Acofade: 20 años de calidad y compromiso en la enseñanza del Derecho

Carlos Mario Molina Betancur

Director Científico

Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (Acofade)

El balance de las actividades que ha realizado nuestra Asociación en sus 20 años de existencia genera en sus miembros una satisfacción del deber cumplido. En efecto, en la celebración de actividades ininterrumpidas, ACOFADE 2003-2023, es para mí, como director científico, un gran orgullo poder mostrar los excelentes resultados de nuestra lucha por la excelencia en la formación-aprendizaje jurídica de los abogados colombianos. Hoy, con 95 facultades de Derecho asociadas, podemos decir que somos la institución jurídica más reconocida y democrática del mundo jurídico colombiano. 

En primer lugar, nuestra asociación ha podido convertirse en estos 20 años de lucha académica, en el tribunal democrático más importante del país, que, con calidad y participación, es hoy un gran ejemplo de democracia y de diversidad en un país tan conflictivo como Colombia. Prueba de ello lo confirman los más 50 decanos de todo el país que se reunieron el 30 de marzo en el hotel Tequendama de Bogotá para celebrar su Asamblea anual.

Para la memoria, hace 20 años los decanos de las facultades, instituciones y escuelas de nuestro país no dialogaban ni tampoco se encontraban para resolver sus problemas o para solicitar apoyo corporativo para presionar las instituciones gubernamentales, en momentos difíciles de ciertas instituciones educativas de Derecho. Es bueno recordar que nuestra Asociación surgió como reacción a la creación de los exámenes Ecaes, que el Gobierno impuso a las facultades de Derecho en el 2003, sin haberlas consultado al respecto. La respuesta del Gobierno a los requerimientos de los decanos fue que no teníamos interlocutor válido y, por ello, no podía discutir con más de 90 facultades de Derecho de la época. Hoy, ese interlocutor válido cuenta con 95 facultades de Derecho asociadas; es decir, más del 90 % del total de las facultades, instituciones y escuelas registradas en el Ministerio de Educación en el Registro SNIES, (112 en total con 190 programas relacionados con el Derecho).

En segundo lugar, para mí como cofundador, director ejecutivo por muchos años y hoy director científico, es un honor estar al frente de una asociación que ha sabido ganarse el prestigio y la respetabilidad en nuestra sociedad. Juntos hemos logrado crear el primer y único tribunal jurídico del país que, como organización democrática y pluralista, ha sabido impartir las directrices necesarias que guían los destinos de una gran parte de nuestra formación jurídica. Es importante resaltar que, hoy en día, ACOFADE no solamente es la única institución que permite el diálogo y la discusión de la formación jurídica en el país, sino también un órgano internacional que permite la acreditación de las facultades, escuelas e instituciones de Derecho de toda América Latina. 

En tercer lugar, como guía académico de esta Asociación, tengo el orgullo de decir que, en estos 20 años de actividades continuas, hemos trabajado incansablemente por el desarrollo de los estudios de Derecho, y con el importante apoyo de los presidentes y miembros del Consejo Directivo, hemos realizado 146 reuniones de Junta Directiva, XVI congresos y XV encuentros de decanos, en distintas ciudades del país; también se ha realizado VI concursos de oratoria, VII concursos de semilleros, V encuentros de investigadores y cientos de capacitaciones en varios temas que interesan a la comunidad jurídica, tales como formación jurídica del siglo XXI, cambios curriculares, formación por competencias, objetivos y resultados de aprendizaje, reforma a consultorios jurídicos, procesos de acreditación, examen habilitante para abogados, entre otras.

Con lo anterior, ACOFADE es un interlocutor válido en el Ministerio de Educación, en el Icfes y en el Ministerio de Justicia. Estas entidades han financiado varios proyectos de investigación sobre educación y Derecho. Desde hace siete años, somos los constructores de las pruebas de Estado para egresados. Esperamos que, por el reconocimiento y la calidad de nuestras competencias académicas, podamos también realizar las pruebas para abogados litigantes, que se realizarán en el 2024, por disposición de la Ley 1905 del 2018, así como las pruebas de los concursos de jueces y de magistrados de nuestro país. Para ello, hemos comenzado una seria e importante investigación que ya recoge los aportes de los cinco nodos regionales que se pronunciaron sobre lo que debe ser la nueva representación jurídica de terceros en Colombia.

En cuarto lugar, nuestra Asociación ha podido realizar un análisis juicioso del modelo curricular que aplican las instituciones de educación superior a los estudios jurídicos ofertados, tanto en instituciones públicas como privadas. Dos grandes investigaciones así lo dejan reseñado para la comunidad jurídica: Lineamientos técnicos para los programas de derecho, y Diagnóstico y Lineamientos técnicos para los distintos escenarios de la práctica jurídica de los programas de Derecho. Este componente inicial de todo proceso de formación científica es el que aparece reflejado inicialmente en el proyecto educativo institucional (PEI) y luego en el proyecto educativo de programa (PEP), pero que al parecer es el primer elemento académico que presenta fallas en el proceso de formación, por cuanto pocos estudiantes y profesores lo conocen y muchos no saben explicarlo dentro de sus módulos de enseñanza, o no se ve reflejado en sus microcurrículos individuales de trabajo en el aula. El reto es grande, sabiendo que el mundo está regido actualmente por la interdisciplinariedad, la flexibilidad, la movilidad, la proyección y la apropiación social del conocimiento.

El otro aspecto importante, de análisis serio que hemos realizado en estas dos décadas, tiene que ver con la pedagogía. Este es un segundo punto importante de la actual discusión sobre la posible reforma a la formación jurídica en Colombia, ya que la pedagogía se concibe en términos modernos como la herramienta que permite a los docentes seguir y aplicar el camino curricular. Se trata de los diferentes enfoques y estrategias de enseñanza, tanto metodológicas como didácticas, que los docentes aplican para potencializar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Dentro de este concepto, se encuentran varias escuelas, teorías y tendencias que el profesor de clase debe conocer para poder implementar sus herramientas pedagógicas, que le servirán para formar adecuadamente a las futuras generaciones de abogados.

Estos programas ya muy visibles en el país, han asumido conceptos modernos de educación, como el autoaprendizaje, la gestión colectiva de enseñanza, la clínica jurídica, el estudio de casos, el litigio estratégico, los talleres, el aprendizaje basado en problemas, las investigaciones de campo y la práctica experimental, las aulas virtuales, y el metaverso, todo esto antes impensable en el mundo jurídico. Hemos trabajado de la mano con las diferentes redes de enseñanza y hemos avanzado en la elaboración de algunas cartillas pedagogías en materia de criminalística y juicio oral, en materia de competencias y en resultados de aprendizaje. Sin embargo, existe todavía una disparidad enorme en todo el territorio nacional en materia pedagógica para formar a los abogados colombianos, además de una resistencia de muchas facultades de Derecho al cambio.

En quinto lugar, ACOFADE ha contribuido considerablemente al avance de la investigación jurídica y sociojurídica. En este sentido, podemos afirmar que se ha hecho un gran avance en las últimas dos décadas en Colombia. La comunidad jurídica asociada ha realizado un buen trabajo para jalonar la masa pensante de nuestro país, construyendo específicamente: lenguaje jurídico investigativo; generando una estructura adecuada de investigación; propulsando las competencias jurídicas modernas por medio de concursos y convocatorias, y, lo más importante, financiando cada vez más los proyectos de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento, con un avance considerable en el sistema regional de investigación. Muchos de esos proyectos han servido para solucionar problemas locales y han llevado a los estudiantes a concursar en competencias internacionales y nacionales, como el concurso de oralidad nuestro que ya va por la sexta versión. La nueva revista ACOFADE, sobre educación y Derecho, servirá de plataforma de publicidad y socialización de todos estos esfuerzos que hacen nuestros investigadores en ciencia, tecnología e innovación.

ACOFADE ha contribuido a establecer lineamientos claros de investigación, mejorando las propuestas del gobierno y haciendo varios concursos universitarios de profesores y estudiantes en su programa REDES de investigación. Hoy, tenemos un grupo de investigación denominado Educación y Derecho, con varias de nuestras propuestas de investigación que han terminado en contratos de consultoría o de asesoría para el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia, el Icfes y varias universidades que han hecho uso de los servicios de capacitación que ofrece la asociación.

En sexto lugar, los estudios que hemos realizado en la enseñanza/aprendizaje con el sector externo han sido importantes para consolidar nuestra posición frente a una necesaria reforma. Allí encontramos otro avance importante que han dado las facultades de Derecho, ya que los consultorios jurídicos, las prácticas jurídicas en judicaturas, las clínicas jurídicas, los centros de conciliación y los grupos de interés público han permitido, en muchas facultades de Derecho, acercar los estudiantes a la realidad social de su localidad, contribuyendo de manera significativa a la solución de problemas que los rodean. El concurso de oralidad en sistema penal acusatorio es un gran laboratorio de enseñanza jurídica desde la práctica; además, que el concurso anual de la Facultad de Derecho más innovadora del país, nos ha permitido ver las buenas prácticas en las otras facultades de Derecho.

En séptimo lugar, nuestras estudios, investigaciones y discusiones académicas, han mirado de cerca el tema de la internacionalización, en donde se encontraron tal vez las mayores deficiencias del aprendizaje/enseñanza actual que reciben los estudiantes de nuestras facultades de Derecho. La movilidad y el manejo de una segunda lengua siguen siendo las grandes falencias de los estudios del Derecho en Colombia. Si bien es cierto que en este campo se ha realizado un buen avance, sobre todo en lo que tiene que ver con bilingüismo y dialogo con el exterior, también es cierto que todavía hay mucho camino por recorrer en materia de la internacionalización de las ofertas académicas de Derecho en todo el país. Dentro de las iniciativas expuestas, se evidencian el fortalecimiento de los consultorios jurídicos con modelos de gestión para la prestación de servicios de conciliación en casos penales; la incorporación de una herramienta de agendamiento virtual, que permita a los usuarios de LegalApp, acordar citas en estos consultorios y la posibilidad de adelantar una reforma legislativa que amplíe el marco de acción de los estudiantes que adelanten su práctica en dichos centros. ACOFADE seguirá insistiendo en las prácticas empresariales en centros de arbitraje, en juzgados, contralorías, personerías, procuradurías, defensorías, tribunales y altas Cortes.

Es para nosotros un gran orgullo poder afirmar que ACOFADE ha incidido considerablemente en el cambio de estas prácticas con lo evidenciado en la Ley 2113 de 2021 y el Decreto 1330 de 2020, en donde muchas de las recomendaciones que quedaron plasmadas en nuestra investigación de prácticas se vieron insertadas en la nueva legislación. Los temas de consultorios jurídicos inclusivos, investigativos y de asesoría jurídica y pedagogía en Derecho son hoy propios del consultorio jurídico, los cuales podrán prestarse a entidades públicas o privadas, en las áreas pro-bono de firmas de abogados, en despachos judiciales, notarías, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, cajas de compensación familiar, centros de conciliación y centros de mediación y conciliación en equidad, entre otros.

Las clínicas jurídicas, las acciones de grupo, los centros de conciliación y mediación son aspectos importantes que logramos dejar en la reforma del 2021. Todavía sigue nuestra lucha como agremiación para lograr que los estudiantes asocien a su formación los problemas importantes que se reflejaban en los consultorios jurídicos: maltrato infantil, genero, violencia familiar, despidos laborales, desplazamiento, alimentos, daño al medioambiente etc., nunca llegaban como temas de reflexión a las aulas, a las líneas de énfasis o a las investigaciones realizadas en los centros jurídicos. Pareciera, como lo revelaba otra publicación en este medio, la necesaria reforma a la formación jurídica en Colombia, que existiera una importante brecha entre la formación y la práctica jurídica en las facultades de Derecho del país.

Hay que seguir avanzando en la diversificación de las practicas jurídicas para que sean remuneradas y mucho más enriquecedoras para el estudiante. La práctica judicial estudiantil sería mucho más significativa para su formación si tuvieran la oportunidad, como lo hacen los médicos y los administradores de empresas, de realizar una práctica empresarial o institucional seria, con un contrato determinado, sueldo, prestaciones sociales y cubrimiento de riegos profesionales, como lo exigen actualmente el Decreto 1295 de 1994, reformado por la Ley 1562 de 2012, y el Decreto 55 de 2015. Esa modernización de las prácticas jurídicas estarían en armonía con las actuales actividades que se vienen realizando en algunas facultades de Derecho, completamente externas al consultorio jurídico, y más atractivas para los actuales practicantes: notarías académicas, conciliaciones universitarias, personerías y contralorías estudiantiles, grupos de acción pública, clínicas jurídicas, apoyo a ONG, redes comunitarias, juntas de acción universitarias, asistencia radicales vía on line, entre otras.

Finalmente, la hora de la reforma en las prácticas jurídicas en las facultades de Derecho del país parece haber llegado. Necesitamos modernizar la legislación actual que regula dichas prácticas por no estar más en armonía con los importantes desarrollos que ha tenido la educación por competencias en nuestro país, que, según estudios ya expuestos en este diario, El aprendizaje y la formación por competencias en Derecho, exigen una mayor coherencia entre la formación teórica y la práctica profesional de los abogados en Colombia. La creación del Colegio Profesional de Abogados, y el apoyo a la creación de la Federación de Colegios de Abogados de Colombia, constituyen el futuro próximo de ACOFADE en la creación y consolidación de la colegiatura única de abogados que rijan los destinos de nuestra profesión. Con este Colegio, que, con dos congresos ya realizados, estamos solicitando al gobierno que las tres competencias dadas a la desaparecida Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura:  (i) el registro de los abogados, (i) la expedición de las tarjetas profesionales, (iii) la disciplina de los abogados en ejercicio y el registro de los programas de Derecho, para que sean atribuidas a estos colegios para el mejor desarrollo de la actividad ética de nuestra profesión.

Bienvenidos entonces a continuar apoyando estas discusiones que nos esperan en los años por venir para que contribuyamos a que el Gobierno Nacional implemente las reformas que necesita la formación de los futuros abogados y así resolver la grave crisis institucional y de corrupción en la que se encuentra la profesión del abogado.  La adecuada adopción de estas reivindicaciones es lo que garantiza finalmente una buena formación jurídica y un ejercicio profesional de calidad, el resto es pura retórica y falta de compromiso con el desarrollo sostenible de nuestro país.