El Consejo de Estado negó la demanda pérdida de investidura instaurada contra el senador Roy Barreras por hechos relacionados con un supuesto compromiso pactado con comunidades cristianas para no favorecer iniciativas legislativas que, aparentemente, contrariaban a tales grupos. Para el alto tribunal, el dirigente político no incurrió en tráfico de influencias, tampoco en indebida destinación de recursos públicos, ni conflicto de intereses. Según la acción, el expresidente del Congreso se había comprometido a no apoyar la unión civil entre parejas del mismo sexo, como tampoco la adopción de niños por parte de ellas y prometía gestionar recursos para la construcción de templos. La Sala desestimó la ocurrencia de tales irregularidades en la actividad legislativa del demandado y negó que hubiera gestionado la financiación de recursos para las iglesias.