La tesis jurisprudencial que sirvió para declarar la nulidad de la elección de Francisco Ricaurte como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura podría aplicarse en este asunto.
Los militares que, al expedirse la ley, estén descontando pena privativa de la libertad por eventuales delitos cometidos en servicio activo serían amparados con la prisión domiciliaria.
La norma autorizaba a la Sala Administrativa para modificar las cuantías reguladas por el legislador en el Código General del Proceso, cuando “las circunstancias así lo recomienden”.
La Corte Constitucional dio a conocer las razones por las cuales tres magistrados se apartaron de la decisión de la Sala Plena de declarar exequible esa facultad.
Henry Kissinger explora el papel de los hombres de Estado como individuos con visión clara del interés nacional, capaces de promoverlo en un contexto internacional adecuado.
Vencido el término de la afectación, la entidad debe liberar los bienes o adquirirlos, dentro de los plazos y mediante el procedimiento previsto en la ley.
En días pasados, se llevó a cabo el acto de lanzamiento de los libros De los contratos mercantiles nacionales e internacionales y De las sociedades comerciales.
¿Cuál es la mejor forma de gobierno para Marte? Esa fue la pregunta que un grupo de 30 filósofos, antropólogos, abogados y científicos se dedicaron a resolver.
La demanda advierte que los operadores judiciales están teniendo como válidas cesiones de créditos de vivienda en las que los cesionarios son personas naturales.
La decisión se debe a la coincidencia entre la ejecutoriedad del fallo que declaró nula la elección del magistrado ponente, Alberto Rojas, y la proximidad del vencimiento del plazo fallar.
Según la Procuraduría, el actor pretendía poner en tela de juicio la competencia que la propia Constitución y el Código Disciplinario le dan al Procurador para tomar ese tipo de decisiones.
En un comunicado publicado el pasado 10 de julio, el CNE informó que había decidido adjudicar las dos curules y expedir las credenciales correspondientes.
El presidente de la entidad, Mauricio Olivera, aclaró que quedan por resolver casos que corresponden a ciudadanos que demandaron al ISS y tienen un fallo a su favor.
Para el demandante, la norma disposición viola la estructura del sistema procesal consagrado en la Constitución luego de la reforma introducida por el Acto Legislativo 03 del 2002.
Una de las disposiciones objetadas es el artículo 2°, que obliga a entregarles a los afiliados del Sistema General de Pensiones información sobre las condiciones de sus cotizaciones.
La puesta en marcha de la comisión responde a la grave situación que viven los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, quienes han sido víctimas de hechos violentos.
La interpretación de las normas jurídicas relacionadas con el derecho fundamental a la educación no puede conducir a actuaciones arbitrarias ni discriminatorias.
Su análisis de la relación entre las normas jurídicas y el comportamiento social quedará para la posteridad como un avance capital de la teoría del derecho.
La forma como se definió por el legislador la figura de las medidas cautelares en el régimen de prácticas comerciales restrictivas es un verdadero despropósito.
Hemos ido creando en la sociedad una cultura según la cual, si la Constitución dice que una cierta condición económica es un derecho, su satisfacción es exigible de manera inmediata a cargo del Estado.
La consulta popular no ha tenido un desarrollo coherente ni suficiente en Colombia, afirma este abogado doctorado en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad.
El ministerio niega que, como lo asegura esa organización, 48 casos de falsos positivos hayan pasado de la justicia ordinaria a la justicia penal militar.
El Ejecutivo reiteró su intención de suprimir la figura de la reelección, para lo cual ha anunciado la presentación de un proyecto de reforma constitucional que la prohíba.
El umbral se sustenta en razones que, antes de minar o debilitar la democracia participativa y pluralista, respaldan su fortalecimiento, indicó el Consejo de Estado.
Estas disposiciones desconocían el principio de unidad de materia, pues el propósito fue reformar algunos aspectos del presupuesto general de la Nación.
La noción de indigente, como la de habitante de la calle, responde a un componente socioeconómico que pone énfasis en la situación de pobreza y de falta de vivienda.
La Corte Constitucional verificará las acciones emprendidas por las entidades responsables para corregir las falencias en el proceso de transición del administrador del régimen de prima media.
Expertos consultados por ÁMBITO JURÍDICO hablan sobre las implicaciones que tiene la reciente postura del Consejo de Estado sobre el daño derivado por la inexequibilidad de leyes.
La Constitución de Colombia es, en el mejor de los sentidos, un texto audaz y ambicioso en materia de derechos fundamentales, opina este magistrado del Tribunal Constitucional de España.
Este beneficio solo se puede conceder si existe un evidente comportamiento desidioso, apático o negligente de la autoridad judicial, indicó la Sala Civil.
Las situaciones individuales definidas antes de la entrada en vigencia de este régimen deben ser reconocidas, cuando procedan de regulaciones establecidas por municipios y departamentos.
Cada vez más los órdenes constitucionales de la región avanzan en la incorporación de interpretaciones abiertas a la existencia de sistemas jurídicos distintos a los que produce el Estado.
La intimidad solamente admite intromisiones o limitaciones cuando estas sean constitucionalmente legítimas y justificadas, explicó la Corte Constitucional.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, sostuvo que “es contradictorio” que Chile se proclame respetuoso del Derecho Internacional y al mismo tiempo rechace la competencia de ese tribunal.
Si el primer imperativo kantiano aún tiene vigencia entre nosotros, no queda otra alternativa que afirmar que la dosis personal es un derecho fundamental.
Estos empleos no podrían ser exceptuados de la aplicación del artículo 125 de la Constitución, según el cual la función pública debe ser ejercida por funcionarios de carrera.
Según los demandantes, la calidad de legitimarios debe extenderse a los abuelos consanguíneos, en virtud de la adopción simple, tal como estaba regulada por el artículo 277 del Código Civil.
Solo es necesario probar el defecto, y será el productor o el comercializador el que tenga la carga probatoria de demostrar que este surgió por uno de los hechos eximentes de responsabilidad.