En sentencia publicada este año, la Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales a la educación y a la igualdad de dos menores a quienes se les negó la entrega de certificados académicos por encontrarse en mora en el pago de las pensiones. En este contexto, recordó que desde el 2002, y por primera vez, la Corte prohibió a los planteles educativos la expedición de certificados de estudios con notas marginales de deudas pendientes, ya que con dicha práctica restringe la posibilidad de vincularse a otra institución. Finalmente, señaló que dicha postura ha sido mantenida a lo largo de la jurisprudencia constitucional, como por ejemplo en los fallos T-439 del 2003 y T-349 del 2010, en los que se reiteró su precedente (T-821/02), al considerar que aun cumpliendo los respectivos fallos de tutela al expedir los certificados académicos requeridos, la afectación del derecho a la educación continuaba latente, por cuanto iba en perjuicio directo del futuro educativo del menor (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza ).