Nuevamente, el Consejo de Estado exhortó al Gobierno a que le solicite al Comité de Derechos Humanos de la ONU que se pronuncie en torno a la violación sistemática de los derechos de la población civil que ha venido generando la guerrilla de las FARC en el marco del conflicto armado, esta vez por el ataque armado a la estación de policía de Puerres (Nariño), ocurrida en el año 2000. Además, la Sección Tercera sostuvo que esta confrontación no implica “la negación, limitación o extinción de los derechos de todas las personas, reconocidos en la Constitución, las convenciones de derechos humanos y el derecho internacional”, de ahí el deber indelegable del Estado de proteger la vida de los asociados y reparar a los afectados por la generación de daños antijurídicos generados en este escenario. Finalmente, solicitó que se investiguen las actuaciones protagonizadas por los guerrilleros y que instancias nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos se pronuncien en torno a la utilización de armas no convencionales por parte del grupo armado ilegal (C. P. Enrique Gil).