A juicio del Consejo de Estado, la violación de los principios de moralidad administrativa y de defensa del patrimonio público por parte del Gobierno y la CNTV durante el proceso de concesión del tercer operador privado de televisión se evidenció en la falta de regulación para garantizar el interés general de los usuarios tanto como los derechos de los oferentes. En su criterio, las bases del proceso no ofrecían condiciones de igualdad, libre competencia y pluralismo informativo; además, dice, fue la falta de previsión alrededor de la concreción de estos objetivos lo que generó el retiro de la mayoría de los concursantes. Cabe subrayar su advertencia, según la cual “aunque del todo reprochables, no resultan extrañas las conductas asumidas por los concesionarios frente a la entrada del nuevo competidor -denunciadas por la demandada en este proceso- dirigidas precisamente a defender los privilegios”. Finalmente, la Sala hizo un llamado a la ANTV para que se abstenga de incurrir en las mismas omisiones durante futuras concesiones y le dio ocho meses a la Comisión de Regulación de Comunicaciones para que defina cuáles son las condiciones que se deben tener en cuenta para ingresar al mercado (C. P. Stella Conto).