Dian resuelve varios interrogantes en torno a la interpretación y aplicación del impuesto nacional al carbono
La no causación de hasta el 50 % del impuesto deberá examinarse en cada operación que constituya hecho generador del mismo.
La no causación de hasta el 50 % del impuesto deberá examinarse en cada operación que constituya hecho generador del mismo.
La decisión indica que se sometió a un procedimiento administrativo sancionatorio del sector del transporte a una empresa que no es prestadora de tal servicio.
Corte Suprema se pronunció sobre la carga al demandante de notificar a su contraparte para interrumpir el término prescriptivo.
Pese a ello también fue su deseo libre y voluntario y además amparado legalmente solicitar la terminación del contrato.
De todos los plazos de días, meses o años a que se haga mención, se entenderá que terminan a la media noche del último día.
La entidad modificó los artículos 15, 21 y 42.
Corte Suprema precisó aplicación del criterio jurisprudencial vigente para la época de los hechos en el delito de violencia intrafamiliar.
No existe disposición que obligue a crear cuentas para el manejo de dichos recursos, pero tampoco que lo prohíba.
Consejo de Estado aclaró si suspensión de términos en las actuaciones administrativas desconoce los principios de legalidad, proporcionalidad e igualdad.
Pueden ser cobrados a través de la jurisdicción ordinaria mediante un proceso ejecutivo o por jurisdicción coactiva.
Aunque comparten la naturaleza de depósitos a la vista con cuentas de ahorro y cuentas corrientes, se diferencian de aquellas.
La certificación del mandatario, como soporte de las erogaciones del mandante, opera sin perjuicio de la facultad que tiene la administración de hacer las comprobaciones pertinentes.
Están sometidos a renta en relación con los ingresos obtenidos, ganancia ocasional y patrimonio poseído.
La Ministra del Trabajo manifestó que la reforma pensional, al igual que la laboral, debe favorecer a la mayor cantidad de colombianos.
Muchos términos estuvieron suspendidos mientras estuviera vigente la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud.
Los contratos que celebran no están sujetos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, por lo que se rigen por las disposiciones civiles y comerciales.
Pago de tributos aduaneros, sanciones e intereses podrá ser garantizado, asegurado o respaldado, en los términos del Decreto 1165 del 2019.
La suspensión y el corte del servicio son dos medidas diferentes. La primera corresponde a una acción temporal o transitoria.
La Corte Constitucional exhortó al Gobierno a regular el crédito educativo para el acceso a la educación superior y promover la legislación que considere indispensable.
Prohibiciones de inscripción por partidos tradicionales y alianzas, coaliciones o acuerdos con candidatos o listas inscritas para las circunscripciones ordinarias para la Cámara de Representantes.
El proyecto de acto legislativo cursará su segunda vuelta durante el primer semestre de este año.
La Agencia Nacional de Minería deberá exigir certificados ambientales a proponentes que al 26 de enero del 2023 aún no cuentan con título minero.
Se demostró que el accionado no fue inscrito por partidos o movimientos políticos que contaban con representación en el Congreso de la República.
Se comunicará oportunamente en el sitio web de la entidad el nuevo plazo, que irá hasta el día hábil siguiente al restablecimiento.
Inclusión como renta líquida gravable de los activos omitidos y los pasivos inexistentes opera exclusivamente cuando son originados en periodos no revisables: Consejo de Estado.
Permitir que un abogado se retire de una audiencia por no haberse preparado sería avalar un actuar indiligente de los abogados: CNDJ.
El mandatario puede asumir directamente vía decreto y de manera constitucional y legal la competencia para reglamentar las tarifas.
Con el fin de garantizar el debido proceso y los derechos de defensa y de contradicción del contribuyente.
La Ley 2227 del 2022 reguló el impuesto a las bebidas y productos comestibles ultraprocesados azucarados.
El mandatario decidió no delegar sus funciones en las autoridades de regulación de servicios públicos, al menos por un tiempo.
La cartilla fue elaborada de manera conjunta entre la OIT, el Ministerio del Trabajo y la Corte Suprema de Justicia.
Se debe identificar al solicitante, señalar los servidores públicos implicados y las razones por las cuales estimó que se encuentran incursos en la causal de recusación.
Las obligaciones tributarias que se causen con posterioridad al perfeccionamiento de la fusión tendrán como contribuyente a la sociedad absorbente.
Los consumidores tienen derecho a obtener la reparación totalmente gratuita del bien cuando se presente una falla.
El empleador deberá continuar pagando el salario y prestaciones sociales a que tenga derecho el trabajador desaparecido, sea este particular o servidor público: Consejo de Estado.
Un conjunto de indicios contundentes puede ser suficiente para determinar con plena certeza que el contribuyente simuló operaciones.
Se debe reintegrar sin solución de continuidad, así como pagar los conceptos laborales dejados de abonar, pero con el descuento de las remuneraciones que hubiese devengado por nexos laborales con el sector público.
El abogado fue sancionado por aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos.
Son embargables las cuentas corrientes y de ahorros abiertas por las entidades públicas cuando reciban recursos del presupuesto general de la Nación, siempre y cuando se trate, entre otros, del cobro ejecutivo de sentencias judiciales o conciliaciones.
La libre disposición de bienes con fines altruistas y de apoyo económico al entorno familiar no está prohibida por la ley.
Las disposiciones en cuestión hacen coincidentes los límites del impuesto predial unificado y de la sobretasa ambiental.
La CNDJ confirmó suspensión de abogado que no se presentó a juicio oral y previamente había presentado solicitudes de aplazamiento sin justificación.
Una vez es desvirtuado el valor declarado de transacción de la mercancía importada a la DIAN le corresponde descartar los demás métodos de valoración.
La Ley 489 de 1998 regula los convenios de asociación y la constitución de asociaciones o fundaciones con entidades públicas.
El valor de la retención será del 1 % del valor del negocio, que deberá cancelarse previamente a la enajenación del bien.
Si el obligado a definir su situación militar es económicamente independiente al momento de liquidarse la cuota de compensación militar, el valor de la contribución debe determinarse con base en su capacidad contributiva individual.
La garantía consiste en la posibilidad real de disfrutar de un bien o servicio y satisfacer las necesidades por las que se adquirió.
Corte Suprema se pronunció sobre la prescripción extintiva de la acción de disolución y liquidación de la sociedad patrimonial por finalización del vínculo tras la separación física y definitiva.
Sin importar que en el extremo pasivo de la acción se encuentre una entidad de naturaleza pública de cualquier orden.
Productores y/o proveedores deben suministrar información clara, veraz, suficiente e idónea sobre los productos que ofrecen.
La solicitud puede presentarla quien ejecute la construcción, instalación y montaje de los sistemas de control o monitoreo ambiental.
Corte Constitucional recordó los componentes de accesibilidad y adaptabilidad del derecho a la educación frente a los estudiantes con discapacidad.
En los términos del Estatuto Tributario, tendrá la calidad de responsable del IVA y, en ese sentido, debe inscribirse en el RUT.
Abierta la etapa de inscripciones no puede ser objeto de modificaciones que terminen repercutiendo en las condiciones de la convocatoria.
La CNDJ se pronunció sobre acciones de un jurista que no fueron autorizadas por su poderdante, como el hecho de aportar su cuenta de ahorros personal para abonos de un pago.
La entidad contratante deberá estudiar los medios de prueba y analizar si cumplen o no con los presupuestos de la Ley 1861 del 2017.
Cuando se efectúan pagos bajo otros supuestos diferentes al contemplado se está ante la figura de un pago en especie.
Dentro de los requisitos está el incremento del impuesto neto de renta del periodo gravable objeto del beneficio.
La Sala Plena declaró la improcedencia de una tutela en la que se pretendía el reconocimiento de la pensión de jubilación.
Bienes inmuebles poseídos en el exterior se deberán valorar según su naturaleza, es decir, activos fijos o movibles.
Corte Suprema abordó excepción a la regla general de congruencia de las decisiones judiciales del artículo 281 del Código General del Proceso.
Veracidad de las declaraciones tributarias es una presunción legal que le corresponde a la DIAN desvirtuar.
Individualmente considerados, los cónyuges son sujetos gravables en cuanto a sus correspondientes bienes y rentas.
Contratos a título gratuito pueden dar lugar a una enajenación de activos pero la norma contiene un presupuesto adicional para su aplicación, que consiste en el precio, requisito que solo está en negocios a título oneroso.
La norma cumple cabalmente con los principios de solidaridad, universalidad, eficiencia y sostenibilidad fiscal.
En pensión de jubilación, pensión de vejez y compartibilidad pensional no aplica la figura de “cuotas partes pensionales”: Consejo de Estado.
Solo se puede negar el servicio cuando el inmueble no cumpla condiciones técnicas o el prestador no tenga capacidad técnica y económica.
El Consejo de Estado explicó la carga probatoria para demostrar la ejecución de sus obligaciones o las restituciones que se le adeudaban.
Obtención y conservación de documentos de las operaciones de comercio exterior es parte de la obligación aduanera en la importación.
Corte Constitucional se pronunció sobre una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 376 (parcial) de la Ley 599 del 2000.
En los salvamentos de voto se dice que la sola declaratoria judicial de la cancelación de la personería jurídica de la organización sindical no extingue su capacidad jurídica.
Los gremios Aso-CDA, Acedan y Fenalco han expresado su preocupación, indican que esta obligación es inviable de cumplir.
Inhabilidad para ser testigos en un testamento solemne también comprende a los ascendientes, descendientes y parientes dentro del tercer grado civil del otorgante o del funcionario público que autorice el testamento.
Deberá cumplir las obligaciones otorgadas como usuario y, en ese sentido, pagar oportunamente los servicios facturados.
Se entiende de interés general cuando beneficia a un grupo poblacional, bien sea sector, barrio o comunidad determinada.
Se aclara quién es la autoridad competente para investigar a un empleado judicial antes y después de la fecha de entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
No es posible concebir el fenómeno simulatorio sin que exista un pacto para tal fin entre las partes: Corte Suprema.
La nueva norma permite elaborar documento soporte que pruebe transacciones con no obligados a expedir factura de venta.
Sí, cuando se tiene ingresos derivados de un contrato de cesión de posición contractual y corresponda al desarrollo del objeto social de la empresa.
Consejo de Estado explicó la congruencia entre los cargos y la sanción ya que las empresas investigadas incurrieron en la conducta de acuerdo para la fijación de precios.
Se tienen en cuenta los cambios introducidos al Decreto 2555 del 2010 sobre sistemas de pago de bajo valor.
Los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de buenos hombres de negocios.
Corte Constitucional analizó la Ley 2075 del 2021 y si se evaluaron los costos fiscales de la iniciativa.
Esta decisión la deberán tomar por una sola vez, y podrán gozar de cada prestación en las mismas condiciones previstas para las familias heteroparentales adoptantes.
Tomó dinero de la gestión encomendada y no se lo devolvió a su cliente.
Sala Civil realiza precisiones sobre el contrato de fiducia comercial recordando que el legislador lo definió en el inciso 1° del artículo 1226 del Código de Comercio.
No todo contratista estatal tiene la calidad de sujeto disciplinable, pues lo que lo hace sujeto de dicha acción es que, en virtud del contrato celebrado, el particular ejerza de manera permanente o transitoria funciones públicas.
Se puede acordar con el contratista incluir estipulaciones que propendan por el cumplimiento efectivo del objeto contractual.
Las comunicaciones pueden enviarse durante fines de semana y días feriados si están dentro del plazo del contrato.
Consejo de Estado explicó si el retirar crudo y utilizarlo en la misma actividad de exploración y explotación de hidrocarburos se encuentra gravado.
Mesadas pensionales dejadas de pagar o no cobradas antes del fallecimiento de quien las causó únicamente pasarán a hacer parte de la masa sucesoral cuando no exista beneficiario a quien puedan ser entregadas.
Se confirmó la sentencia por medio de la cual sancionaron a la jurista por incurrir en la falta prevista en el artículo 33 de la Ley 1123 del 2007.
El Ministerio de Salud resolvió una consulta sobre si se deben interponer nuevamente acciones en contra de las EPS que reciben.
Las peticiones de división o de fusión de patentes se entienden presentadas oportunamente si el acto que concede o deniega la respectiva solicitud no ha adquirido firmeza para el momento de dicha presentación.
Las fallas que afectan la calidad del servicio dan derecho al usuario a las reparaciones previstas en el artículo 137 de la Ley 142 de 1994.
En la revisión de contenido de los estatutos tributarios municipales se realiza principalmente un cotejo de normas sustanciales.
Consejo de Estado confirmó la excepción de cosa juzgada internacional frente a los accionantes que obtuvieron sentencia de fondo en el sistema interamericano.
Se debe tener en cuenta si guardan relación de causalidad y necesidad con la actividad productiva.
A través de la comunicación del inicio de las actuaciones administrativas se logra la efectividad del principio de publicidad y del derecho de defensa: Consejo de Estado.
La sanción es un mensaje claro a los abogados que se valen de su profesión para apoderarse de dineros o de otros bienes que les corresponden a sus clientes.
Notificación del auto que tuvo por no presentada la declaración privada debe enviarse a la dirección registrada en el RUT del contribuyente, pues con ello se asegura la materialización del principio de publicidad y el debido proceso.
La Comisión de Disciplina Judicial confirmó la sanción a un defensor público que no asistió a audiencias pese a encontrarse en turno.
En la prestación de servicios que suponen la entrega de un bien, el prestador asume la custodia y conservación adecuada del producto.
La polémica reforma política es uno de los proyectos que se están divulgando.
Estos dos derechos son contrapuestos y, por tanto, se excluyen recíprocamente. El ejercicio simultáneo de ambos es un imposible jurídico.
La normativa que regula la asesoría solo se refiere a actividades y operaciones realizadas en el mercado de valores.
Las fallas o irregularidades deben informarse al usuario y/o suscriptor, junto con las razones para reponer o reparar el equipo.
Ingresos obtenidos en desarrollo de la actividad generadora de renta, así como costos y/o gastos, deben ser declarados en el denuncio rentístico.
Durante el segundo semestre del 2022 se iniciaron cuatro procesos de intervención judicial por captación ilegal de recursos del público.
Corte Suprema se pronunció sobre la declaración de las circunstancias que determinan el estado del riesgo asumido con una póliza de responsabilidad civil de infidelidad y riesgos financieros.
Es posible que en determinadas ocasiones se les exija a empresas foráneas el cumplimiento de alguna disposición que en principio no les resulta aplicable.
Indistintamente de si se trata o no del mismo municipio para el cual fue elegido o pertenecieran a este, o de cualquier otra entidad, sin importar su orden territorial.
No obstante, para efectos de actualización de sanciones cambiarias, sí se remite a la norma sobre sanciones tributarias pendientes de pago.
La DIAN adicionó una renta gravable a la renta presuntiva del contribuyente por igual valor a uno de sus pasivos.
Corte Suprema precisó que las obligaciones pactadas en la provisión de equipos, piezas e ingeniería de la PTAR son de ejecución sucesiva o escalonada
Se mantienen los valores para el 2023 para la tarjeta profesional de abogado.
El artículo 91 de la Ley 2277 del 2022 establece una tasa de interés transitoria para obligaciones tributarias pendientes de pago.
El profesional tiene el deber de ejecutar de manera diligente la labor encomendada, sin que de ninguna manera pueda trasladar su indiligencia a los usuarios o a cualquier operador de la justicia.
Corte Constitucional se pronunció sobre tutelas en las que se buscaba la protección del derecho al trabajo de unos jugadores de fútbol.
El prestador puede acudir al amparo policivo para que cesen los actos que perturben el ejercicio de sus derechos.
La expresión declarada inexequible genera un trato desigual entre los abogados que acuden a recursos extraordinarios en la especialidad laboral.
Se trata de adecuar la obligación tributaria a la realidad del momento, como expresión del principio de equidad.
Al tratarse de una autorización, su adopción y recaudo es decisión de las corporaciones administrativas territoriales.
En aquellos casos en los cuales se produce un cambio legislativo sin que el Congreso haya previsto un régimen de transición para aquellas personas que se encontraban cobijadas por una normativa que les era más conveniente.
La Corte Constitucional resolvió una demanda contra los artículos 337 y 337A de la Ley 599 de 2000, sobre el derecho de acceso progresivo a la tierra.
El Consejo de Estado también precisó los deberes de los propietarios de predios rurales.
En ambos eventos se podrá aplicar la reducción al 40 % de la sanción cuando el presunto infractor reconozca haber cometido la infracción.
Cuatro meses de sanción obtuvo por faltar a su deber de obrar con buena fe en sus relaciones profesionales.
No debía exigírsele al contribuyente realizar la corrección por el procedimiento y término previsto en el artículo 589 del Estatuto Tributario.
Mientras esté en trámite, puede participar en los procedimientos de selección, debiéndose tener en cuenta la información antigua.
Los entes territoriales están facultados para formular planes de ordenamiento territorial y reglamentar usos del suelo.
Destrucción de artículos pirotécnicos, fuegos artificiales, pólvora o globos es desproporcionada, pues avala la destrucción de la propiedad privada.
Hospital infringió el deber de custodia que tenía sobre la historia clínica del paciente, generando falencias en la atención médica.
Tratándose de volúmenes altos de ventas y en el marco de un contrato de suministro, cada venta debe tener factura.
Contestación de la demanda puede ser atacable en casación si la pieza procesal contiene confesión.
Siempre que la sociedad arrendadora no se trate de un sujeto no obligado a expedir factura, deberá facturar electrónicamente.
El contrato de prestación de servicios se celebró con la Defensoría del Pueblo, evento que impedía desempeñar el cargo de personero.
La CNDJ confirmó la sanción al encontrarla debidamente motivada y responder a los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.
Tienen la capacidad legal para complementar la labor, en desarrollo de las actividades previstas en el Documento Conpes 3886.
Deben acatar la metodología tarifaria desarrollada por las comisiones de regulación, donde el consumo es uno de los elementos.
El principio de democratización de la propiedad accionaria estatal no opera en la enajenación de acciones entre entidades estatales.
Para que subsista el beneficio de progresividad a favor de los contribuyentes se debe cumplir con la presentación y pago de los montos autoliquidados a título de sanciones.
Existe un anteproyecto de ley con el que se modificaría el marco normativo e institucional en materia penal y de ejecución de las penas, con el fin de adecuarlo a los estándares constitucionales y las reglas mínimas de tratamiento de los reclusos establecidas por la ONU.
Conoce de las controversias que se susciten entre usuarios, empleadores y entidades administradoras o prestadoras.
Esta regla ha de observarse también cuando sea resultado del apartamiento obligacional de su contraparte, pues aun cuando tal proceder no deja de resultar censurable, no por ello los derechos mutan su condición de ser libremente disponibles por su titular.
De mantenerse los efectos jurídicos del acto se estaría convalidando la situación de los vehículos importados con base en documentos alterados y desconociendo acuerdos comerciales de tipo internacional.
La demandada aplicó lo correspondiente al consumidor teniendo en cuenta lo enunciado al momento de la compra.
El fundamento del acto administrativo es la ejecución de proyectos de producción, ampliación, abastecimiento y distribución.
Se confirmó la decisión de Procuraduría General de la Nación que revocó la sanción disciplinaria de destitución, por cuanto el servidor público no desarrolló la conducta en calidad de miembro de la Policía Nacional.
No es viable para sucursales integradas patrimonialmente pertenecientes a sociedades extranjeras objeto de fusión.
Aunque en su defensa la abogada indicó que el quejoso le prestó ese dinero, no hay pruebas del préstamo.
Deben ser efectivamente exportados directamente o una vez transformados. De lo contrario, la venta estará sometida al IVA.
El plazo de gracia de 30 días es suficiente para entender que una persona se pondría al tanto de las condiciones en que se encuentran los bienes asegurados y en caso de no hacerlo asume las consecuencias adversas.
Los símbolos en la factura del servicio no tienen restricción, pero para efectos de la suspensión no son suficientes por sí solos.
Las empresas que no cumplan con el plazo estipulado deberán pagar un día de salario por cada día de retraso.
Validada la afiliación pensional y una vez produzca efectos el traslado entre entidades administradoras, surge para el nuevo ente administrador la obligación de reconocer las prestaciones económicas.
El legislador no estableció explicita o tácitamente condición alguna diferente al estado de invalidez para el reconocimiento del derecho pensional.
Consejo de Estado explicó esta calidad para configuración de inhabilidad para el ejercicio de cargo públicos.
Consejo de Estado se pronunció en una acción de simple nulidad sobre la estampilla pro hospitales de primer y segundo nivel de atención en un departamento.
Los trabajadores no desempeñarían un trabajo ocasional, no reemplazarían personal en vacaciones o en licencia, tampoco atenderían incrementos de producción por períodos estacionales o por cosechas.
No estuvieron en vacancia judicial los juzgados promiscuos de familia, penales, municipales y de ejecución de penas y medidas de seguridad, pues son del régimen individual de vacaciones.
La actuación prevaricadora es aquella que contradice de forma inequívoca el sentido del texto normativo: Corte Suprema
Este profesional puede acudir a las disposiciones laborales o civiles, según el convenio de prestación de servicios que haya pactado.
La ineficacia se declara como consecuencia de la conducta del fondo, al haber incurrido en la omisión de brindar la información adecuada, oportuna y suficiente al afiliado.
De acuerdo con la Ley 675 del 2001, el administrador debe bajo su dependencia y responsabilidad llevar los libros de contabilidad.
Los contratos de tracto sucesivo, por tener esa naturaleza, desde la perspectiva jurídica no son susceptibles de resolverse sino de terminarse: Corte Suprema.
El valor neto de liquidación de activos y pasivos se calculará con base en la información más fiable con que cuente la entidad.
La CNDJ conoció el caso de una jurista que en un proceso de liquidación de sociedad conyugal solo contestó la demanda.
Son actos unilaterales cuya función es tender un puente hacia la celebración del contrato, pero que de su emisión y comunicación no surge la celebración del contrato sino con el advenimiento de su aceptación.
Corte Suprema precisa rebajas de pena con base en los preacuerdos y negociaciones cuando se trate del delito de secuestro cometido contra niños y adolescentes.
La legislación educativa colombiana prevé la gratuidad de la educación entre los grados transición y undécimo.
En los otros supuestos de pagos indebidos la falta de corrección de las declaraciones tributarias dentro del plazo habilitado legalmente impiden su devolución.
Las consignaciones por identificar son el resultado de un proceso de control interno denominado ‘conciliaciones bancarias’.
La Comisión de Disciplina Judicial recordó el deber de atender con celosa diligencia los asuntos profesionales.
El delito imprudente se configura cuando el comportamiento supera el riesgo jurídicamente permitido con infracción del deber objetivo de cuidado.
Ante la omisión de la abogada se terminó el proceso por desistimiento tácito.
Una vez aclarado que el negocio jurídico suscrito entre las partes reunía todos los elementos de un contrato de obra, la Sección Tercera advierte que la selección del contratista debió haberse efectuado a través de licitación pública.
Generó en su cliente una suerte de expectativas sin informarle con veracidad sobre las posibilidades de la gestión.
Confirman sanción a abogado que cobró dinero de una incapacidad de un accidente de tránsito y nunca lo entregó a su cliente.
El Concepto 9295/15, que precisó que las cervezas sin alcohol de procedencia extranjera introducidas al territorio aduanero nacional se encuentran gravadas con el impuesto nacional al consumo, fue declarado nulo.
El Consejo de Estado recordó las causales de irregistrabilidad de acuerdo con la regulación comunitaria.
El Consejo de Estado explicó sobre la renuncia a cargo directivo del partido o movimiento político con doce meses de antelación a las inscripciones a un cargo de elección popular.
Los demandantes no ofrecen argumentos contundentes ni cuentan con el respaldo normativo para derivar un vicio de ilegalidad en el acto por cuenta de un deber de correspondencia con la ideología socialdemócrata adoptada en los estatutos del partido.
La unidad de valor tributario (UVT) aplicable para 2023 es de $ 42.412.
Si el estudiante desea continuar su formación en el nivel tecnológico o profesional deberá acreditar dichos requisitos.
La obligación tributaria fue determinada por la UGPP y las administradoras aceptaron que la aportante pagara la deuda.
El aporte del 3 % que se realiza actualmente no cubre en su totalidad el monto de subsidios de vivienda por año.
Le correspondió a la Corte resolver una acción de tutela contra providencias judiciales en proceso de nulidad electoral.
Será responsabilidad de Fiduprevisora realizar el pago al beneficiario final de las obligaciones originadas en el proceso liquidatorio administrativo o por vía judicial de los contratos de salud del Fomag ejecutados durante la vigencia de 2012 a 2018.
La Superfinanciera expidió esta certificación de los porcentajes para efectos de la proyección de intereses y del saldo de la deuda de los entes territoriales.
Ajustan esta línea de crédito hasta por $ 48.021.725.691, con el fin de atender la demanda de financiación requerida.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo restableció el gravamen arancelario definido en el artículo 1 º del Decreto 1881 del 2021.
Las autoridades militares continuarán adoptando dicha medida durante la presente anualidad.
Consejo de Estado precisa sobre requisitos del proceso de fiscalización adelantado por los aportes al Sistema de Seguridad Social.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones también estableció la tarifa de contribución que se le debe reconocer y pagar por parte de las personas y entidades sometidas a su regulación.
El ICA grava la actividad comercial, mas no la actividad de comercio, y se requiere que el contribuyente asuma con carácter empresarial su participación en el mercado.
Una norma se refiere a la implementación de equipos básicos de salud, mientras que la otra se dirige a los recursos para adecuaciones físicas.
Este documento orienta el desarrollo y la implementación de los principios de aseguramiento de calidad (NQAF UN) en la producción estadística nacional.
Se acreditó la vulneración del procedimiento eleccionario por desconocimiento de la regla de mayoría simple.
No se activa el grado jurisdiccional de consulta cuando no se ha concedido o se rechaza por haberse presentado de manera extemporánea el recurso de apelación.