En una jornada de dos días, la Corte Constitucional, en Villa de Leyva, llevó a cabo el encuentro de la jurisdicción constitucional.

Los recursos del SGR, junto con los que se asignen del PGN, tienen el reto de apalancar proyectos estratégicos de inversión.

El alto tribunal, en un fallo sobre una mesada pensional para un menor de edad, explicó al menor cómo se protegieron sus derechos.

Sesiones ordinarias y extraordinarias pueden ser más de 140, lo cual dependerá de que el edil haya asistido a todas.

A muchos nos ha pasado que duramos más de una hora en la sala de espera de la EPS mientras nos llaman para asistir a una cita médica, pero cuando entramos nos atienden en menos de 10 minutos.

OMS y OIT piden medidas concretas que permitan abordar problemas de salud mental en el entorno laboral.

Se advirtió la configuración de defecto sustantivo, por la indebida aplicación del Acuerdo 049 de 1990, dada la exigencia de requisitos no previstos.

El tratamiento exceptivo debe aplicar a todas las personas cuya situación encuadre dentro de los supuestos.

Así mismo, anunció que busca apuntarle a penas no privativas de la libertad como penas principales.

La Corte Suprema precisó el término para proferir decisión de segunda instancia, si afectó o no una acción popular.

Al juez de tutela le está vedado pronunciarse de fondo sobre materias que involucren derechos inciertos y discutibles.

La Corte Suprema revisó una decisión con perspectiva de género y anuló las capitulaciones.

De acuerdo con el actor, las normas acusadas vulneran los principios y derechos consagrados en los artículos 1º, 11, 46 y 49 de la Constitución Política.

El objetivo es conocer la participación efectiva de la mujer en los cargos de nivel directivo durante la vigencia 2022.

El Consejo de Estado explicó situaciones excepcionales para su reconocimiento y la vigencia del artículo 35 transitorio constitucional.

Villa de Leyva es la sede del XVII encuentro de la jurisdicción constitucional.

La Corte Suprema explica la configuración del delito en el evento en que el sujeto activo deriva su conducta de un adoctrinamiento religioso

Lo contrario sucede con la extensión de la convención colectiva de los sindicatos mayoritarios.

Para el Consejo de Estado, no conviene concentrar todas las competencias asignadas a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Consejo Nacional Electoral y a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

Con un proyecto de decreto se bajaría la distribución y giro del 40 % al 35 %.

Las expresiones contra la Vicepresidenta de la República nos recuerdan que en Colombia existen leyes que castigan penalmente la discriminación.

Desde la creación del Régimen Tributario Especial los procesos de fiscalización de la DIAN en contra de las entidades sin ánimo de lucro se han incrementado, algunas entidades se estaban utilizando como vehículo para la evasión y elusión fiscal.

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, demandaron por inconstitucional la totalidad de la Ley 2220 del 2022.

En los próximos días se conocerán las medidas que emita el comité intersectorial instalado con Fasecolda para disminuir esta evasión.

Se inaplicó la expresión “las entrevistas son públicas”, por existir una contradicción entre la ley y el reglamento del concurso.

Corte Constitucional se pronunció sobre aplicación retrospectiva de la ley y del principio favorabilidad en el caso de las pensiones de sobrevivientes por muertes de soldados.

No pueden las instituciones negar la atención médica prenatal requerida por una menor de edad en estado de gestación debido a su permanencia irregular en Colombia.

Vulneración del derecho al debido proceso con decisión de magistrada ponente de Tribunal de otorgarle carácter vinculante al comunicado de prensa de la Corte Constitucional.

Se le ordena a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá que en un término máximo de 15 días dicte sentencia de fondo.

Corte Constitucional declara la improcedencia de acción de tutela por no configurarse defecto fáctico, ni violación directa de la Constitución.

De acuerdo con el demandante, la norma cuestionada es inconstitucional, por violar normas superiores y por invadir la competencia del legislador estatutario.

La posibilidad de trasladarse y de escoger libremente qué entidad de salud va a prestar los respectivos servicios es una garantía que debe ser protegida como parte del derecho a la salud de las comunidades indígenas.

Esta conducta afectó la correcta administración de justicia como servicio público esencial.

El hecho de que el accionante esté en desacuerdo sobre las pruebas no implica que haya incurrido en violación de los derechos de contradicción, defensa y debido proceso.

Así lo determinó la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia dentro de una acción de tutela.

Tendrá como objetivo construir escenarios de facilitación y mediación en los procesos de diálogo, negociación y en los conflictos internos en Colombia, con aprobación del Gobierno nacional.

De ser así, solo estarán gravados con la contribución parafiscal recaudada por el Ministerio de Cultura para los municipios.

La estrategia articula a las Fuerzas Militares, Policía y Fiscalía para mejorar las condiciones de seguridad de los colombianos.

Ninguno de los cargos formulados de manera particular cumplía con los requisitos de certeza, pertinencia, especificidad y suficiencia.

La norma acusada prevé un requisito para la procedencia de la deducción de una expensa que se suma a los tres enlistados en el primer inciso del artículo 107 del Estatuto Tributario: la licitud.

La Corte Constitucional conoció de una demanda que argumentaba desconocimiento del procedimiento sobre impacto fiscal de los proyectos de ley que ordenen gastos.

Solo las ciudades capitales pueden establecer un periodo gravable diferente del impuesto de industria y comercio.

El ministro también destacó la necesidad que la jurisdicción tenga una policía judicial.

Un alcance contrario a la norma no solo significaría trasgredir el ordenamiento jurídico, sino vulnerar el derecho de asociación sindical.

La Corte Constitucional estudió la historia clínica de tres personas y acumuló los expedientes en contra de las entidades promotoras de salud.

La cartera de vivienda asegura que los recursos para la vigencia 2022 ya quedaron comprometidos en su totalidad.

Alguno de los cargos en los que se basa la demanda son los de vulneración del principio de unidad de materia y afectación a la seguridad pública.

Esta iniciativa busca acabar de raíz el clientelismo electoral, con más transparencia y participación política.

Proceden aportes a salud, pensión y riesgos laborales, aunque haya completado requisitos para pensión de jubilación.

La simple activación del aparato judicial no genera ‘per se’ responsabilidad, salvo que se demuestre una afectación mayor e injustificada.

Sí tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, conforme al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.

Una autoridad administrativa desconoció el derecho de audiencia y de defensa por omitir etapas del procedimiento adelantado.

La Corte Constitucional admitió la demanda contra el artículo 21 (parcial) de la Ley 2155 del 2021.

La propiedad, posesión, tenencia o uso de predios en determinada jurisdicción municipal es un referente idóneo para determinar los elementos del impuesto sobre el servicio de alumbrado público.

Respecto al 2020, la deuda pública se incrementó en términos nominales $ 137,23 billones.

Salvo que se justifique de manera estricta la necesidad y proporcionalidad de dicha medida, a la luz de la mejor información técnica disponible.

De acuerdo con el accionante, la norma acusada favorece a los demandantes y perjudica a los demandados en los procesos regidos por el CGP, en comparación con los justiciables en los procesos regidos por el CPACA.

Minjusticia aseguró que esta medida deberá cobijar exclusivamente a los pequeños agricultores y nunca a bandas del narcotráfico.

Villa de Leyva será la sede del XVII Encuentro de la jurisdicción constitucional.

En este lugar el estudiante desarrolla su personalidad y se forma en el respeto a los derechos humanos.

La Corte Suprema de Justicia envío al Senado de la República la terna de candidatos para remplazar a la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado.

Los actos de corrupción por los que se le acusa tienen que ver con recibir dinero para dilatar decisiones judiciales.

De acuerdo con el ministro Iván Velásquez, dicha gradualidad deberá ser examinada por los altos mandos militares.

Esa es la fórmula más adecuada para proteger su derecho a la estabilidad laboral reforzada, dada su condición, permite que no se afecte la continuidad entre la fecha del último salario y la mesada pensional.

Corte Constitucional estudió una demanda contra el artículo 5 (parcial) de la Ley 2058 del 2021, por considerar que existía una omisión legislativa relativa.

En el caso bajo análisis, la sentencia unificadora no moduló sus efectos, por lo que se entiende que opera a futuro o ‘ex nunc’.

La Corte Constitucional admitió una demanda en contra de una expresión del artículo 447 (parcial) de la Ley 599 del 2000.

Corte Suprema resuelve la decisión de un juzgado sobre un conflicto de competencia negativo entre una comisaría de familia y un juzgado promiscuo municipal.

Si la petición, queja o recurso es manifiestamente contraria, no se materializará el acto ficto o presunto positivo.

La buena fe de las EPS no fue defraudada con un cambio intempestivo en cuanto al modelo de recobro.

De acuerdo con los actores, va en contra del principio de legalidad de los delitos y las penas consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política.

La empresa debía priorizar el suministro de energía eléctrica, teniendo en cuenta que los adultos mayores que residen en el inmueble deben conectar el generador de oxígeno y refrigerar medicamentos debido a sus afecciones de salud.

De acuerdo con la presunción establecida en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, se tendrán por ciertos los hechos si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente.

Podrá aplicarse cuando las imputaciones se refieran a la vida sexual, conyugal, marital o de familia, o al sujeto pasivo de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, tengan interés público y cuenten con el consentimiento de la víctima.

La SIC realizó un llamado a la ciudadanía sobre la importancia de proteger el derecho fundamental de ‘habeas data’.

No es posible contar con más de una IPS asignada, pero el paciente puede recibir atención de urgencias en todo el territorio.

En un concepto enviado a la Corte Constitucional, la jefe del Ministerio Público conceptuó que es constitucional que el servicio militar sea voluntario para las mujeres.

Según el demandante, la norma vulnera el principio de legalidad.

Dicho principio solo se predica frente a sentencias ejecutoriadas que no hayan hecho tránsito a cosa juzgada y no respecto a indagaciones, investigaciones o procesos en curso.

Las competencias para investigar a autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales resultan incompatibles con lo dispuesto en el artículo 257A de la Constitución Política.

Corte Constitucional precisó que el propietario del vehículo tiene el deber de adquirir el SOAT para disminuir la siniestralidad y amparar, de esa forma, a las víctimas de los accidentes de tránsito.

Los salarios de los parlamentarios pasarían de 35 a 23 millones de pesos.

Se demostró que Aerocafé y la Contraloría General de República los reportaron con fundamento en información errónea al Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas.

No se configuraron defectos en la sentencia del Consejo Estado que anuló su elección como senador; adicionalmente, opera la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente.

De los ocho casos, cinco tutelas fueron negadas y en las demás se declaró la carencia actual de objeto por daño consumado y hecho superado.

Declaran la exequibilidad de la Ley 2105 del 2021, sobre homologación del tratamiento impositivo previsto en los convenios para evitar la doble imposición.

La funcionaria estará a cargo de la coordinación de proyectos interinstitucionales que contribuyan hacia la construcción de una Colombia con igualdad.

Así lo plantea el órgano de control en un concepto enviado a la Corte Constitucional.

El Presidente de la República ha anunciado los funcionarios que lo acompañarán en distintos sectores de su administración.

Corte Suprema precisa perjuicio irremediable para el amparo de un sujeto de especial protección constitucional.

El Ministro del Interior radicó ante el Congreso el proyecto de reforma política.

La implementación de un sistema de alertas tempranas en caso de nuevos deslizamientos, la reubicación de las viviendas construidas en zonas de alto riesgo y reforestación son algunas de las órdenes.

Según el presidente Gustavo Petro, cotizaciones de los fondos privados entrarían a Colpensiones, originando el sistema de pilares.

No toda irregularidad se le puede imputar al contratista, ante el grado de confianza y diligencia exigibles por la naturaleza del negocio fiduciario.

No existe una ley que haya creado o autorizado tal tributo, razón por la cual una asamblea carecía de potestades normativas para crearlo.

Los accionantes argumentan que los apartes demandados vulneran el derecho a la libertad personal y el requisito de objetividad del principio de estricta legalidad.

Así lo estudia el Congreso de la República con el proyecto de ley radicado por un representante del departamento del Cesar.

Se configura falta de respuesta oportuna a las PQRS cuando la misma no es clara, precisa, congruente y consecuente.

Consejo de Estado advierte sobre el impuesto de industria y comercio por explotación de parqueaderos por parte de las personas jurídicas constituidas como propiedad horizontal.

Existe inhabilidad si uno de ellos produce el nombramiento del otro. De lo contrario, no hay prohibición.

La Corte Constitucional explicó que estos conflictos no deben ser resueltos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues debe darse aplicación del principio de especialidad normativa.

El rechazo de la demanda resulta razonable solo cuando no se acredita la conciliación extrajudicial en juicios declarativos y se solicitan medidas cautelares inviables.

Precisan que modificación de las condiciones para el reconocimiento de la personería jurídica de las cajas de compensación familiar desconoce principios constitucionales.

Especialmente cuando se trata de formalizar la afiliación de un menor de edad a una EPS donde le brinden la protección integral en salud que requiera.

Desde la próxima sesión, la ciudadanía podrá conocer la votación de los congresistas en tiempo real.

Consejo de Estado explica que la falta de ejecución efectiva de las obligaciones de las instituciones educativas tiene la capacidad de estructurar una auténtica falla en el servicio.

El Ministro de Justicia también expresó su postura frente a la justicia virtual en materia penal.

Se demandan los títulos XII y XIII del Decreto Ley 403 deL 2020, por exceso de facultades extraordinarias conferidas por el Acto Legislativo 04 del 2019.

Se discute en incidente de desacato si el Estado ha incumplido con la obligación de salvaguardar y proteger el tejido biodiverso del Parque Nacional Natural Los Nevados.

Municipios y departamentos, en ejercicio de su autonomía, adoptan los impuestos creados y autorizados por la ley.

La Corte Constitucional exhibió los requisitos de procedencia del amparo contra sentencias, en particular de las altas cortes.

Los efectos de la inhabilidad para celebrar contratos estatales no pueden extensivos a otro tipo de vinculación.

Si bien la norma acusada fue derogada, mantiene su vigencia para efectos del régimen de transición para solicitudes de indemnización por vía administrativa anteriores a la expedición del Decreto 4800 del 2011.

Los acontecimientos no solo deben tener una entidad propia de alcance e intensidad traumáticas, además deben constituir una ocurrencia imprevista: Corte Constitucional.

Según indicó el mandatario, esta decisión deberá ser discutida por todos los estamentos del país, como el Congreso, medios de comunicación y la sociedad.

En la convención colectiva suscrita entre el Banco de la República y Anebre no fue pactada expresamente su vigencia más allá del 31 de julio del 2010.

Que las hermanas Pizarro se hayan inscrito por coaliciones del Pacto Histórico, al Senado y Cámara de Representantes, no quiere decir que sus postulaciones sean por la misma agrupación política.

Quien pretende el amparo debe exponer sus inconformidades dentro del proceso, hasta que sea proferida la sentencia y acudir a los recursos procedentes.

El proyecto de reforma tributaria ordenaría recopilar información para aplicar enfoque de género en el análisis de propuestas para acabar con “inequidades estructurales”.

Este presupuesto implica que la causa que origina la acción de tutela sea el desconocimiento de un derecho fundamental, ya sea en la interpretación, aplicación, determinación del contenido o su alcance por parte de una autoridad judicial.

La Procuradora manifestó su rechazo a la imposición del impuesto sobre las pensiones que impondría la reforma tributaria del Gobierno.

La Corte exhortó al Gobierno nacional a regular el crédito educativo para el acceso a la educación superior.

Consejo de Estado protegió a trabajadora que fue desvinculada por abandono del cargo desconociendo su condición de sujeto especial de protección.

Proceden los descuentos efectuados a la condena derivada del fallo que resuelve el litigio dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Corte Suprema se pronunció sobre la admisión excepcional de la denuncia como prueba de referencia, cuando la víctima no ejerce libremente el derecho a no declarar contra su pariente.

Ya son cinco las reformas constitucionales que marcan la agenda legislativa en el Congreso.

Gobierno solicita la exequibilidad de las normas que regulan la virtualidad en la justicia penal.

Presentaba una nueva postura sin ningún medio probatorio que condujera a la modificación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos investigados.

Todo acto dirigido a dilatar o negar injustificadamente la realización del examen de la pérdida de capacidad laboral es contrario a la Constitución.

El condicionamiento efectuado en la Sentencia C-037 de 1996 se inaplicó para resolver el presente asunto y proferir una sentencia en aplicación del control de convencionalidad.

Factura del impuesto sobre la renta pierde fuerza ejecutoria siempre que el contribuyente presente oportunamente su declaración privada.

Según el artículo 44 de la Constitución, la familia debe garantizar el goce efectivo de los derechos de los menores.

La Corte Constitucional amparó los derechos al debido proceso y de acceso efectivo a la administración de justicia al revocar los fallos.

La cárcel deberá adoptar medidas para garantizarle al accionante la dignidad humana y el libre desarrollo de su personalidad, como expresión de la diversidad étnica y cultural.

Así mismo, solicitó proteger las reclamaciones de quienes aspiran a gozar del derecho a la tierra, buscando consensos a través del diálogo y la concertación.

Las manifestaciones efectuadas por un candidato presidencial sobre asuntos de interés público no reflejan una mala intención o trasgresión de los derechos del accionante.

Corte Constitucional exhorta al Congreso para que legisle sobre la maternidad subrogada.

El Consejo de Estado discutió la desvinculación de una empleada nombrada en provisionalidad que tienen la condición de madre cabeza de familia.

Se vulnera el contenido del artículo 48 de la Constitución porque los miembros de la fuerza pública no se encuentran excluidos de la aplicación del Acto Legislativo 01 del 2005.

El Ministerio de Justicia hizo parte de la audiencia y mostró la postura del Gobierno frente al proyecto de ley

La captación y divulgación no consentida de un video constituyó una violación de los derechos a la intimidad y a la imagen.

Registro personal por parte de guardas de seguridad extralimita sus funciones y vulnera derecho a la intimidad.

Según el constitucionalista José Gregorio Hernández, quitar validez a todas las cédulas expedidas es abiertamente inconstitucional.

No debe haber sido incluido en nómina de pensionados, pues sería más de una asignación del tesoro público.

Explican cómo se presenta defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al improbar un acta de conciliación.

En un plazo no mayor a tres meses, la Comisión de la Verdad deberá entregar un inventario de todos los procesos judiciales y demás reclamaciones.

Revisan varias acciones de tutela que invocan protección del derecho a la participación en todos los asuntos que pueden significar afectación de derechos de comunidad indígena.

El canal es informativo y transmite audiencias desarrolladas en los despachos judiciales y que son públicas.

Ante las circunstancias que rodean al accionante es plausible efectuar un análisis diferenciado del término de caducidad, a fin de garantizarle el acceso a la administración de justicia.

Se podrá decretar el desistimiento y archivo cuando el requerimiento no sea atendido en el término concedido.

La Corte Constitucional explicó que fijar la etapa de determinación de la vulnerabilidad en la fase de adjudicación del crédito crea una desprotección del estudiante.

La jurisdicción disciplinaria no es competente para conocer de los procesos disciplinarios contra los auxiliares de la justicia cuando no se ha notificado el pliego de cargos antes del 29 de marzo del 2022.

Las normas que limitan el derecho de acceso a la información deben ser interpretadas de manera restrictiva y toda limitación debe estar adecuadamente motivada.

Los efectos de la inconstitucionalidad del artículo demandado se difieren hasta el 20 de junio del 2023.

La iniciativa contempla tanto el proceso de registro como los derechos, obligaciones y límites de los cabilderos.

Se violó el debido proceso del accionante al ejercer la potestad disciplinaria en su contra, pues el reglamento disciplinario no contiene norma alguna que prevea esta competencia.

Es obligación de los alcaldes formular la revisión de los POT, según nuevas necesidades y realidades del territorio.

Precisan la legitimación de las autoridades indígenas para reclamar la competencia de un asunto penal seguido contra miembros de su comunidad.

El requisito de la convivencia no puede descartarse por la sola separación de cuerpos cuando obedeció al maltrato físico y sicológico a que se vio sometida la persona.

El Decreto 491 del 2020 amplió los términos de las peticiones para contrarrestar efectos del covid-19.

Los magistrados que integrarían el alto tribunal deberán cumplir con los mismos requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema y del Consejo de Estado

Se puede constatar por cualquier medio el acceso del destinatario al mensaje de datos.

Dentro del proyecto de ley se especifican las competencias para manejar las impugnaciones.

La Corte Constitucional indicó que existe carencia actual de objeto porque se comprobó que en los casos se generaron los recursos necesarios para garantizar las condiciones de bioseguridad en las instituciones educativas.

Corte Suprema precisa el exceso ritual manifiesto al exigir conciliación.

De acuerdo con la propuesta, la política de paz será prioritaria en asuntos de Estado, tanto en lo referente a la implementación de acuerdos como con relación a procesos de negociación, diálogo y acogimiento a la justicia.

Para determinar si una entidad pública ocasionó un daño patrimonial al Estado se debe analizar cada caso en particular.

La póliza presentada con la solicitud de devolución no garantiza el pago de las sanciones que se impongan como consecuencia de su improcedencia.

La policía requiere autorización para acceder a circuitos de vigilancia privada que capten información reservada: Procuraduría.

La orden del Consejo de Estado a un consejo seccional de la judicatura y a un juez promiscuo municipal se dio mediante una acción de tutela.

¿La participación política por parte del jefe de Estado afecta la imparcialidad en la contienda electoral?

Precisan restricción del derecho al sufragio para personas condenadas en un proceso penal.

Se evidenció que la pieza musical fue borrada de la plataforma de reproducción en que se encontraba y, asimismo, el intérprete ofreció disculpas.

De acuerdo con los demandantes, se viola el principio de seguridad jurídica de los proponentes.

La liquidación laboral busca cubrir necesidades básicas mientras el trabajador se vincula nuevamente en un trabajo.

Declaran inexequibilidad de una expresión que facultaba a la Procuraduría para atribuir tareas o labores al Vicepresidente.

La Corte Constitucional indicó que el trámite se deberá realizar con la presentación de la tarjeta de identidad, en lugar de la cédula de ciudadanía.

Corte Constitucional estudió las actividades que le corresponde a los Estados frente a este instrumento y establece cómo se deberá manifestar el consentimiento para obligarse.

Precisan que la acción de tutela fue concebida para repeler la amenaza de derechos fundamentales violentados.

Debido a las características y necesidades de corregir el censo electoral local, no es posible dar espera a los términos y plazos comunes del trámite administrativo ordinario.

Ajustes en el funcionamiento del Congreso, una superintendencia de educación y la votación por parte de militares e integrantes de la policía son proyectos que cursan en la entidad.

Señalan los parámetros para que las EPS autoricen el servicio de transporte al paciente y su acompañante dentro del municipio de residencia.

Corte señaló que el derecho a la vivienda digna requiere de políticas públicas sólidas que permitan la ampliación de su cobertura.

La estabilidad laboral reforzada por motivos de salud no implica permanecer indefinidamente en un cargo al que tiene derecho quien superó un concurso de méritos.

Aunque la información sobre procesos judiciales es pública, no puede negarse el suministro de la misma bajo el argumento de que es de libre consulta por parte de los usuarios.

Así lo indicó el ministro Iván Velásquez en medio de la explicación de la nueva política de Seguridad Humana.

El legislador debe establecer las condiciones en que se permitirá la participación política de los servidores públicos.

Es preciso que se acredite la falta de diligencia del servidor y que con la mora se produzca un perjuicio irremediable que haga necesaria la intervención del juez de tutela: Corte Suprema.

En virtud del principio de la non reformatio in pejus, el Consejo de Estado no podía agravar la situación de la parte actora en su condición de apelante único en el caso.

Se podrá disponer la constitución de pólizas que garanticen el cumplimiento de las obligaciones del administrador.

Fondos de pensiones no pueden pedir requisitos adicionales para una sustitución pensional.

Se conminó a una funcionaria judicial para que en futuras oportunidades se abstenga de incurrir en actuaciones que vulneren los derechos de acceso a la carrera administrativa.

Esta propuesta abre una puerta a las negociaciones con el Estado en Colombia y beneficios jurídicos para los narcotraficantes que no reincidan.

Las personas a quienes se les causó la pensión a partir del 25 de julio del 2005 ya no tendrían derecho al reconocimiento de la mesada catorce, salvo dos excepciones.

Pensionados con mesadas de hasta 10 salarios mínimos reducirían su aporte del 12 % a 4 %.

El Ministerio Público apoyó una demanda contra el requisito para las mujeres para acceder a la pensión de vejez con la misma cantidad de semanas que se exigen para los hombres.

La remuneración de los servidores públicos corresponde a los servicios efectivamente prestados.

En el cohecho propio solo se requiere que el servidor público acceda a la propuesta ilegal que se le formula aceptando contravenir sus funciones oficiales.

Entre los ajustes que plantea la entidad se encuentra la metodología de cálculo de los montos mínimos y máximos de la reserva.

Si las restricciones al derecho de locomoción son proporcionales y razonables el acto administrativo goza de legalidad.