Demandan artículos de la reforma tributaria por presunta afectación de derechos de usuarios industriales de zonas francas

Dos ciudadanos solicitaron el control de constitucionalidad del artículo 11 de la Ley 2277 del 2022 (diciembre 13) en la que se adoptó una “reforma tributaria para la igualdad y la justicia social”. Los accionantes pretenden que la Corte Constitucional declare inexequibles los parágrafos 5 y 6 del artículo 240-1 del Estatuto Tributario, de acuerdo con la modificación realizada en el artículo 11 de la Ley 2277 del 2022, por afectar derechos constitucionales protegidos de usuarios industriales de zonas francas.

Los accionantes formularon cuatro cargos.

1. El incremento de la tarifa al impuesto de renta de los antiguos usuarios industriales de zona franca vulnera su confianza legítima, lo cual vulnera el artículo 83 de la Constitución, por lo que consideran que en 2022 esa confianza legítima y ese escenario seguro de inversión se destruyó. Dicha desconfianza genera, adicionalmente, un escenario expropiatorio en el sentir de los demandantes.
2. Por otra parte, consideran que la reforma tributaria creó una variación de la tarifa del impuesto de renta de los antiguos usuarios de zona franca que es expropiatoria de derechos adquiridos con justo título, vulnerando el artículo 58 de la Constitución, por ello los parágrafos 5 y 6 de artículo 11 de la Ley 2277 del 2022 son inconstitucionales por violar derechos adquiridos de usuarios industriales del régimen de zonas francas.
3. También se manifestó que las nuevas condiciones para acceder a los beneficios del régimen de zonas francas son discriminatorias y de imposible cumplimiento para usuarios que fueron calificados, autorizados y aprobados para producir para el mercado nacional, violando el artículo 13 de la Constitución, explican que el trato desigual que ordena la ley es injustificado. No es que la justificación sea insuficiente o impertinente, o simplemente errada; en este caso, simplemente, no se encuentra justificación constitucional alguna para la exclusión. Si no existe esta justificación mínima, es obvio que es irrelevante realizar los demás pasos de test integrado.
4. Finalmente señalaron que la imposición de un aumento en la tarifa del impuesto sobre la renta vulnera el derecho fundamental de acceso a los servicios públicos por que afecta también las expectativas legítimas de los usuarios finales de dichos servicios (violación de los artículos 365, 367 y 368 de la Constitución). (Demandantes: Diego Eduardo López Medina y César Camilo Cermeño Cristancho).