El fin es atender el rezago en el desarrollo y reducir las brechas socioeconómicas que presentan los 13 departamentos y 77 municipios fronterizos del país.
Debido a que el Estado colombiano no ejerce ninguna vigilancia respecto de las instituciones extranjeras de educación superior, se reserva el derecho de convalidar tales títulos.
Según Jorge Armando Otálora, es “paradójico” que las propuestas de una política de derechos humanos y de justicia “prácticamente hayan desaparecido en la campaña electoral”.
Para determinar el carácter de un bien, no se atiende la época de la adquisición del dominio, sino aquella en la que se genera el título que la produce.
En el proceso de interlocución, advierte el decreto, se respetarán los derechos otorgados en la Constitución y la ley a los participantes y voceros de la Cumbre.
El Consejo de Estado llamó la atención sobre la contradicción legislativa en el tratamiento del incumplimiento contractual como causal generadora de desequilibrio.
El hecho de no tener en cuenta la prohibición de aplicar medidas que restrinjan el libre comercio entre países miembros de la CAN vicia de nulidad el acto administrativo.
A través de la página web, se podrán ver las imágenes de todas las actas de escrutinio de mesa de todos los puestos de votación del país, en tiempo real.
Por cada operación de venta al menudeo que se efectúe sobre cualquier sustancia objeto de registro, el vendedor estaría obligado a suministrar la información del consumidor.
El proyecto incluye disposiciones sobre la garantía de acceso a la justicia, mecanismos de atención integral y gratuita en salud, y medidas especiales para la reparación integral.
En el foro, se escucharon críticas a los límites establecidos por la Ley 1672 y, sobre todo, al papel asignado a la Procuraduría como entidad garante de este derecho.
El sistema de seguridad social asegura la libertad en la escogencia de las entidades promotoras de salud y los prestadores de servicios de salud, sin necesidad de suscribir un contrato.
Este derecho está adscrito al principio de dignidad humana y a los valores que soportan, justifican y humanizan el régimen penitenciario, recordó la Corte Constitucional.
La Corte Constitucional declaró ajustados a la Carta Política los artículos 2º y 5º, parciales, y los capítulos 4º y 5º del Pacto de Bogotá, que habían sido demandados por el Gobierno.
Una sujeción absoluta, inopinada y acrítica respecto de la pericia convertiría al juez en un autómata y a los peritos en verdaderos decisores de la causa, advirtió el Consejo de Estado.
La entidad prestadora deberá investigar la causa que originó la situación y, mientras lo hace, expedirá la factura promediando el consumo de los últimos tres periodos.
El artículo 138 del antiguo Código Contencioso Administrativo señala que si el acto principal es revocado se debe demandar únicamente esta última decisión.
A pesar de los costos que tiene la finalización del conflicto armado, el actual proceso de conversaciones con las FARC no está montado sobre la impunidad, afirmó el Fiscal General.
El proyecto, presentada por el Consejo Superior de la Judicatura, amplía el plazo para la implementación, mientras se pone a punto a la administración de justicia.
El simple aumento de penas no disuade la comisión de delitos, si no va acompañado de prevención y capacidad del Estado para identificar y procesar a los responsables.
En carta dirigida a los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes el Presidente de la República solicitó que la iniciativa se debata en sesiones conjuntas.
El hecho de no incluir la totalidad del texto de un tratado internacional en el proyecto que se tramita en el Congreso para su aprobación puede viciar la voluntad del legislador.
La negativa a contratar, la suspensión, la terminación, el corte y la facturación son actuaciones administrativas, indicó el Consejo Superior de la Judicatura.
Las entidades promotoras de salud deben garantizarles el servicio a los afiliados, dentro del territorio nacional, en las condiciones y calidad previstas en la normativa vigente.
La Policía tiene la custodia y el resguardo de los instrumentos destinados a la prestación del servicio que se le encomienda en la Constitución y en el ordenamiento jurídico.
El objetivo es permitir que esta modalidad de contratación laboral se posicione en la agenda política del país, a través de la articulación de las diferentes entidades del Estado.
Lo más importante es devolverle al ciudadano la confianza en el poder judicial, “que viene en caída libre”, advirtió la presidenta del Consejo de Estado.
Es posible que la situación se haya presentado por versiones erróneas sobre el estado del proceso, ya que ni siquiera se ha resuelto la admisibilidad del recurso de revisión.
Los usuarios podrán seguir a la corporación en Twitter, que a la vez servirá de canal de comunicación para participar en conferencias que serán transmitidas en línea.
La Corte Suprema de Justicia, argumentando principios de reserva de información, decidió no adoptar ninguna de las medidas de transparencia sugeridas por la coalición.
El fin de la aclaración de las providencias es precisar su verdadero sentido, cuando por su redacción ininteligible o la vaguedad de su alcance permita interpretaciones equivocadas.
La iniciativa no pone en riesgo el derecho a elegir y ser elegido, consagrado en el artículo 25 del Pacto de Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Hoy, en la Universidad Externado de Colombia, inicia el Ciclo de conversatorios nacionales y regionales sobre el proceso de paz en Colombia. Siga en vivo la transmisión de este evento.