Presidente Petro está facultado para reasumir funciones de las comisiones de regulación: Superservicios

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios compartió el concepto entregado al presidente de la República, Gustavo Petro, sobre la facultad para reasumir las funciones de las comisiones de regulación de los servicios de energía, gas, acueducto, alcantarillado y aseo y, adicionalmente, presentó los argumentos constitucionales y legales que sustentan la decisión recientemente anunciada. 

La entidad señaló que el mandatario puede asumir directamente, vía decreto y de manera constitucional y legal, la competencia para reglamentar las tarifas en materia de servicios públicos domiciliarios, con el fin de disminuir los costos y reflejar un impacto directo de equidad en los ciudadanos, bajo la visión de una competencia regulada, en los términos de los numerales 11 y 22 del artículo 189 y los artículos 211, 365 y 370 de la Constitución Política y los artículos 68 y 124 a 127 de la Ley 142 de 1994. (Lea: Reacciones al anuncio de Petro de asumir directamente la administración, control y eficiencia de los servicios públicos). 

El superintendente hizo referencia a una sentencia del Consejo de Estado sobre la actividad de regulación a cargo del Estado, asegurando que fomenta la competencia en aquellas áreas donde existe y es factible, impide el abuso de posiciones de monopolio natural donde es ineludible, desregula para eliminar barreras artificiales a la competencia y, finalmente, calibra las diversas áreas de un servicio para impedir prácticas discriminatorias o desleales para el competidor. 

Así mismo, indicó que el Gobierno ha tomado esta decisión en defensa de los usuarios de servicios públicos, considerando que se han hecho esfuerzos para reducir las tarifas y, en razón a que no se han logrado los resultados esperados, asume temporalmente estas funciones para dictar unas medidas que sirvan para disminuir o, por lo menos, parar el alza. 

Por último, señaló que el propósito del Gobierno es garantizar que la prestación de los servicios públicos sea eficiente, de calidad y a un costo razonable. Por eso, el objetivo del presidente es revisar los criterios técnicos para el cálculo y la formulación de las tarifas de los servicios públicos que, por lo menos para el caso de la energía, no han tenido revisión desde 1994.