La reforma laboral desconoce la realidad colombiana

Luis Felipe Gómez Ávila

Especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales

Magíster en Derecho Empresarial Universitat Autónoma de Barcelona

@Luisfegoa

El pasado 16 de marzo, se radicó por parte del Gobierno la reforma laboral denominada “trabajo por el cambio”, la cual, en palabras del Ministerio del Trabajo, “busca proteger y reivindicar los derechos laborales de 22 millones 32 mil ocupados en el país” lo cual, desde la premisa anterior, resulta falaz.

Lo primero que debo advertir es que este proyecto desconoce por completo la realidad colombiana, empezando porque no ayuda a la población ocupada, únicamente lo hace con la pequeña y selecta población que tiene hoy en día un empleo formal, es decir, aproximadamente el 25 % de aquellos que pueden trabajar, pues la realidad de nuestro país es la informalidad, el famoso -rebusque-, el cual llega a ser del 60 %. En el mismo sentido, según cifras de Confecámaras, el 99,6 % de las empresas de nuestro país son Mipymes, de las cuales el 92 % son micro, el 6 % pequeñas y el 1,6 % medianas, esto nos permite ver que únicamente el 0,4 % son grandes empresas. Por su parte, Acopi nos revela que las micro, medianas y pequeñas empresas son las generadoras del 80 % del empleo formal y bien remunerado del país y aportan cerca del 50 % del producto interno bruto (PIB). Dicho lo anterior, ¿será que este proyecto de reforma laboral sí responde a la realidad de nuestro país?

Conforme a los datos antes mencionados, ¿para qué país pretende legislar el Gobierno? Ahora bien, es importante que no nos dejemos confundir por la tasa de desempleo que publica el Dane, que, en la actualidad, es del 13 %, pero es que en esta no se tiene en cuenta a los informales, es decir, allí no está el que vende golosinas, el que canta en el semáforo, el mecánico, el maestro de obra o el que vende aguacates. A ellos no los cuentan, porque se consideran ocupados, lo cual demuestra la gran falacia del Gobierno cuando nos dice que con esta reforma ayudará a los 22 millones de ocupados. ¡Qué gran mentira! ¿Cómo en un país de microempresas, sin musculo financiero, encarecer los costos al empleo formal puede ayudarle al vendedor callejero de aguacates? Por favor, que alguien me explique.

En Colombia, la informalidad es la reina de las formas de trabajo, la gente no tiene verdaderas garantías laborales, no cuentan con seguridad social y unas prestaciones sociales definidas que los acerquen a un modelo de vida digno. Según cifras del Dane, en el trimestre comprendido entre abril y junio del 2022, la proporción de ocupados informales fue del 58,0 %, y si nos vamos a algunas ciudades como Sincelejo o Valledupar, esta cifra ronda el 70 %. Ahora bien, tratándose de agrupar la informalidad por sectores, encontramos que en el agro llega a ser hasta del 90 %, sí, nuestros campesinos están en el abandono laboral.

Así las cosas, ¿cuál debe ser el principal foco de atención para este Gobierno y, especialmente, para el Ministerio del Trabajo?, ¿cómo subir costos laborales podría ayudar a nuestros campesinos a tener empleos formales? Con estas cifras, ¿a quién se le ocurre buscar cambios que solo beneficiarían a una minoría? Ahora, no se trata entonces de desatender a los colombianos con un trabajo formal, pero, sin duda, ellos no pueden ser la prioridad, la ministra debe darse cuenta de que ya no es la líder sindical que solía ser, ya no está peleando por los trabajadores formales de un sindicato, ahora es la voz de millones que no tienen un empleo formal, cientos de miles de personas excluidas de la actividad sindical, compatriotas abandonados y olvidados que no tienen voz en un mundo en el que, a pesar de ser la mayoría, resultan invisibles.

Más trabajo debe ser la prioridad, y esto solo se logra entendiendo que en nuestro país las empresas son de 1 a 10 personas, que el empleo formal lo brindan son estos pequeños empresarios. No podemos venderle a la gente que estamos dominados por millonarios de grandes multinacionales que nos explotan, no, esa no es la realidad colombiana. Hoy, a una microempresa le resultan terriblemente fuertes los costos laborales y estos le impactan directamente en su utilidad, no puede pretender el Estado exigirle a este microempleador que arriesgue su capital solo para pagar nomina, debemos ser consecuentes con la verdad de nuestro país y buscar cómo flexibilizar el mercado, para que, como dice el artículo 1º del Código Sustantivo del Trabajo, logremos “la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social”, pero, ¿cómo lograrlo?

Una opción podría ser modificar el salario mínimo, discriminándolo por sectores y por ciudades. No es lo mismo el costo de vida en Bogotá que en el Mitú, y así como un banco puede y debería pagar un salario mínimo superior al actual, no resulta igual para una microempresa. Acá es importante precisar que un trabajador no cuesta el valor de su salario, en realidad, se le debe sumar un 57 % adicional. Otra propuesta es regular el trabajo por horas, este vacío lleva a la evasión de seguridad social de manera incalculable. Hoy, millones de colombianos en la informalidad verían una luz gigante si pudieran realizar sus trabajos con pagos que reflejen su seguridad social en las horas que prestan sus servicios, como, por ejemplo, los electricistas, fontaneros, mecánicos, profesores, entre otros. Estas opciones pueden ayudar, pero, sin duda, hay más. ¡Bienvenido el debate!, lastimosamente en este proyecto que se presentó no se tuvo en cuenta al empresariado y parece que tampoco a la academia.

El pacto histórico debe darse cuenta de que ya no está en campaña, es hora de que asuman las riendas del país, lo conozcan y procuren ayudarlo, se deben tomar decisiones técnicas y no, como lo están haciendo, abiertamente políticas.