Procuraduría pide investigar si Santos ha buscado apoyos a reelección a cambio de partidas presupuestales

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, le pidió a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes que investigue si el presidente Juan Manuel Santos ha aprovechado su condición de Jefe de Estado para favorecer su campaña reeleccionista.

En la solicitud, el Ministerio Público pide que se investigue si el mandatario, de manera directa o a través de funcionarios del Gobierno, utilizó su condición para reunirse con autoridades locales y departamentales (alcaldes, secretarios de despacho), para capitalizarlos y asegurar el apoyo a su campaña a cambio de partidas presupuestales para el desarrollo regional.

Además, pidió que se indague sobre el presunto manejo irregular del presupuesto y la utilización de la nómina oficial de entidades de los órdenes central y descentralizado con el fin de favorecer la campaña reeleccionista.

A su juicio, se debe determinar si hay un presunto tráfico de influencias y desvío de poder en diversos nombramientos efectuados durante los años 2010 y 2011 en entidades de dichos órdenes.

De otro lado, el Ministerio Público abrió indagación preliminar contra congresistas por su presunta influencia en el presupuesto y la contratación de la nómina oficial del Gobierno, tanto en años anteriores como en el presente, “en apoyo a la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos”.

Así mismo, abrió indagación preliminar contra el gobernador de Arauca, José Facundo Castilla, por su presunta intervención indebida en política “con el fin de adquirir compromisos a favor de campañas políticas del Congreso y de Presidencia”.

“La Procuraduría formula un llamado a las autoridades y a la ciudadanía en general, para que ejerzan sus respectivos controles a efectos de evitar la indebida utilización de estos recursos y que no se conviertan en cuotas de negociación con fines políticos, sino que cumplan con su verdadero objetivo de cubrir necesidades insatisfechas de las poblaciones. Las partidas presupuestales para el desarrollo regional no se pueden utilizar o instrumentalizar para la corrupción”, agregó la entidad.