La autoridad de los árbitros se funda en la existencia de un acuerdo de voluntades previo y libre entre las partes en conflicto, que sustrae la resolución de sus disputas del sistema estatal de la administración de justicia y la atribuye a particulares. La justificación constitucional de esta figura radica en su contribución a la descongestión, eficacia, celeridad y efectividad del aparato estatal de la administración de justicia, así como por el hecho de que ofrece una opción voluntaria de tomar parte activa en la resolución de conflictos por parte de los ciudadanos, materializando de esta manera el régimen democrático y participativo que diseñó el constituyente colombiano. La voluntad de las partes se manifiesta en diferentes aspectos del sistema arbitral, por medio de su acuerdo, cuando deciden las partes libremente que no acudirán a la justicia del Estado para resolver sus diferendos; además, se establecen cuáles controversias serán sometidas al arbitraje; se determinan las características del tribunal; se designan los árbitros y se fija el procedimiento arbitral a seguir dentro del marco general trazado por la ley. Así las cosas, la voluntad de las partes es un elemento medular del sistema de arbitramento diseñado en nuestro ordenamiento jurídico.