Más de 170 entidades públicas que hacen parte del presupuesto general de la Nación realizaron presuntas operaciones o contrataron en el periodo 2010-2013, por una cuantía aproximada de $ 107.330 millones, a unas 600 personas naturales o jurídicas que han sido declaradas responsables fiscales, según advirtió la Contraloría General de la República (CGR). Para la contralora, Sandra Morelli, esta conducta es contraria a la normativa vigente, así como con los postulados jurisprudenciales sobre la materia y desdibuja, además, el objetivo o misión constitucional ejercido por el órgano de control fiscal en aquellos casos de detrimento patrimonial al Estado. “El fin de la declaratoria de responsabilidad fiscal y la consecuente inclusión en el boletín de responsables fiscales es que quienes realizaron un daño al erario no lo sigan perpetuando y resarzan los recursos públicos perdidos”, subrayó. Así, la contralora firmó un control de advertencia sobre los efectos de la declaratoria de responsabilidad fiscal y la imposibilidad que tienen los declarados responsables fiscales de ser nombrados y/o celebrar cualquier tipo de contrato con la administración pública, dirigido a todas las entidades, representantes legales, entes territoriales, revisores fiscales, jefes de oficinas de control interno, nominadores y ordenadores del gasto.