Visto bueno a retribución de proyectos de agua potable y saneamiento básico bajo el esquema de APP

El Consejo de Estado negó la nulidad del artículo 2.2.2.1.9.4. del Decreto 1082 del 2015, que regula la retribución de los proyectos de agua potable y saneamiento básico bajo el esquema de asociaciones público privadas (APP), al establecer que no resulta ilegal que en los contratos de APP los dineros de los subsidios asignados a los fondos de solidaridad y redistribución de ingresos (FSRI) sean considerados como recursos públicos, para efectos de fijar la retribución económica de la inversión del contratista privado, en tanto estos seguirían cumpliendo su finalidad constitucional, que es garantizar el acceso de todas las personas a los servicios públicos domiciliarios (con estos proyectos se moderniza y optimiza la prestación del servicio).

La alta corte concluyó que la demandante erró en entender que los subsidios son entregados directamente a los usuarios, por lo que emplearlos como retribución económica de un proyecto de APP implicaría desviarlos de su destinación específica. Pues el reparto de los subsidios, según el numeral 99.3 del artículo 99 de la Ley 142, se hace mediante un descuento en la factura del servicio, es decir, que el operador cubre directamente esta deducción con los recursos asignados para solventar los subsidios.

Sumado a ello, los subsidios buscan cubrir la diferencia entre el valor del servicio público prestado y lo que efectivamente paga el usuario de estratos 1, 2 o 3, por lo que su finalidad es retribuirle a la empresa prestadora los gastos en que incurrió para prestar el servicio, lo cual incluye las inversiones que se realizan en el marco de un proyecto de APP (C. P.: María Adriana Marín).