Consejo de Estado resolvió si un alcalde podía delegar en la Secretaría de Tránsito y Transporte su competencia para expedir la resolución en esta materia.
Depende de cuando se presente la excepción de pago, adquiere efectos jurídicos distintos, bien como excepción de mérito o de fondo o como un modo de extinción de la obligación.
Aunque en estos se utilicen algunos bienes que, de ser adquiridos directamente con el presupuesto de la entidad, serían excluidos.
La negligencia del investigado privó a la quejosa de acceder a la administración de justicia: CNDJ.
Solo el saldo a favor originado en los descontables asociados a las actividades exentas de los artículos 477 y 481 del E. T.
De acuerdo con el demandante, la medida viola el principio de equidad tributaria y el de certeza tributaria.
Normas del sistema general que permiten declarar vacancia temporal del empleo no son aplicables tratándose de la Rama Judicial.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial remitió un conflicto negativo de competencia para que defina cuál es la autoridad que deberá investigar disciplinariamente a tres auxiliares de la justicia.
La norma, que se refería a industrias de valor agregado tecnológico y actividades creativas, fue derogada por la Ley 2277 del 2022.
Se constató el grave incumplimiento del régimen especial de baldíos y del deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los campesinos.
El derecho a la estabilidad ocupacional reforzada no solo debe ser asociado a las relaciones laborales de carácter dependiente (contratos de trabajo, vinculaciones legales y reglamentarias), sino que debe ser extensiva a los contratos de prestación de servicios.
Representación legal que ejerce una persona en una sociedad, independientemente del tipo societario, es indelegable.
Se causa independientemente de la calidad, pública o privada, del propietario o poseedor, puesto que la norma no hace ninguna distinción al respecto.
La CNDJ resolvió un conflicto de competencia que se presentó entre las comisiones seccionales de disciplina judicial de Bolívar y Atlántico.
Para garantizar el respeto del núcleo esencial del derecho de petición, la contestación debe versar sobre lo preguntado, sin evasivas y precisando lo que el peticionario desea saber.
Corte Suprema explicó la aplicación del principio de la condición más beneficiosa para el reconocimiento de pensión de sobrevivientes en los términos previstos en el Acuerdo 049 de 1990.
Se declaró la nulidad del acto de nombramiento de Andrés Barreto como experto comisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
En el caso del servicio de gas por redes, se debe convenir la terminación con el prestador y los terceros que puedan resultar afectados.
La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 37 de la Ley 2277 del 2022.
Durante el mes se harán 20 pagos por un valor cercano a los $ 1,7 billones, más de 368 millones de dólares.
El plazo para modificar la demanda se extiende hasta antes del señalamiento de la audiencia de conciliación de que trata el artículo 61 de la Ley 472 de 1998.
El fuero contractual atañe al lugar de cumplimiento de las obligaciones incorporadas a los documentos adjuntados como títulos valores a la demanda ejecutiva.
Concepto de contrato de mutuo o préstamo de consumo definido en el artículo 2221 del Código Civil aplica en el ámbito mercantil.
Generalmente se aplica la exclusión de la figura de la solidaridad patronal para el ICBF en el marco de contratos de aportes.
Las cláusulas contenidas en una póliza de seguro deben ser conocidas por el asegurado para que manifieste libremente su aceptación.
No, siempre y cuando la investigación penal esté justificada y la definición de la situación jurídica se lleve a cabo en los términos previstos en la legislación penal.
La primera incluye los perjuicios concernientes a la devaluación de la moneda que derivan del no pago oportuno de las acreencias laborales que da lugar a ella.
Si decide voluntariamente seguir hasta la edad de retiro forzoso, debe seguir contribuyendo al régimen de seguridad social integral.
Corte declara inconstitucionales artículos que regulan la imposición de multas y los beneficios por colaboración en procesos de investigación y sanción de conductas contrarias al régimen de protección de la libre competencia.
Cuando el consumidor acude a ejercer la efectividad de la garantía, a la empresa no le queda otro camino que entregar o reintegrar el precio.
La subordinación como elemento esencial del contrato de trabajo se debe comprobar para que se presuma que la relación de trabajo personal está regida por un contrato laboral.
La renuencia debe entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la disposición: Consejo de Estado.
De acuerdo con la demanda, la configuración de la base gravable solo resulta inconstitucional mientras se construya partiendo de un patrimonio bruto que incluya propiedades inmuebles.
Así lo anunció el coordinador ponente de la iniciativa, el representante Alfredo Mondragón.
La Corte Constitucional explicó los requisitos que debe cumplir la respuesta a este mecanismo.
Corresponde a las autoridades adoptar medios tecnológicos y alternativos para el trámite y resolución de PQR.
El prestador de servicios públicos puede desvirtuar la configuración solicitando o aportando las pruebas que lo demuestren.
Se logró establecer que el procedimiento de su elección se rigió por lo establecido en la Ley 5 de 1992, norma que resultaba aplicable.
Los trabajadores de la construcción tendrán derecho a que el auxilio de cesantía y las vacaciones les sean reconocidos proporcionalmente por el tiempo laborado: Corte Constitucional.
Exigencias particulares no previstas en la regulación se estipulan contractualmente bajo el principio de la autonomía privada.
Corte Constitucional admitió demanda de inconstitucionalidad contra del inciso 3° (parcial) del artículo 52 de la Ley 599 del 2000.
De acuerdo con los demandantes, las sanciones de prisión dispuestas en los apartes acusados violan la prohibición de censura del artículo 20 de la Constitución Política.
El proyecto normativo regularía nuevas modalidades de crédito para financiar proyectos productivos en zonas rurales aisladas.
A menos que el acreedor prescinda de cobrar su crédito dentro de la ejecución correspondiente, precisó la Superintendencia de Sociedades.
Se comprobó que el actor tuvo plenas garantías de derecho a la defensa y al debido proceso, en la medida en que fue citado a descargos y, en general, pudo ejercer adecuadamente su defensa.
Ese gasto es deducible en los términos del artículo 107 del Estatuto Tributario cuando se genera en procura de la defensa adecuada de los intereses económicos de la compañía.
Se encuentra sujeta al término previsto en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
No se acreditó la doble militancia política en la modalidad de apoyo por respaldar a Gustavo Petro Urrego en la campaña presidencial.
Corte Suprema aclaró expresiones relacionadas con la eficacia y vigencia de los beneficios pensionales estipulados en convenciones.
A través de otrosí o con conductas que demuestren la intención de revocar la prohibición.
La acción de tutela procede en contra de providencias judiciales proferidas en los procesos concursales en eventos en los que se hubiesen agotado los recursos judiciales disponibles.
Por encontrarse inhabilitado para ejercer el cargo por haber sido condenado en el año 2012 a 36 meses de prisión.
Se debe analizar cada caso concreto y, de acuerdo con las pruebas existentes, determinar quién ha omitido el deber de cuidado.
Corte declara constitucional la ineficacia de las estipulaciones contractuales que prevean formas de explotación o modalidades de utilización de derechos patrimoniales de autor.
Corte exhortó al Gobierno y al Congreso para que impulsen, tramiten y expidan una ley orgánica para la conformación de entidades territoriales indígenas, la cual debe ser previamente consultada.
La prestación del servicio militar voluntario para las mujeres no vulnera el derecho a la igualdad ni consagra un estereotipo de género: Corte Constitucional.
Este derecho se otorga a los empleados de carrera con evaluación del desempeño sobresaliente o satisfactoria.
Todo contador público debe considerar en su ejercicio profesional los requerimientos normativos de ética.
La CNDJ resolvió modificar una sanción impuesta contra un abogado al evidenciar que no se justificó la trascendencia social de la conducta.
Cualquier información puede ser remitida mediante comunicación escrita utilizando los canales presenciales o digitales.
De acuerdo con los demandantes, el aparte es inconstitucionales porque regula una exclusión tributaria y no una exención.
Otras actividades en desarrollo de objeto múltiple no pueden poner en riesgo la prestación eficiente y continua de los servicios públicos.
El Consejo de Estado admitió la acción, que indica que el Gobierno violó los derechos fundamentales de petición y a la consulta previa.
La violación a la prohibición legal de adicionar los contratos estatales en más del 50 % de su precio inicial debe verificarse en el momento en el que surgen las obligaciones.
Señalan los presupuestos para la configuración de la causal de pérdida de investidura por violación de los topes máximos de financiación.
Tratándose del cuestionamiento de la legalidad de los actos administrativos de registro el mismo legislador señaló que la acción procedente es la acción de nulidad simple.
En todo caso, para efectuar la suspensión será necesario garantizar el debido proceso al suscriptor o usuario del mismo.
La satisfacción es doble al haber logrado este cambio jurisprudencial tan importante en el área del derecho tributario y, a su vez, haber obtenido un beneficio económico notable para el manejo tributario de nuestro cliente.
La CNDJ confirmó la terminación anticipada de la investigación disciplinaria contra un abogado que en calidad de endosatario inició la acción judicial.
A falta de disposición de obligatorio cumplimiento, el término de garantía será el anunciado por el productor y/o proveedor.
Se deberán obtener de las autoridades competentes, según sea el caso, las concesiones, permisos y licencias correspondientes.
No se puede establecer responsabilidad fiscal sin gestión fiscal.
El proyecto será radicado ante el Congreso de la República este miércoles 22 de marzo.
El incumplimiento de uno redunda en los demás y ello habilita al consumidor a perseguir el cumplimento de uno o de otro.
Actos administrativos que contienen decisiones relativas a la expropiación administrativa son atacables en vía judicial a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho: Consejo de Estado.
La Corte encontró que eran tipos penales en blanco, en los cuales se encontraba justificada la remisión normativa a la regulación ambiental.
La Sala Plena encontró que el caso concreto debe ser declarado de urgencia nacional, ya que existen razones para considerar la controversia como de especial trascendencia social.
La medida constituía una reforma funcional de la estructura de la Administración, por lo que estaba sometida a la regla de iniciativa gubernamental exclusiva.
La expresión “que cause molestia a la comunidad” fue declarada inconstitucional, por ser indeterminada y tratarse de una disposición vaga y ambigua: Corte Constitucional.
La responsabilidad del revisor fiscal cesa a partir de la fecha en que ha dejado de ejercer el cargo por renuncia o remoción
La Corte Constitucional declaró la constitucionalidad de las expresiones del artículo 61 de la ley 1480 del 2011.
El rechazo de pérdidas que aumente el saldo a pagar o el saldo a favor declarado no puede generar una sanción por inexactitud liquidada conforme a los artículos 647 y 647-1 del E. T.
Los titulares de las acciones conservan derechos políticos y pueden participar en las reuniones, deliberar y votar en ellas.
La competencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial versa frente a hechos ocurridos con posterioridad al 13 de enero del 2021.
Ante duda, en aplicación del principio pro infans a fin de indagar sobre la realidad de lo acontecido, le corresponde al Juez ejercer las facultades oficiosas en materia de pruebas.
La Secretaría de Hacienda informó que todos los trámites son gratuitos, sin intermediarios.
La Ley 2101 del 2021 fue concebida para promover la productividad empresarial en el sector privado.
Si la pérdida de capacidad laboral proviene de otras enfermedades que no sean congénitas, crónicas o degenerativas la regla en el cómputo de la densidad de cotizaciones.
Contribuyentes del impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso fungen a la par como responsables del mismo.
Se deben cumplir las circunstancias constitutivas de domicilio civil, es decir, las señaladas en los artículos 77 y siguientes del Código Civil.
La Dian emitió un concepto general sobre el impuesto de timbre nacional con motivo de la última reforma tributaria.
Los actores estaban obligados a informar sobre la integración realizada y la SIC debía analizar previamente esa operación.
De acuerdo con las estipulaciones contractuales, así las facturas hubiesen sido presentadas tardíamente, la entidad debía (a partir de su radicación) hacer el pago en el plazo estipulado contractualmente, so pena de tener que pagar los intereses de mora correspondientes.
Persona dedicada a la educación y/o actividades de atención en salud y asistencia social deberá considerar el límite de 100 mil UVT.
La irregularidad en el procedimiento de notificación impide que el acto administrativo cobre efectos ejecutivos y ejecutorios para ser oponible y obligatorio.
Venta o cesión de activos intangibles asociados con la propiedad industrial está gravada con IVA, en los términos del artículo 420 del E. T.
La ley prevé la eventualidad de que se presenten solicitudes de conciliación aun en casos no conciliables, se deberá expedir la respectiva constancia.
Admiten demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 2º del artículo 96 de la Ley 2277 del 2022.
Consejo de Estado precisó los criterios para identificar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente por contratos de prestación de servicios.
El fideicomitente debe estar en capacidad de presentar cualquier soporte o detalle sobre los saldos certificados.
Comunicación de la sentencia debe surtirse por notificación personal, por lo que el edicto, al ser subsidiario, solo puede practicarse cuando no haya sido posible practicar la notificación principal: CNDJ.
Las únicas situaciones jurídicas que pueden ser decididas, en virtud de ese régimen pensional bajo el principio de favorabilidad, son las que se consoliden a partir de su entrada en vigor.
No es un capricho de la administración de justicia negar la libertad condicional cuando se da aplicación de la Ley 1126/06 tratándose del delito de extorsión: Corte.
Tendría lugar si se determina que con la implementación de medidas temporales se fortalece la movilidad de los usuarios del transporte público.
Consejo de Estado estudió si se configuraron los elementos de la responsabilidad fiscal para declarar responsable al gerente de una empresa de acueducto, alcantarillado y aseo.
El Código Nacional de Tránsito define al conductor como la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para operar un vehículo.
Los requisitos que debe cumplir la factura para que sirva como soporte del costo están en el artículo 617 del Estatuto Tributario.
Si la decisión de finalizar el vínculo laboral deviene en un motivo diverso al estado fisiológico o síquico del trabajador, como una justa causa, tal protección no opera.
Según la propuesta, se modificaría el artículo 594 de la Ley 1564 del 2012.
Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 38 (parcial) de la Ley 160 de 1994.
Los estudios de crédito, seguros, garantías o cualquier otro concepto se deben informar en la misma forma que se anuncia el precio.
Corte Suprema precisó cuándo el empleador está en el deber de incluir el auxilio de transporte en la liquidación de las prestaciones sociales de sus trabajadores.
La Procuraduría solicitó que se declare la inexequibilidad de las expresiones demandadas, al no superar el juicio integrado de igualdad en su intensidad estricta.
Modificaciones hechas por un particular de manera autónoma a una bicicleta no están inmersas en la excepción normativa.
La prescripción debe ser alegada por la parte que pretende favorecerse, es renunciable y se puede interrumpir.
La nulidad por omisión en la notificación del auto admisorio de la demanda se sanea cuando a pesar del vicio el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa.
La afirmación debe extenderse a la esfera de lo probado y, por ende, acreditarse a través de los diferentes medios probatorios.
Todos los nombramientos irán hasta el 31 de diciembre de este año y su objetivo fundamental es descongestionar los despachos judiciales.
Corte Suprema resolvió un conflicto de competencia en el que el demandado contaba con varios domicilios.
Admiten demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º del Decreto Ley 252 del 2020, el cual adiciona el Decreto 1088 de 1993.
No resulta ilegal que en los contratos de APP los dineros de los subsidios asignados a los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos (FSRI) sean considerados como recursos públicos.
La administración o el consejo de la copropiedad también podría requerir la realización de una auditoría externa.
La expresión “si es del caso” significa que la norma no impone a todas estas entidades la obligación de contar con revisor fiscal.
Hasta el momento, en la reforma laboral se mantienen propuestas como la de priorizar los contratos a término indefinido y la de recuperar los recargos nocturnos y festivos.
Esta figura opera por mandato legal y no es concomitante con el recurso de apelación: CNDJ.
Las tasas de peaje serán diferenciales, es decir, se fijarán en proporción a distancias, características vehiculares y costos de operación.
Corte Suprema se pronunció sobre la interpretación de los ingredientes normativos alusivos a las fases de contratación por inobservancia de requisitos legales.
Son los agentes de tránsito de la jurisdicción donde se comete la infracción quienes deben diligenciar la orden de comparendo.
El arrendatario de un ‘leasing’ operativo no debe registrar en su activo o su pasivo suma alguna por concepto del bien objeto del contrato, pues solo será el dueño de aquel quien tenga que declarar.
Nulidad no puede invocarse solo en interés de la ley, sino que es necesario que la irregularidad sustancial afecte las garantías de los sujetos procesales: CNDJ.
En los contratos especiales en donde exista innovación tecnológica no hace por sí mismo que el convenio sea de ciencia y tecnología: Corte Suprema.
Ofrecer servicios que son prestados por las entidades de apoyo al tránsito sin la debida autorización afecta la actividad económica.
Basta con demostrar el defecto del producto, sin perjuicio de las causales de exoneración de responsabilidad.
Autorización de las asambleas a delegar temporalmente sus competencias a los gobernadores está sujeta a límites materiales: Corte Constitucional.
Demandan por inconstitucionalidad la Ley 2281 del 2023 por impacto fiscal.
Se trata de una respuesta a la providencia del Consejo de Estado que pidió cerrar el vacío legal que existe frente al tema.
Corte Constitucional estudió la demanda que se presentó contra numeral 5º del artículo 147 de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 29 de la Ley 504 de 1999.
Las evidencias de trabajo son documentos privados que solo pueden ser conocidas por terceros previa autorización.
El proyecto del Gobierno de Gustavo Petro será radicado ante el Congreso el próximo 16 de marzo.
La garantía mínima de calidad e idoneidad de un bien o servicio comprende también su entrega o la realización oportuna.
La actividad de otorgar créditos o de financiar electrodomésticos para sus usuarios escapa del objeto social de la empresa.
Los accionantes pretenden que se declare la inexequibilidad del artículo 11 de la Ley 2277 del 2022 y sugieren unas modulaciones en caso de no encontrar la inconstitucionalidad.
El enajenante deberá acudir a los mecanismos judiciales pertinentes con el fin de hacer valer sus derechos.
Será competente la autoridad del lugar donde se encuentre el niño, la niña o el adolescente: Corte Suprema.
En el segundo caso el vehículo será inmovilizado hasta que sea retirado por una persona autorizada por el infractor con licencia de conducción.
Si a la fecha de vigencia de la Ley 789 el trabajador tenía más de 10 años de servicio a la empresa, la indemnización por despido injusto debe calcularse siguiendo lo contemplado en la Ley 50 de 1990.
Corte resolvió un conflicto de competencia que se presentó en una demanda de imposición de servidumbre de energía eléctrica.
Para acceder a ella es necesario acreditar la afiliación al SGSSS en calidad de cotizante y en estado activo.
Si bien son los deudores los llamados a liquidar sus acreencias, estos, como administrados, tienen todo el derecho a exigir un recto ejercicio de la administración pública.
La propuesta se sustenta en las facultades extraordinarias que la reforma tributaria le otorgó al presidente para emitir un decreto sobre el tema. Los gremios están en contra.
Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 1232 del 2008.
La defensa demostró que no existió el convencimiento ni el conocimiento más allá de toda duda sobre la responsabilidad de los acusados sobre el delito de concusión.
No constituye un eximente de responsabilidad subjetiva el hecho de que antes de inscribirse haya consultado o pedido una asesoría idónea sobre la configuración de la inhabilidad prevista por el numeral 5 del artículo 179 de la Constitución Política.
Potestad del acreedor procede siempre que los demás bienes del deudor aseguren el pago de obligaciones alimentarias y las laborales.
Son aquellos que hacen referencia a la posibilidad de inducir a error al público o a los medios comerciales sobre la procedencia, naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios.
El ejercicio de potestades administrativas contractuales facultaba la terminación unilateral mediante acto administrativo motivado: Consejo de Estado.
El fondo debe suministrar la información necesaria a fin de que la persona cuenta con los elementos suficientes para discernir los alcances de su traslado al RAIS.
La Ley 2195 del 2022 no cambió la forma en que se perfeccionan los contratos suscritos por las entidades exceptuadas.
Corte Suprema resolvió si se incurrió en presunta vía de hecho por decretar como cautelas el embargo y secuestro de dos animales.
Consejo de Estado se pronunció sobre la expresión “y su reglamento”, incluida en los artículos 2 y 3 del Decreto 935 del 2013.
Los conductores que estacionen sus vehículos con este objeto deberán hacerlo en zonas y horarios determinados.
Le entregaron poder a un abogado para que iniciara un proceso ejecutivo en su nombre, pero quien figuraba como demandante era el apoderado en razón de un supuesto endoso en “propiedad”.
Para solicitar la encuesta debe acercarse a las oficinas locales del municipio de residencia.
La suspensión solo opera por el término inicialmente establecido por los Decretos 560 y 772 del 2020, sin atarla al término de vigencia.
La EPS tiene 15 días hábiles para revisar los soportes y entrar a liquidar o autorizar dichas prestaciones económicas.
En un concepto enviado a la Corte, la Procuradora General solicitó declarar la exequibilidad de las normas demandadas.
Toda actuación en causa propia supone una incompleta imputación jurídica que resulta inexorablemente en la absolución del disciplinable: CNDJ.
Se requiere que la Administración haya exigido la presentación de libros, comprobantes y demás documentos de contabilidad en relación con costos, deducciones, descuentos o pasivos que se estén investigando y que el contribuyente no los hubiera presentado.
El propietario o tenedor del vehículo de placas nacionales o extranjeras debe mantenerlo en óptimas condiciones.
El empleador que no afilie a sus trabajadores al sistema de seguridad social, incluso debido a la falta de cobertura del ISS, debe responder por las obligaciones pensionales.
El proceso es uno solo, por ello es posible que en un mismo pronunciamiento se resuelvan todos los recursos pendientes a cargo del superior.
La licencia temporal faculta para actuar sin haber obtenido el grado como apoderado o defensor en casos excepcionales y trámites procesales taxativamente señalados en el Decreto 196 de 1971.
La medida se decretó en el marco de una demanda de protección al consumidor instaurada por uno de los afectados con la suspensión de operaciones.
Se trata del dato más alto desde marzo de 1999; sin embargo, analistas señalan que el índice habría alcanzado su techo.
La Sala Plena señaló que en los casos que una norma abierta o manifiestamente incompatible con la Constitución pueda producir efectos irremediables o eludir el control de constitucionalidad es necesario adoptar medidas también excepcionales.
Al primer mandatario no le es posible reasumir unas funciones que no le han sido conferidas expresamente por el ordenamiento jurídico.
El legislador puede habilitar a la ANDJE para solicitar conceptos a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para precaver litigios entre entidades públicas o poner fin a los existentes.
En lo que respecta al proceso de reorganización, deberán reportar desde la solicitud de admisión la totalidad de proyectos.
El término para la revisión de las autoliquidaciones previsto en el artículo 714 del Estatuto Tributario era aplicable a los denuncios presentados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1607/12.
Una nueva conducta violatoria a las normas de tránsito denota un comportamiento contrario al debido acatamiento.
No se configura la falsedad ideológica cuando se diligencia la letra de cambio con espacios en blanco, la cual está de garantía del pago de las obligaciones del contrato de arrendamiento: Corte Suprema.
Los contratos de estabilidad jurídica para los inversionistas tienen como finalidad estimular la inversión esencialmente nueva en el país.
Ley de Borrón y Cuenta Nueva dispone que a la solicitud de corrección se aporten soportes que permitan establecer identidad.
Los integrantes de la Policía podrán acceder a los circuitos cerrados para acciones de identificación o judicialización en el marco de una investigación de carácter penal.
La norma propició la colisión de dos reglas legales especiales y concretas y desconoció de la dinámica de los contratos de concesión y APP para efectos del impuesto sobre la renta.
Deberá tener y demostrar absoluta independencia mental y de criterio con respecto a cualquier interés que pudiere ser incompatible.
La medida consiste en suspender temporalmente la circulación del vehículo por las vías públicas o privadas abiertas al público.
La medida cautelar de suspensión provisional del acto administrativo demandado no tiene la condición de previa para eximirse de enviar copia de la demanda y anexos al ente demandado.
Cuando intervienen entidades públicas tanto en la parte accionante como en la convocada se aplican las reglas del 7º y 10º del artículo 28 del Código General del Proceso.
El ‘habeas corpus’ procede cuando hay una privación ilegal de la libertad y el afectado no cuenta con un mecanismo procesal eficiente para la protección de su derecho.
No basta con que la persona natural sea mujer, debe ejercer actividades comerciales a través de un establecimiento de comercio.
En los procesos de alimentos será competente el juez que corresponda al domicilio común anterior mientras el demandante lo conserve: Corte Suprema.
Es precisamente del ejercicio de la opción de compra que el legislador condicionó el acceso al beneficio tributario de la exención del pago del impuesto sobre las ventas.
Durante un debate en la Comisión Primera de la Cámara, Francisco Barbosa, cabeza del ente investigador, expuso sus reparos a la ley de humanización de la política criminal.
El juez está en la obligación de adelantar un examen riguroso del comportamiento asumido por el empleador en su condición de deudor.
Desde el año 2018, y para efectos de la renta exenta, se permitió la modificación en los que se refiere a proyectos sobre VIS y VIP.
En la descripción genérica en la factura no se debe individualizar cada uno de los bienes vendidos, sino únicamente se requiere que de dicha descripción se pueda inferir la destinación de los mismos.
Se parte de la premisa de que la absorbente inicia negocios en Colombia y la reforma estatutaria implica una integración empresarial.
La Administración no desconoce derechos fundamentales cuando se hacen nombramientos en estricto orden de méritos.
También del análisis de la Sentencia C-321 de 2022 se explica la protección del derecho al debido proceso cuando se imponen comparendos.
