Ciudadano puede presentar declaración juramentada para demostrar que está definiendo su situación militar

De acuerdo con lo previsto en el artículo 42 de la Ley 1861 del 2017, la regla general es que la definición de la situación militar debe acreditarse para acceder al trabajo, ya sea para ejercer cargos públicos, trabajar en el sector privado o celebrar contratos de prestación de servicios como persona natural con cualquier entidad de derecho público.

No obstante, el inciso segundo de esta norma permitió el acceso temporal al trabajo a quienes no hayan definido su situación militar, pero hayan sido declaradas no aptas, exentas o hayan superado la edad máxima de incorporación a filas. Adicionalmente, dicho beneficio se les aplicó a las personas aptas pero exoneradas de pagar la cuota de compensación militar, en virtud de lo resuelto en la sentencia de la Corte Constitucional C-277 del 2019. (Lea: Excepciones para definir situación militar aplican en contratos de prestación de servicios con entidades públicas).

A su turno, el artículo 2.3.1.4.9.2. del Decreto 1070 del 2015 estableció que el ciudadano que no haya definido su situación militar y esté clasificado en los términos de la Ley 1861 del 2017 o demás normas que la modifiquen, aclaren o adicionen como no apto, exento o si ha superado la edad máxima de incorporación, obtendrá automáticamente los beneficios mencionados, en lo que se refiere al plazo de 18 meses para definir su situación militar una vez se vincule laboral o contractualmente.

En todo caso, indicó la Agencia Nacional de Contratación Pública (Colombia Compra Eficiente), no podrá contabilizarse dentro del plazo legal de los 18 meses para definir la situación militar aquellas demoras que no le sean imputables al ciudadano, ya sea por dilación o retraso por parte del Comando de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército Nacional.

Para efectos de acceder a las prerrogativas, pueden tenerse como válidos medios de prueba como las declaraciones juramentadas o extra juicio, en las que el ciudadano de fe de que ha realizado todas las actuaciones previstas para definir su situación militar, evitando así que las eventuales dilaciones o retrasos en la expedición de constancias del estado de definición de la situación militar se conviertan en una barrera para celebrar contratos de prestación de servicios.

La entidad estatal contratante deberá estudiar los medios de prueba presentados por el ciudadano, analizando si este cumple o no con los presupuestos indicados en el segundo inciso del artículo 42 de la Ley 1861 del 2017.