Nuevamente, la Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare estarse a lo resuelto en el expediente D-9806, mediante el cual ese alto tribunal declaró inexequible la Ley 1653 del 2013, que reformó la regulación del cobro del arancel judicial (Sentencia C-169 del 2014). El Ministerio Público ratificó su criterio según el cual la norma privilegiaba de manera desproporcionada los intereses estatales, en detrimento de los usuarios judiciales, a quienes terminaba limitando injustificadamente su acceso a la administración de justicia.