente indemnización por enfermedad profesional que ha sido valorada con una pérdida de la capacidad laboral del 96 %.
Condiciones para conceder los permisos deben ser determinadas en el reglamento de trabajo, así como los requisitos para ser concedidos.
La liquidación de salarios y prestaciones deberá realizarse hasta la fecha de aceptación de la renuncia.
Debe preferirse el mecanismo judicial ordinario idóneo para resolver una controversia pensional que requiera de un debate probatorio exhaustivo y amplio: Corte Constitucional.
Ante la falta del segundo, el primero debe responder por las cargas laborales.
Se establece la totalización de los periodos de cotización acreditados en los distintos Estados.
El empleado provisional debe conocer las razones por las cuales se le desvincula, para que ejerza su derecho de contradicción.
La nueva magistrada de la Sala de Casación Laboral se venía desempeñando como magistrada de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pasto.
Para marzo del 2023, la tasa nacional de desempleo fue de 10 %.
La Corte Constitucional ha establecido que para determinar si una persona es titular de la garantía de estabilidad laboral reforzada no se requiere una calificación de pérdida de capacidad laboral.
Se puede inferir el estado de salud del empleado siempre que sea notorio, evidente y perceptible, precedido de los elementos que constaten la necesidad de protección.
Si la norma prevé una facultad o su ejercicio es discrecional no prosperan las pretensiones de la acción de cumplimiento.
Ante el cumplimiento tardío en la presentación y pago de las declaraciones tributarias, el contribuyente pierde el beneficio de progresividad consagrado en el artículo 4 de la Ley 1429 del 2010.
El contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral: Consejo de Estado.
Si, como en el caso de España, algunas plataformas tienen que dejar de funcionar porque dejamos de subsidiarlas permitiéndoles incumplir la ley, no eran negocios viables para comenzar.
El Consejo de Estado se pronunció sobre la responsabilidad del Estado por falla del servicio y si hay ausencia de imputación por las circunstancias de modo que rodearon la muerte de la víctima.
El término de caducidad es un presupuesto procesal que debe cumplirse y no constituye una simple formalidad.
La condena se generó por el beneficio convencional de reajuste de la mesada pensional contenido en la convención suscrita entre Universidad de Antioquia y el sindicato de trabajadores de la universidad entre 1976 y 1977.
En el caso bajo estudio, durante el tiempo en que el abogado actuó como apoderado no le informó al cliente ni siquiera el número de radicado del proceso.
Con una votación de 10 contra 8, la Comisión Séptima aprobó la ponencia mayoritaria del proyecto.
ÁMBITO JURÍDICO conversó con Jairo Alberto Higuita Naranjo, Jiménez Higuita Rodríguez y Asociados, sobre sus retos al frente de la compañía y el presente y futuro de la economía del país.
El esquema que se propone es inviable, desconoce que la huelga como derecho protegido constitucionalmente no es absoluto, que debe estar reglado y tener límites claros.
Cuando muere el afiliado su compañero permanente no está obligado a acreditar una convivencia mínima de cinco años para ser beneficiario de la pensión de sobrevivencia.
Si la voluntad del legislador hubiera sido limitar el número máximo de semanas de cotización lo señalaría de manera expresa: Corte Suprema.
La CNDJ confirmó la decisión que declaró responsable disciplinariamente a un abogado y lo sancionó con censura.
Tal parece que las reformas se han venido preparando de manera aislada, sin considerar consecuencias en otros sectores, pues, aparentemente no se han analizado los efectos.
La Procuraduría indagó por las comunicaciones que ha habido entre entidades sobre el presunto desabastecimiento.
Aún ante la ausencia de cobertura del ISS o llamamiento a inscripción de algunos sectores productivos, el empleado no debe pagar un porcentaje del cálculo actuarial.
Los tribunales superiores de distrito judicial son los nominadores de los jueces de la República y, por tanto, sus superiores en el ámbito administrativo.
El profesional debe informar cualquier particularidad que pueda afectar el resultado del proceso.
Existen actuaciones que por su naturaleza se encuentran desprovistas de la calificación de acoso laboral, como lo señala el artículo 8 de la Ley 1010 del 2006.
El desempeño de esos cargos es una razón válida constitucionalmente para establecer un trato diferencial entre quienes ocupan dichas posiciones de privilegio y los demás empleados: Procuraduría.
La decisión se basó en la prevalencia del derecho sustancial y para garantizar el derecho fundamental a la seguridad social del cónyuge sobreviviente.
Derecho al trabajo supone tanto la garantía de recibir una remuneración como la de ejercer profesión u oficio.
Corte Suprema precisa quiénes están legitimados para reclamar pensión de sobrevivientes o devolución del saldo por pensión de sobrevivientes.
Al juez de tutela no le está permitido ordenar gastos que alteren las normas sobre el presupuesto.
A empleados que ocupan cargos en plantas temporales no se les debe dar tratamiento de servidores de carrera administrativa ni de libre nombramiento y remoción.
La Superintendencia Financiera dio a conocer la rentabilidad del mes de marzo del 2023.
Debe demostrarse un traslado del riesgo por parte del verdadero empleador de la persona que sufrió una contingencia: Corte Constitucional.
La Superfinanciera dio a conocer el porcentaje para los bonos previos y posteriores al 31 de diciembre de 1998.
Al exigir el dictamen de pérdida de capacidad laboral se desconoció la línea jurisprudencial que señala que en este tipo de asuntos opera por regla general el principio de libertad probatoria.
La competencia está atribuida a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en virtud de los factores subjetivo y funcional.
Se deberán garantizar estos porcentajes para cada uno de los fondos de pensiones obligatorias y portafolios de fondos de cesantías.
Conozca las novedades de literatura jurídica que presentará Legis en la nueva versión de la Feria Internacional del Libro de Bogotá.
Juez no puede apartarse del conocimiento del proceso cuando la competencia le ha sido asignada por la resolución de conflicto de competencia.
Al docente oficial con acumulación de aportes del sector público y privado le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
En el caso bajo estudio no se cumplía con el requisito de subsidiariedad, al contarse con la solicitud de revisión e insistencia ante la Corte Constitucional.
Todo lo que no esté expresamente excluido se entiende incluido en el plan de beneficios.
La celebración de contratos con las cooperativas de trabajo asociado no puede ser utilizada de manera fraudulenta para disfrazar u ocultar la existencia de verdaderas relaciones de trabajo.
La alta corporación condenó al entonces secretario general de una empresa electrificadora por asediar sexualmente a dos de sus subalternas.
De otro modo se dejarían desamparados a quienes sufren lesiones que requieren dichos servicios y cuya incapacidad no alcance el porcentaje de ley para obtener la mencionada prestación.
Sea el 27 de abril del 2023 la oportunidad para agradecer y exaltar a las mujeres del Derecho Tributario de Colombia.
En última instancia, la cuestión se reduce a conseguir el equilibrio adecuado entre anonimato y responsabilidad.
En el caso bajo estudio no se configura la prescripción extintiva de la sanción moratoria.
Consejo de Estado explicó cómo se da el retiro de los servidores públicos nombrados en provisionalidad en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
¿Cómo subir costos laborales podría ayudar a nuestros campesinos a tener empleos formales? ¿A quién se le ocurre buscar cambios que solo beneficiarían a una minoría?
El Club de Futbol Millonarios deberá reintegrar al futbolista y pagar el salario integral dejado de percibir, tras declarar ineficaz su despido por ser discriminatorio.
En el concepto se señaló que no existe una razón suficiente para otorgarle un trato diferenciado a los individuos con capacidad de gestación que identifican su género de manera diversa.
Minvivienda presentó los cambios de este subsidio para el 2023.
Para concluir si el incumplimiento del requisito de socialización lleva a la nulidad, es necesario acudir al mecanismo de ponderación y determinar la transcendencia de la de la omisión.
No siempre los funcionarios pueden procurar el estricto cumplimiento a los términos previstos por la ley para resolver o realizar una actuación en concreto: CNDJ.
De acuerdo con la demanda, las normas acusadas dejan de lado y sin protección normativa la expectativa y regulación del régimen pensional de las personas no binarias.
La convención es un acto solemne, para cuya demostración es necesario aportar la prueba de haberse cumplido las formalidades integrantes de la solemnidad. Una de ellas es el escrito en que conste el acto, otro el depósito ante la autoridad del trabajo.
Los jueces gozan de la facultad de apreciar libremente los medios de convicción para formar su convencimiento acerca de la existencia o no de un contrato laboral.
El bono pensional es una suerte de “capital de garantía” que solo se hace exigible cuando el beneficiario cumple las exigencias mínimas para su redención: Consejo de Estado.
El tribunal constitucional protegió el derecho a la salud de los menores, pues las demandadas no indagaron si era posible un tratamiento con enfoque ABA en el colegio, como se pidió a partir de recomendación médica.
Sala Laboral no casó sentencia que condenó a empresa al pago de indemnización moratoria a favor de un trabajador cuyo contrato fue suspendido de forma ilegal.
Aunque la mayoría de asalariados en el mundo reciben sus pagos de manera digital, no hay igualdad en la distribución de acceso.
Trabajadores que se desvinculen del servicio y no han gozado de sus vacaciones tienen derecho a la compensación en dinero.
No existen los elementos médicos suficientes para determinar si el procedimiento solicitado por la accionante es funcional o está relacionado con la salud: Corte Constitucional.
Sí, siempre que concurran los elementos estructurales o definitorios de esta fuente de la obligación de resarcimiento y que la producción del daño reclamado por quien lo haya padecido pueda imputarse o atribuirse directamente a sus actos.
Se protege la confianza legítima y buena fe del administrado de las conductas contradictorias e intempestivas de la Administración.
El alto tribunal precisó las dos posturas adoptadas por las salas de la Corte para resolver estas controversias.
El experto procesalista Jairo Parra Cuadros compartió su opinión frente a algunas de las más recientes discusiones procesales y probatorias.
¿Puede la ley, sin considerar las circunstancias concretas, calificar automáticamente que ciertas relaciones laborales se consideren subordinadas (‘riders’ y ‘pickers’)?
Aunque los nombramientos pendientes son importantes, casi nunca son urgentes y ese podría ser el pretexto para decir que no hay prisa.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial estudió el caso de un secuestre sancionado al haberse extralimitado en sus funciones.
El Decreto Legislativo 560 del 2020 estableció medidas especiales para los deudores afectados por el estado de emergencia por covid-19.
La firma de abogados Esguerra Asesores Jurídicos anunció la vinculación de Luis Felipe Bonilla Escobar como nuevo socio en el área de Derecho Laboral.
A ella y a las mujeres que continúan su legado, toda mi admiración y reconocimiento.
El libro explora esos campos que, de alguna manera, el legislador ha regulado en favor de los amantes.
Las leyes estatutarias vienen a ser unos cofres especiales donde se guardan las joyas más preciadas del ordenamiento jurídico: los derechos fundamentales y otras materias esenciales.
La exigibilidad del requisito de conciliación extrajudicial debe ser analizada en cada caso concreto, en atención a la calidad de los derechos reclamados y la posibilidad de que su debate sea objeto de conciliación.
Tuvo una disminución de 1,6 % si se compara con el mismo mes del año 2022 (12,9 %).
La negligencia del investigado privó a la quejosa de acceder a la administración de justicia: CNDJ.
Se estima que, en Colombia, 3,5 millones de mujeres viven con esta enfermedad.
Si el empleado en provisionalidad no superó el concurso de méritos puede ser retirado del servicio por la provisión definitiva del empleo.
Normas del sistema general que permiten declarar vacancia temporal del empleo no son aplicables tratándose de la Rama Judicial.
La empresa asegura que la aprobación de la reforma laboral dejaría a un 90 % de sus colaboradores sin ingresos.
El derecho a la estabilidad ocupacional reforzada no solo debe ser asociado a las relaciones laborales de carácter dependiente (contratos de trabajo, vinculaciones legales y reglamentarias), sino que debe ser extensiva a los contratos de prestación de servicios.
Una de las razones para los cambios es el incremento del índice de precios al consumidor (IPC).
Corte Suprema explicó la aplicación del principio de la condición más beneficiosa para el reconocimiento de pensión de sobrevivientes en los términos previstos en el Acuerdo 049 de 1990.
Una de las opciones es solicitar la reliquidación de pensión, que usualmente se utiliza para lograr un aumento en la mesada.
La jurisprudencia constitucional ha definido la responsabilidad de las administradoras de pensiones y ha rechazado que al afiliado se le trasladen cargas desproporcionadas: Corte Constitucional.
Generalmente se aplica la exclusión de la figura de la solidaridad patronal para el ICBF en el marco de contratos de aportes.
El Gobierno que se autodefine como el del cambio es el más reacio a reconocer los cambios en las relaciones laborales en el mundo.
La primera incluye los perjuicios concernientes a la devaluación de la moneda que derivan del no pago oportuno de las acreencias laborales que da lugar a ella.
Si decide voluntariamente seguir hasta la edad de retiro forzoso, debe seguir contribuyendo al régimen de seguridad social integral.
Se suscribe entre una empresa de servicio público de transporte y la entidad de salud o la persona natural o jurídica que lo demande.
En abril del 2022 se había fijado en $ 10.581 diarios, ahora será de $ 16.691.
La subordinación como elemento esencial del contrato de trabajo se debe comprobar para que se presuma que la relación de trabajo personal está regida por un contrato laboral.
La cartera asegura que de no aprobarse la reforma el déficit del régimen de prima media (Colpensiones) alcanzaría un 67,5 % del PIB.
Es desproporcionado obligar a la accionante a acudir ante la jurisdicción ordinaria laboral para una controversia que no recae sobre el reconocimiento de su pensión de vejez, sino sobre la simple activación como afiliada.
Según el ministro de Justicia, dicha norma ya cumplió su ciclo, por lo que se debe renovar a través de la política de ‘paz total’.
El Invima puede emitir alertas tempranas de desabastecimiento con opciones temporales de orden clínico y recomendaciones para los usuarios.
Los trabajadores de la construcción tendrán derecho a que el auxilio de cesantía y las vacaciones les sean reconocidos proporcionalmente por el tiempo laborado: Corte Constitucional.
El actuar de los disciplinables no se tradujo en una lesión a la integridad moral, intimidad o buen nombre de la empleada de la Fiscalía.
Se comprobó que el actor tuvo plenas garantías de derecho a la defensa y al debido proceso, en la medida en que fue citado a descargos y, en general, pudo ejercer adecuadamente su defensa.
Se encuentra sujeta al término previsto en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
Se reduce a si el trabajador debe pagar por transportarse, sin importar si lo hace en servicio de transporte público, informal o privado.
Corte Suprema aclaró expresiones relacionadas con la eficacia y vigencia de los beneficios pensionales estipulados en convenciones.
Los gastos de afiliación a clubes sociales que se hacen para cumplir estrictamente las labores de la compañía y no para temas personales de los socios deben ser deducibles.
Es importante recordar que los principios tributarios constitucionales deben ser transversales en la legislación fiscal.
La prestación del servicio militar voluntario para las mujeres no vulnera el derecho a la igualdad ni consagra un estereotipo de género: Corte Constitucional.
La entidad busca fortalecer su plataforma tecnológica y mejorar servicios como inspección y control, gestión de deudas, entre otros.
La propuesta del Gobierno plantea la creación de un sistema de pilares y mantiene los requisitos de edad y semanas de cotización.
Siempre que se alegue la aplicación de la legislación extranjera, es deber de los jueces comparar si ésta, por lo menos, no desconoce los principios y derechos mínimos de los trabajadores.
¿Qué se necesita para que esa práctica se extienda a todas las compañías? Lo más probable es que se imponga de hecho y luego la siga la legislación.
El proyecto será radicado ante el Congreso de la República este miércoles 22 de marzo.
La decisión llega justo en el momento que la entidad investiga a algunos de sus funcionarios por presuntos casos de acoso laboral y sexual.
Corte Constitucional ampara derechos fundamentales de una mujer trans y afrodescendiente despedida de forma discriminatoria y por razón de su identidad de género.
Cerca de 4,6 millones de mujeres no ganan más de dos salarios mínimos legales.
Ante duda, en aplicación del principio pro infans a fin de indagar sobre la realidad de lo acontecido, le corresponde al Juez ejercer las facultades oficiosas en materia de pruebas.
La Ley 2101 del 2021 fue concebida para promover la productividad empresarial en el sector privado.
Si la pérdida de capacidad laboral proviene de otras enfermedades que no sean congénitas, crónicas o degenerativas la regla en el cómputo de la densidad de cotizaciones.
Esfuerzos encaminados a que los términos sean exactamente iguales puede conducir a decisiones extra o ultra petitas.
Discrepancia de competencia para el pago de pensión de sobrevivientes no puede comportar la vulneración de los derechos fundamentales.
La entidad denunció la circulación de un formato falso y la exigencia de dinero por realizar trámites.
Tratándose de procesos laborales, se rige por las normas del trabajo y de la seguridad social y no admite la aplicación normativa de otras ramas del Derecho: CSJ.
Venta o cesión de activos intangibles asociados con la propiedad industrial está gravada con IVA, en los términos del artículo 420 del E. T.
Consejo de Estado precisó los criterios para identificar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente por contratos de prestación de servicios.
Para definir a los potenciales beneficiarios del programa se utilizarán los datos del Sisbén IV.
Las únicas situaciones jurídicas que pueden ser decididas, en virtud de ese régimen pensional bajo el principio de favorabilidad, son las que se consoliden a partir de su entrada en vigor.
Se podrá otorgar con la instalación de comedores o casinos, el uso de restaurantes administrados por terceros y la entrega de bonos.
En 2022, las entidades públicas suscribieron más de 911.000 contratos de prestación de servicios con personas naturales y jurídicas.
Si la decisión de finalizar el vínculo laboral deviene en un motivo diverso al estado fisiológico o síquico del trabajador, como una justa causa, tal protección no opera.
Corte Suprema precisó cuándo el empleador está en el deber de incluir el auxilio de transporte en la liquidación de las prestaciones sociales de sus trabajadores.
La Procuraduría solicitó que se declare la inexequibilidad de las expresiones demandadas, al no superar el juicio integrado de igualdad en su intensidad estricta.
En el proyecto se mantienen los requisitos de edad y semanas de cotización para obtener la pensión de vejez.
Todos los nombramientos irán hasta el 31 de diciembre de este año y su objetivo fundamental es descongestionar los despachos judiciales.
Hasta el momento, en la reforma laboral se mantienen propuestas como la de priorizar los contratos a término indefinido y la de recuperar los recargos nocturnos y festivos.
En julio del 2021, la Corte Constitucional le ordenó al ministerio garantizar los derechos laborales de los maestros que prestan sus servicios a la población indígena.
Acoso laboral, violencia sexual, violencia económica y feminicidio son algunos de los delitos tipificados en esta medida.
El tiempo que puede pasar una persona en un litigio cuando existen divergencias interpretativas es tiempo en el que existe una negación de facto de sus derechos como sujeto.
El proyecto del Gobierno de Gustavo Petro será radicado ante el Congreso el próximo 16 de marzo.
La potestad reglamentaria, que es inalienable, intransferible e inagotable, no tiene plazo y puede ejercerse en cualquier tiempo.
En el segundo caso el vehículo será inmovilizado hasta que sea retirado por una persona autorizada por el infractor con licencia de conducción.
Si a la fecha de vigencia de la Ley 789 el trabajador tenía más de 10 años de servicio a la empresa, la indemnización por despido injusto debe calcularse siguiendo lo contemplado en la Ley 50 de 1990.
Este año seguiremos trabajando en identificar buenas prácticas de escritura que nos permitan mejorar y que, de ser necesario, se plasmarían en acuerdos o lineamientos prácticos de estilo.
Si bien es viable jurídicamente que un trabajador pueda ser parte de varios sindicatos, el asalariado debe escoger entre los distintos convenios aquel que mejor le convenga a sus intereses económicos, ello con el fin de evitar que reciba duplicidad o más beneficios convencionales.
No existen parámetros válidos de exclusión del Sistema General de Pensiones por edad, ya sea frente a menores de edad o personas mayores.
Esto no se hace ni por los ‘papitos’ ni por garantizar la libertad de la mujer. Detrás de esta práctica existe un multimillonario negocio de personas y sociedades.
Consejo de Estado estudió si el acto administrativo que aceptó la renuncia de una funcionaria de libre nombramiento y remoción se encontraba ajustado a derecho.
Para acceder a ella es necesario acreditar la afiliación al SGSSS en calidad de cotizante y en estado activo.
Potestad del acreedor procede siempre que los demás bienes del deudor aseguren el pago de obligaciones alimentarias y las laborales.
Potestad del acreedor procede siempre que los demás bienes del deudor aseguren el pago de obligaciones alimentarias y las laborales.
Le asiste un mejor derecho al reintegro al servicio por orden judicial cuando se confronta con el derecho de nombramiento en propiedad del primero en la lista de elegibles en concurso de méritos de la Rama Judicial.
La propuesta busca que el sistema reconozca el tiempo que las mujeres usan en las labores de cuidado.
El fondo debe suministrar la información necesaria a fin de que la persona cuenta con los elementos suficientes para discernir los alcances de su traslado al RAIS.
¿Podríamos declararnos satisfechos con la legislación actual o perdimos otra oportunidad para concretar instrumentos eficaces de política pública que reduzcan de forma material las distorsiones por género del mercado laboral?
La experiencia de la licencia parental compartida es inigualable, permite a los padres conocer, atender, fortalecer los lazos e involucrarse plenamente en el cuidado del niño.
Quienes se acojan solo pagarían el 20 % de la sanción por mora en los aportes al sistema de protección social.
Para que pueda hablarse de inclusión de cotizaciones es necesario que haya pruebas razonables o inferencias plausibles sobre la existencia de un vínculo laboral.
La atención en salud de la población adulta mayor no se puede limitar por ningún tipo de restricción administrativa o económica.
A pesar de los derechos fundamentales que ha reconocido y salvaguardado la Corte Constitucional, no cesa la violencia de género de la que continuamente es objeto esta población.
Para solicitar la encuesta debe acercarse a las oficinas locales del municipio de residencia.
Este será el trabajo del Congreso para la segunda semana de marzo.
La EPS tiene 15 días hábiles para revisar los soportes y entrar a liquidar o autorizar dichas prestaciones económicas.
En un concepto enviado a la Corte, la Procuradora General solicitó declarar la exequibilidad de las normas demandadas.
Se requiere que la Administración haya exigido la presentación de libros, comprobantes y demás documentos de contabilidad en relación con costos, deducciones, descuentos o pasivos que se estén investigando y que el contribuyente no los hubiera presentado.
El empleador que no afilie a sus trabajadores al sistema de seguridad social, incluso debido a la falta de cobertura del ISS, debe responder por las obligaciones pensionales.
Las consecuencias derivadas de la falta de afiliación al sistema de pensiones o la ausencia de pago de las cotizaciones no están sometidos a la prescripción extintiva.
