Gobierno, Congreso y altas cortes debaten sobre reforma a la justicia

En el marco del foro ¿Se necesita una reforma a la justicia en Colombia?”, organizado por la revista Semana, que se adelanta este lunes en el Hotel Marriot, al occidente de Bogotá, el presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, afirmó que en una eventual reforma a la Rama Judicial, es necesario prever dos escenarios modificatorios: uno relacionado con el acceso del ciudadano a la administración de justicia, y otro, con el equilibrio de poderes.

A su juicio, en el primero de los casos no es necesario modificar la Constitución, pues la ley ya ofrece mecanismos eficaces, como el Código General del Proceso, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, entre otras disposiciones. Lo que hay que buscar, agrego, son mecanismos para su buen uso, como los asuntos presupuestales.

Según Cristo, el segundo proyecto debe ser totalmente independiente, pero no menos urgente. Esta iniciativa, precisó, debe incluir la eliminación de la reelección presidencial, la doble instancia en el juzgamiento de congresistas, la supresión de las facultades electorales de las altas cortes e, incluso, la justicia para el postconflicto.

Por su parte, el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, advirtió sobre algunos problemas estructurales, como el hecho de que congresistas y magistrados sean juzgadores y sujetos de juzgamiento al mismo tiempo. Además, subrayó la necesidad de modificar el Consejo Superior de la Judicatura, especialmente su facultad de disciplinar a los abogados.

Para Gómez, también es necesario que la política criminal deje de centrarse en la penalización de todos los litigios, y promover el desplazamiento de las soluciones hacia formas alternativas para resolver conflictos, sin generar aumento de la población carcelaria.

Entre tanto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Gabriel Miranda, sostuvo que los debates sobre los escenarios de reforma se han centrado en aspectos no sustanciales, como las funciones electorales de las instancias de cierre, y no se han ocupado de las necesidades del usuario.

El magistrado estuvo de acuerdo con quienes piden dirigir la mirada hacia los problemas de congestión y acceso al poder jurisdiccional, y subrayó que la discusión debe tener en cuenta a todos los actores que se ven afectados con la operación de la Rama Judicial.

La postura de Miranda fue respaldada por el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior, Pedro Octavio Munar, quien se refirió a los fallidos resultados de planes de descongestión frente a represamientos excesivos, como el que actualmente vive la Sala Laboral de la Corte Suprema. En ese sentido, recordó que la falta de recursos dio al traste con un proyecto ley que pretendía solucionar la problemática definitivamente.

La presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas, estuvo de acuerdo con varias de estas posturas, pero centró sus argumentos en aspectos operacionales, como el hecho de que la tutela ocupe de manera excesiva la labor de la jurisdicción ordinaria.

Rojas propuso la creación de un tribunal dedicado exclusivamente al estudio de ese tipo de acciones, u otra salida que evite que ese instrumento, “tan valioso”, siga obstaculizando las labores de la justicia ordinaria. Además, recalcó que lo más importante es devolverle al ciudadano la confianza en el poder judicial, “que viene en caída libre”.

Sobre este último aspecto, el exprocurador Jaime Bernal Cuéllar sostuvo que uno de los mecanismos para devolverle el prestigio  la Rama sería garantizar que sus integrantes fueran elegidos exclusivamente por concurso de méritos. En su criterio, sería deseable que quienes terminen sus periodos constitucionales tengan acceso inmediato a la pensión, para evitar que, una vez culminada su labor como jueces, aspiren a ocupar cargos de elección popular.

En términos concretos, indicó Bernal, la reforma debe eliminar la reelección en cualquier cargo, incluyendo el de Procurador General; garantizar un porcentaje del Presupuesto General de la Nación para la Justicia, de manera permanente; garantizar la doble instancia judicial para todos los aforados; suprimir la concurrencia de competencias, y modificar el régimen disciplinario de los abogados.