El hecho de que los delitos contra la administración no sean causal de pérdida de la curul en las corporaciones públicas de elección popular es un defecto de diseño institucional. Así lo afirma un grupo de representantes, en un proyecto de reforma constitucional que pretende aplicar la denominada “silla vacía” a estas conductas.

De acuerdo con los autores de la propuesta, de esta manera se promueve la rendición de cuentas de los partidos políticos y se pueden combatir fenómenos como los “carruseles de la contratación”.

La iniciativa establece que los miembros de las corporaciones públicas solo podrán ser reemplazados en caso de muerte, incapacidad física absoluta, declaración de nulidad de la elección, pérdida de investidura, condena penal, delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad y delitos contra la administración pública.

En tales casos, el titular será reemplazado por el candidato no elegido que, según el orden de inscripción o votación obtenida, le siga en forma sucesiva y descendente en la misma lista electoral.

El proyecto aclara que la conducta de los miembros de las corporaciones públicas compromete a los partidos o movimientos políticos que los avalaron y, por esa vía, posibilitaron su elección. Las sanciones para esas colectividades podrían consistir en multas, devolución de los recursos públicos percibidos mediante el sistema de reposición de votos e incluso la cancelación de la personería jurídica.

“Los avales a las personas corruptas deben tener consecuencias para el partido. Sin embargo, hoy éste no es responsable por promover la elección de servidores públicos que utilizan el interés general para asegurar sus intereses económicos. Este proyecto pretende llenar ese vacío”, señala la exposición de motivos.

(Cámara de Representantes, Proyecto de Acto Legislativo 006/14C, jul. 20/14)

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